La nueva UE desafía a la industria española

El automóvil como sector paradigmático, pero junto a él todas las actividades que exigen una presencia importante de la mano de obra española están poniendo sus barbas a remojar. La agricultura y las empresas industriales con actividades de poco valor añadido se enfrentarán a un reto importante tras la ampliación de la Unión Europea a 25 miembros a partir de 2004. Con el traslado parcial de la producción de Seat a Bratislava se ha iniciado el síndrome de la deslocalización que podría afectar a un número importante de empresas en España. A ello hay que añadir el desvío de más de 30.000 millones de euros de los fondos europeos hacia otras regiones más atrasadas.

Las empresas españolas son reacias a invertir en los nuevos mercados para aprovechar las grandes oportunidades que se presentan

Los próximos días 12 y 13 de diciembre se reúnen en Copenhague los jefes de Estado y de Gobierno para dar el visto bueno definitivo a la incorporación de los diez candidatos que llevan varios años llamando a la puerta de la Unión Europea. Las negociaciones para allanar el camino han sido difíciles y se prolongarán hasta pocas horas antes de la cumbre. No en vano se trata de la quinta ampliación comunitaria, la mayor de todas las registradas hasta ahora y la primera que va a sufrir España como país miembro. Hungría, Chipre, Eslovenia, República Checa, Estonia, Eslovaquia, Lituania, Malta, Polonia y Letonia son los PECO,s -países del centro y el este de Europa- que aumentarán hasta 25 los socios de la Unión Europea a partir de 2004, Bulgaria y Rumanía, lo hará en 2007 y posteriormente se abren las conjeturas con Rusia, con la que hay que negociar su acceso al Báltico a través de Kaliningrado. Los defensores de la ampliación señalan que una Europa de ese tamaño supone un interlocutor con mucho más peso frente a EE UU.

Pero no son pocos los que consideran que habría que dar algo más de tiempo a los diez aspirantes actuales para mejorar sus estructuras económicas y sociales y suavizar así los efectos de su adaptación a los requisitos comunitarios. Una situación que según el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, debería sernos familiar, ya que es la misma a la que se enfrentó España durante su proceso de adaptación.

Unos meses antes de las nuevas incorporaciones -a mediados de 2003- se realizará una reválida para asegurar el cumplimiento de los principales frentes tanto económicos como políticos y los que afectan al acervo comunitario de manera que puedan aplicarse, si es necesario, las correspondientes medidas de salvaguardia. De momento los diez candidatos cumplen los mínimos exigidos por la Unión en los distintos capítulos, pero según reconocen en Bruselas, "han de hacer todavía muchos esfuerzos en aspectos como la lucha contra la corrupción o el desarrollo del sistema judicial." Algo que no coge por sorpresa a los responsables españoles: según el director de relaciones internacionales de la patronal CEOE, José María Lacasa, "las flaquezas de la burocracia y ciertas prácticas no deseables de ciertos funcionarios de las Administraciones públicas de los países candidatos deben ser erradicadas con el fin de evitar distorsiones y rupturas en el funcionamiento de las economías de estos mercados".

España va a ser uno de los países más afectados por esta ampliación tanto por el desvío de los fondos estructurales y de cohesión que ha venido percibiendo, como por las nuevas condiciones de competencia que suponen para un número importante de empresas instaladas en España la gran diferencia existente con los costes salariales de aquellos países y las ayudas fiscales previstas en todos ellos para fomentar nuevas instalaciones en sus dominios.

Respecto al desvío de los fondos a los nuevos países hay que señalar que hasta el 2006 se mantienen los establecidos actualmente y a partir de 2004, con los nuevos miembros en las negociaciones se abordarán los correspondientes al periodo 2007-2013. En este sentido, la propia Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda calcula que a partir de 2007 como consecuencia del aumento de beneficiarios sin aumento de recursos y con el correspondiente efecto estadístico, España podría perder 30.520 millones de euros de 1999 de los 48.904 euros que percibirá en el periodo 2000-2006. De ellos, 11.600 corresponden al Fondo de Cohesión y 19.360 a los Fondos Estructurales del Objetivo nº 1 que se establece para ayudar a las regiones cuya renta per cápita no alcanza el 75% de la media comunitaria. La reducción es del 60%, pero aunque España logre imponer, cosa difícil, la anulación del efecto estadístico que supone la incorporación de países con rentas mucho más bajas, si no se aumentan los recursos para la cohesión, los ingresos españoles por este capítulo se reducen cerca del 40%, al obtener 18.898 millones de euros.

Respecto a las Comunidades Autónomas afectadas, al margen de Ceuta y Melilla, todo hace prever que por el efecto estadístico o por el propio crecimiento económico, a partir de 2007 quedarán únicamente con derecho a estos fondos: Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura.

"España no puede aspirar a conseguir fondos de cohesión permanentemente, porque sería aspirar a ser un país pobre permanentemente" señala Josep Piqué, para el que es significativo el que hayamos alcanzado el 90% de la media de la renta per cápita europea, algo que cambiaría artificialmente con la incorporación de los nuevos miembros. "Efectivamente no somos más ricos porque entre gente más pobre, por lo que habrá que controlar la convergencia estadística a la hora de iniciar las negociaciones para establecer las presupuestos a partir de 2006".

