_
_
_
_
_

Mas pidió el trasvase del Ródano pese a existir informes en contra

El Gobierno catalán cifra el aumento del consumo en 10 hectómetros cúbicos en 2025

El conseller en cap, Artur Mas, presentó hace unas semanas un proyecto de trasvase del Ródano. El plan era, según los escasos documentos que se hicieron públicos, adquirir 473 hectómetros cúbicos de agua, de los que 190 serían para Barcelona y su área de influencia y 125 para la zona de Tarragona. El resto, otros 158, sería para Valencia. En esa fecha, el Gobierno catalán disponía ya de un informe, encargado por el Departamento de Medio Ambiente, que estima que el incremento de consumo será, en el año 2025, de un máximo de 123 hectómetros (incluyendo Barcelona, la Costa Brava y Tarragona), cantidad que se reduciría a sólo 10 hectómetros si se realizaran políticas de ahorro en el consumo. Estas cifras harían innecesario el trasvase del Ródano e incluso el minitrasvase del Ebro, previsto en el Plan Hidrológico Nacional.

El estudio fue entregado al Gobierno catalán el pasado verano y dado a conocer al Consejo de Administración de la Agencia Catalana del Agua en esos mismo días, dos meses antes de que el Consell Executiu aprobara el documento en el que se defiende la necesidad del trasvase de 473 hectómetros cúbicos de agua del Ródano.

El estudio de Medio Ambiente fue encargado a una empresa externa a través de un concurso público. Su coste fue de 220.000 euros (más el impuesto de valor añadido). Casi simultáneamente se encargó un segundo estudio sobre la gestión de los recursos por un importe de 340.000 euros. Total: 526.000 euros (casi 90 millones de pesetas).

El informe afirma que el 24% de la demanda urbana y el 36% de la doméstica está siendo actualmente satisfecha "con aguas que en algún parámetro de calidad (generalmente nitrógeno, sodio, potasio, magnesio, ácido sulfúrico y hierro) no cumplen la normativa vigente para aguas destinadas a consumo humano". Esto no significa, sin embargo, que se esté comercializando agua no potable.

El mismo informe señala que "de los 60,2 hectómetros cúbicos de agua subterránea que incumplen algunos parámetros, 16,4 sólo vulneran el de salinidad". En el caso de las aguas superficiales, la contaminación por sales afecta a 119,9 hectómetros, sobre un total de 126,4. Es decir, sólo 50,3 hectómetros de los 186 que incumplen algún tipo de normativa presentan algún otro componente además de las sales.

El estudio considera dos hipótesis respecto a los consumos futuros en Cataluña. La primera es que alcance en 2025 los 7,5 millones de habitantes, como prevé el Plan Territorial; la segunda, que sólo llegue a los siete millones, como afirma el Instituto de Estadística de Cataluña. Los autores del informe sostienen que lo segundo es más verosímil.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

En este caso, se pueden dar dos situaciones: que los gobiernos que se sucedan hasta el año 2025 apliquen políticas de ahorro intenso, como consecuencia de la directiva del agua, o que no tomen ninguna medida al respecto. En este caso, la zona que se abastece de las cuencas internas y que hoy consumen un total de 1.186 hectómetros cúbicos, pasarían a necesitar 1.309. Estos 123 hectómetros están muy lejos de los 315 que el Gobierno catalán piensa trasvasar del Ródano a Cataluña.

Pero si se imponen medidas de ahorro, el incremento del consumo estará muy lejos de los 315 hectómetros que trasvasar e incluso de los 123 hectómetros de aumento que se producirían sin disposición alguna: se quedarían en 10 hectómetros cúbicos anuales. Casualmente, según anota el mismo informe, 10 hectómetros cúbicos al año son la misma cantidad que en esa fecha consumiría el riego de los campos de golf. Cataluña tiene unos consumos que, explica el estudio, "se hallan a medio camino" entre los de Estados Unidos, que están muy por encima, y los de Alemania o Finlandia, por debajo, y similares a los de Sidney.

Suprimido un impuesto caro

La ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat incluye una disposición en la que se elimina una tasa que, hasta ahora, pagaban las empresas que vierten agua a una temperatura superior a los tres grados. Era una tasa mínima (0,008 euros por metro cúbico y grado) pero que suponía no pocos ingresos gracias, sobre todo, a las nucleares Ascó I y Ascó II.Ambas recurrieron a los tribunales, que les han dado la razón: no tienen que pagar este impuesto. El resultado es que la norma pasó a afectar, exclusivamente, a 27 empresas, en su mayoría relacionadas con el sector textil y curtidor. Los ingresos que aportaba esta tasa a las arcas del Gobierno catalán eran de 3.606 euros (unas 600.000 pesetas). Es decir, resultaban más caro el personal encargado de recaudar el impuesto y el conjunto de trámites que se tenía que realizar que lo percibido por el tributo. Solución: queda suprimido.ICV criticó esta supresión, al considerar que afecta, sobre todo, a empresas generadoras de electricidad (las plantas de cogestión). Pero el Departamento de Medio Ambiente, responsable de la iniciativa, sostiene que el motivo es otro.Los tributos medioambientales, consideró un portavoz oficial, buscan dejar de ser cobrados porque, en el fondo, persiguen disuadir del comportamiento contaminante que sancionan. Aunque en este caso el desencadenante han sido las sentencias que han dejado la percepción en apenas nada.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_