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Control de los barcos peligrosos | CATÁSTROFE ECOLÓGICA EN GALICIA

Fomento admite que no puede prohibir atracar en España a los buques que Aznar pidió alejar

El Gobierno anuncia que en enero aplicará una directiva de 2001 para rechazar barcos sancionados

El Ministerio de Fomento explicó ayer por qué 80 barcos considerados de riesgo, incluidos vetustos petroleros monocasco y nueve buques prohibidos por la normativa comunitaria, han atracado en España pese a que José María Aznar ordenó el 26 de noviembre la expulsión de aguas económicas españolas de buques con tal perfil. Este departamento admitió que la iniciativa de Aznar "no conlleva la prohibición inmediata de entrada en puerto" y que aún no ha adoptado la normativa comunitaria de diciembre de 2001, que exige rechazar barcos con exceso de detenciones.

El Ministerio de Fomento remitió ayer a este periódico la explicación sobre la presencia en España, desde el pasado 26 de noviembre, de 80 barcos considerados de riesgo, de los cuales 50 se hallaban en la lista negra del MOU -organismo que coordina las inspecciones en 19 países- y nueve cumplían los requisitos comunitarios marcados en una directiva de 2001 para impedir su acceso a puerto. Entre los 80 barcos había algunos que cumplían el perfil de peligrosidad marcado por Aznar para ordenar su alejamiento de las costas españolas: petrolero, con más de 15 años y presumiblemente monocasco por su año de construcción, ya que hasta 1992 apenas suponían un 2% los que tenían doble casco.

Fomento no cuestionó la presencia de los 80 barcos en puertos españoles ni su calificación de riesgo, ni la inclusión de medio centenar de esos buques en la lista negra del MOU. Pero sí quiso dejar claro por qué pudieron atracar en puertos españoles.

En relación con la presencia de arcaicos petroleros, pese a la orden de alejamiento dada por Aznar, Fomento argumentó lo siguiente: "Se ha adoptado el establecimiento de un control en la zona económica exclusiva de buques monocasco, mayores de 15 años, que transporten fuel y alquitranes, y que supongan un riesgo para la protección del medio marino. No obstante, esto no conlleva la prohibición inmediata de entrada en puerto, que responde, obviamente, a otro tipo de criterios".

Corto, medio y largo plazo

Apostilló el Ministerio de Fomento que, además, los acuerdos de la cumbre hispano-francesa de Málaga entre Aznar y el presidente francés, Jacques Chirac, para expulsar de sus aguas territoriales a esos buques peligrosos se desarrollan "en medidas a corto, medio y largo plazo".

En relación con los nueve barcos atracados en puertos españoles que cumplían con creces los requisitos marcados por una directiva comunitaria de diciembre de 2001 para ser rechazados en todo puerto de la UE al haber superado el número de detenciones admisibles, Fomento replicó: "La Administración española siempre ha liderado en la Unión Europea las posiciones más avanzadas en pro de la seguridad marítima". A continuación explicó que España aún no había adoptado la directiva europea de hace un año. "Hace tiempo que se inició el proceso de transposición de esta directiva, sometiéndola al trámite de audiencia a los sectores interesados con fecha 29 de noviembre, y finalización el 26 de diciembre, de modo que podrá entrar en vigor, tras los informes y dictámenes preceptivos, en el mes de enero de 2003", detalló Fomento.

En el debate del pasado jueves en el Congreso sobre el Prestige, el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, apremió al Gobierno a trasponer a la legislación española la citada directiva. El vicepresidente primero, Mariano Rajoy, negó que hubiera habido tardanza del Ejecutivo en este punto: "En cuanto a que dilatamos medidas en la Unión Europea en los temas de seguridad, no es verdad señor Llamazares. En ese tema sólo puedo decir que no es verdad. Usted no puede decir que nosotros dilatamos en la Unión Europea las medidas sobre seguridad, porque hemos hecho exactamente lo contrario, por lo que sólo puedo pensar que usted no está bien informado".

Por otro lado, el propio titular de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, preguntado ayer en Bruselas por los periodistas por la noticia de este diario, declinó pronunciarse sobre el número de barcos peligrosos que hayan podido atracar estos días en puertos españoles. Sólo manifestó que "en el marco del derecho que ampara las decisiones nacionales, España también va a llevar su capacidad de decisión hasta sus últimas consecuencias". "España se reserva, por supuesto, las mayores exigencias en el ámbito de las competencias que tenemos como país soberano".

"Lo que tenemos que hacer es concentrarnos en el esfuerzo que estamos realizando para conseguir el máximo apoyo a una resolución que no puede ser ni el quedarnos en el punto que estamos en el paquete Erika, ni mucho menos puede ser una oportunidad para diluir alguna de sus exigencias". El ministro se refería a la catástrofe de dicho buque frente a las costas de Francia que da nombre al conjunto de medidas propuestas por la Comisión Europea para incrementar las normas de seguridad marítima y evitar mareas negras.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 7 de diciembre de 2002