Cajasur afirma ahora que el único derecho de la Iglesia en la caja es nombrar a sus representantes

Cajasur replicó ayer al obispo de Córdoba, Javier Martínez, que los derechos que tiene la Iglesia en Cajasur consisten "exclusivamente" en el nombramiento de sus representantes y que no "cabe injerencia" eclesiástica en la forma de administrar la caja, especialmente en la elaboración de los estatutos. Esta réplica se produce después de que el presidente de la entidad, el sacerdote Miguel Castillejo, y los otros cinco canónigos que están en el Consejo de Administración hayan desobecedido la orden de Martínez de retrasar la aprobación de los nuevos estatutos de la caja. Esta tesis supone un cambio en el discurso de Castillejo, que hasta ahora había hecho una lectura mucho más amplia de lo que significaban los "derechos de la Iglesia" en Cajasur.

El jefe de los servicios jurídicos de Cajasur, Diego Jordano, remitió ayer a varios medios de comunicación una nota de cuatro folios con el título El obispado de Córdoba y Cajasur: precisiones jurídicas.

En el comunicado, Jordano hace una disquisición inicial en la que mantiene que Cajasur fue fundada por el Cabildo catedralicio; que asignó a unos patronos la administración del "ente creado" y que la "nueva persona jurídica" adquirió "personalidad propia e independiente". "Esta evidencia jurídica, que pertenece a la esencia de toda fundación, se encuentra en las antípodas del criterio que mantiene el señor obispo según la cual la presencia de la Iglesia en Cajasur se parece más a la propia de quien invirtió una cantidad de dinero al inicio de la fundación, que ha de rentarle un interés periódico", dice Jordano intentando, dejar en evidencia a Martínez.

El jefe de los servicios jurídicos incluye en el último párrafo de la nota la siguiente afirmación: "Los derechos del fundador de una caja de ahorros son exclusivamente el nombramiento de las personas que han de representarlo en los órganos de las cajas, con sujeción a lo dispuesto en el acta fundacional".

Esta frase de réplica al obispo coincide plenamente con la tesis que a lo largo de los últimos años ha defendido el Gobierno andaluz sobre la singularidad de la Iglesia en Cajasur. En concreto, la Junta sostiene que esta peculiaridad consiste en que el "nombramiento" y la "duración" del mandato de los representantes de la Iglesia en Cajasur debe hacerse conforme a los estatutos vigentes en la entidad en 1985.

Además, esta frase supone una ruptura con los argumentos que en este tiempo ha defendido Castillejo, quien lleva tres años proclamando que la Ley de Cajas andaluza eliminaba los derechos de la Iglesia en Cajasur y que ahora dice que la Ley Financiera (que permite a Cajasur situarse bajo el paraguas del Ministerio de Economía) es el garante de que en el futuro se van a mantener estos derechos.

En una de las entrevistas que concedió recientemente, Castillejo decía sobre la Ley de Cajas: "No venían sólo a por mí, aunque yo era la cabecera como presidente del patronato y de la caja, venían a por los derechos de la Iglesia, para que no quedara vestigio alguno de sus derechos en Cajasur".

Y es que con el paso del tiempo, Castillejo ha ido haciendo una interpretación cada vez más amplia sobre los derechos de la Iglesia en Cajasur, como entidad fundadora, que la nota hecha pública ayer corrige de forma evidente y sitúa en la tesis de la Junta.

La nota de Jordano también intenta enmendar la plana al obispo por su petición a los canónigos de que retrasasen la aprobación de los nuevos estatutos de la caja, así como por la oferta de "diálogo institucional" que formuló para negociar estos estatutos y el futuro de la entidad. "No cabe injerencia u orden alguna sobre la forma de administrar la caja y no se olvide que modificar los estatutos sociales es la forma más característica de ejercer el gobierno de una persona jurídica", afirma el jefe de los servicios jurídicos de Cajasur.

Esta acusación de injerencia se contradice con la actuación real de la caja: uno de los canónigos del consejo de Cajasur, en nombre de los seis que están en este órgano, pidió al obispo que analizase los estatutos que tenía previsto aprobar Castillejo. Fue en respuesta a esta petición cuando el obispo de Córdoba pidió a los seis canónigos que retrasasen la aprobación de los estatutos para que pudiera estudiarlos con la "seriedad exigible".