Uno de los escalones más complicados de superar en las negociaciones ha sido el de los costes de la ampliación. La Comisión había propuesto inicialmente ofrecer 25.500 millones de euros en fondos estructurales a los futuros socios para el periodo 2004-2006, a lo que algunos países, fundamentalmente Alemania se negaron. La agricultura absorbe la parte del león de las ayudas comunitarias y el país más beneficiado es Francia.

Acuerdo franco alemán

Tras el acuerdo alcanzado recientemente por Francia y Alemania, los agricultores van a soportar en parte los costes de la ampliación ya que se congelan los presupuestos para ayudas directas en el periodo 2006-2013 a lo que hay que añadir la "mochila histórica" que arrastra España tradicionalmente con unas cuotas por hectárea muy bajas y que ahora va a resultar imposible negociar al alza. Y los acuerdos con la OMC tampoco anuncian nada bueno respecto al mantenimiento de los precios actuales. De cualquier manera, la Política Agraria Común (PAC) seguirá favoreciendo a las grandes explotaciones con rendimientos altos y es probable que a partir del 2004 los piquetes franceses que esparcían los productos agrícolas de los camiones provenientes de España por las carreteras de los Pirineos, se trasladen a otras fronteras situadas al norte y el este de sus coordenadas.

El Gobierno español de cualquier manera, no quiere ser ningún obstáculo ante "el gran acontecimiento histórico" que supone la ampliación. Según Piqué, el proyecto es de tal envergadura histórica que no se puede frenar por pequeñas dificultades concretas a corto plazo. "Nuestro apoyo a la ampliación de la Unión Europea es total y no vamos a dificultarla con trabas iniciales, otra cosa es que exijamos al mismo tiempo el repeto a una competencia leal y se establezcan unos periodos de adaptación razonables que no se lleven por delante a sectores productivos españoles".

Bastante efecto tendrán ya de por sí unos salarios sustancialmente más bajos que según el Ministro de Ciencia y Tecnología pueden poner en riesgo "sectores españoles intensivos en la utilización del factor trabajo. Con eso no podemos competir, al contrario, hay que tender a que nuestros salarios converjan cada vez más con la media de UE".

Junto a las diferencias salariales, las ayudas fiscales es otro de los grandes caballos de batalla de la ampliación hasta el punto de que ya se contempla una segunda vuelta de tuerca en este sentido, según María Isabel Pardos, responsable en España de Litexco, un grupo inversor especializado en estos países. La política de desgravaciones ha funcionado muy bien en todos los países según Pardos, algunos de los cuales ya se preparan para cuando Bruselas decida suavizar los incentivos actuales favoreciendo y ampliando las inversiones existentes. En algunos casos incluso ya estudian los incentivos para inversores "en sectores considerados estratégicos como el software, desarrollo de programas de atención al cliente, centros de I+D, etcétera".

Otro aspecto negativo de esta ampliación es, a diferencia de Alemania, Francia, Austria o Italia, la escasa presencia de empresas españolas en aquellos mercados según reconocen en la CEOE aunque según Lacasa, "somos conscientes de las enormes oportunidades que ofrecen en el ámbito de los servicios, la agroalimentación, las telecomunicaciones o el desarrollo de las infraestructuras entre otros sectores." Algo insólito desde luego si se tiene en cuenta las grandes cantidades presupuestarias que van a tener que dedicar en los próximos años al desarrollo de éstas últimas. De momento, Ferrovial es la excepción que confirma la regla con la adquisición del 59% de la primera constructora polaca, Budimex.

Durante los últimos años el proceso de privatizaciones ha siso acelerado, hasta el punto de que en algunos casos, la presencia de la iniciativa privada en la economía nacional es superior a la de algunos miembros actuales de la Unión Europea.

Para el presidente de las Cámaras de Comercio españolas, José Manuel Fernández Norniella, la ampliación supone una gran oportunidad para ampliar mercados. "A partir de la adhesión los ciudadanos de los países del este y centro de Europa tendrán una mayor capacidad adquisitiva que les permitirá consumir más". María Isabel Pardos destaca en este sentido el hecho de que los crecimientos económicos previstos para los próximos años son sensiblemente superiores a los españoles y desde luego a la media europea. "Su poder adquisitivo se incrementará potenciando también sectores como el turismo, los electrodomésticos, textil, servicios financieros, plásticos... "

Además de constituir un hito histórico política y cuantitativamente, la ampliación supone según José María Lacasa, pasar de una población de 369 millones a 454 millones de habitantes, lo que significa un aumento del 16,5%."

Josep Piqué se muestra más comprensivo con la escasa presencia española en aquellos mercados. "No se puede pedir a los empresarios españoles que estén presentes en todo el mundo. Reparten sus inversiones entre la UE y Latinoamérica y ahora entrarán en los Pecos, pero tampoco hay que olvidar, y yo hice mucho hincapié en mi etapa de ministro de asuntos exteriores, a la zona del Asia Pacífico."