Otra de guerra entre redes educativas

Leía el pasado domingo (1-12-02) en estas páginas un interesante informe titulado "Educación destina a los conciertos el 32% del gasto para enseñanza no universitaria". Se da la circunstancia de que, no hace muchos días, en un escrito público dije que, en mi modesta opinión, se declara mucho pero se debate poco en el ámbito educativo. Así que he decidido no caer en mi propio reproche y seguir el hilo del sugestivo informe al que me refería.

No es que me considere un experto en cuestiones educativas, como lo podría ser un profesional del ramo. Mi introducción en este terreno se debe a mi compromiso como padre en la junta de la ikastola a la que van mis hijos y mi implicación posterior en el Movimiento de Ikastolas. Es ahí donde debe ubicarse esta humilde aportación. Y dicho esto entraré de lleno en el contenido del informe. Subyace en él, con mención expresa y reiterada, la cuestión de "la guerra entre redes educativas". Ciertamente es un cuestión sustancial. Tan sustancial, como significativo el prisma desde el que cada cual aborda la materia.

Me parece perfecta la lógica combinación de obligaciones y derechos, en igualdad de condiciones

En mi opinión, se declara mucho pero se debate poco en el ámbito educativo

Así, en una dirección diametralmente opuesta a como lo hacen la mayoría de los expertos aludidos en el trabajo periodístico -en algún caso incluso paradójicamente-, nos encontramos con un reciente documento, el Informe Educativo 2002, emitido por la Fundación Hogar del Empleado, con sede en Madrid y que aglutina a sectores progresistas ligados al PSOE y a IU. En la introducción del mismo, el dirigente socialista catalán Pasqual Maragall señala que "pasaremos del binomio escuela pública-escuela privada a un modelo de implicación de todas las escuelas subvencionadas por fondos públicos en la absorción de los costes de la integración social de la infancia a la juventud y el desarrollo de sociedades diversas con objetivos comunes".

Maragall reconoce que existe "una situación crecientemente desfavorable a la escuela pública" y señala que "esta situación ha de reequilibrarse", pero subraya que "no debe hacerse con medidas proteccionistas favorables a la escuela pública".

"Es necesario -preconiza seguidamente- un planteamiento más global que reexamine y modifique las relaciones del sector privado concertado con la Administración educativa, con el fin de conseguir un nuevo pacto escolar para avanzar hacia una red integrada e integradora de centros financiados con fondos públicos".

Alguien podría sentirse tentado de atribuir esta propuesta a la marcada tendencia a la originalidad en el seno de su partido que, por distintos motivos, se le adjudica al político catalán. Pero no es así en este caso. La posición de Maragall concuerda perfectamente con el contenido de otro documento, esta vez directamente atribuible a las más altas instancias del PSOE en materia educativa. En Cuadernos Socialistas, publicación oficial de dicho partido y editada en abril de 2002, se aboga por "un modelo de servicio público de educación: educar a todos entre todos".

"Nuestro propósito -se dice en ella- es conseguir que todos los centros sostenidos con fondos públicos tengan iguales derechos e iguales obligaciones, en la perspectiva de superar el debate entre la escuela pública y la escuela concertada que, seis años de gobierno del PP, han reavivado" (algunos de los expertos consultados por EL PAÍS, entre ellos Isabel Celáa, se empeñan en culpar del desencuentro al "nacionalismo").

Para ello, según el documento, los centros privados concertados se deben comprometer a cumplir unas obligaciones básicas, que recoge en tres puntos fundamentales. "A partir de ese compromiso las Administraciones educativas, de acuerdo con las necesidades de escolarización, deben ser capaces de: Proporcionar a los centros concertados una financiación suficiente para garantizar una educación de calidad a todo el alumnado; incorporar la oferta de los centros privados concertados a la programación general de la enseñanza para garantizar la estabilidad del sistema educativo; equiparar las condiciones de trabajo del profesorado en los centros concertados con las de los profesores de los centros públicos y regular las condiciones de la oferta de actividades educativas complementarias".

Como puede comprobarse, nada que ver con la tesis que sostiene el hilo conductor del reportaje. Desde la visión de las ikastolas, no sé dónde habría que firmar, pero me atrevo a asegurar, creo que sin riesgo a equivocarme, que estaríamos dispuestos a hacerlo. La lógica combinación de obligaciones y derechos, en igualdad de condiciones, me parece perfecta. Tanto que desde las ikastolas lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo.

Pero hay más. Desde los propios sectores progresistas de la enseñanza hoy se apunta en una dirección diferente a la que se alimenta en el reportaje. Mariano Fernández Enguita, reputado catedrático de Sociología, archiconocido en la esfera educativa, afirmaba recientemente que "hay fórmulas intermedias entre lo público y lo privado que permitirían encontrar un mejor uso de los recursos". Lo recoge la revista Escuela Española, en su número 3599, correspondiente a la fecha 28 de noviembre.

Ciertamente hay quienes se empeñan en no moverse ni un ápice de los viejos esquemas de opción escuela-pública/escuela-privada. Pero deben saber que hoy, como ya se ha indicado profusamente, desde el ámbito progresista las reflexiones van en otra dirección.

Quienes se aferran a este esquema caduco harían bien en analizar una cuestión sustancial, que se plantea pero no se aborda en el reportaje que se halla en el origen de este escrito. Observa Alfonso Unceta, uno de los expertos consultados y muy poco sospechoso de enemistad con la escuela pública (a la sazón ha sido viceconsejero de Educación del Gobierno vasco), que "en las mismas o parecidas condiciones de subvención [entre la red pública y la red concertada de enseñanza] el resultado sería letal para la red pública". La cuestión sustancial que se plantea pero no se aborda es el porqué. Por qué en igualdad de condiciones el ciudadano vasco preferiría enviar a sus hijas o hijos a un centro que no fuera gestionado en "régimen funcionarial", como define Mariano Fernández Enguita.

Las consecuencias que se derivan de las posibles respuestas a esa pregunta son de tal calado que requerirían el espacio de otro artículo -más bien de unos cuantos- para abordarlas. Así que lo dejaremos para otra ocasión.

Koldo Tellitu es presidente de Ikastolen Elkartea-Partaide (cooperativa que agrupa a la mayoría de las ikastolas concertadas del País Vasco).