Regiones en Europa

Las regiones merecen un mayor reconocimiento y participación en la UE. En este sentido se ha pronunciado la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo con una propuesta que, si la aprueba el pleno este mes, se convertirá en una destacada aportación a la Convención sobre el Futuro de Europa. Ahora, con 211 regiones y 266 tras la próxima ampliación, la UE no puede ignorar el hecho regional. Sería una deformación de la construcción europea que los Gobiernos centrales recuperasen por la vía de Bruselas la capacidad de decisión en materias que han transferido o delegado a las regiones, Estados federados o comunidades autónomas. También lo contrario, pues nadie puede imaginar una UE gobernada desde más de dos centenares de gobiernos regionales. La UE es ante todo una unión de Estados, y éstos son los que hacen Europa, pero este hecho no es incompatible con el reconocimiento del papel de los poderes locales y regionales, en estricta aplicación del principio de subsidiariedad.

El informe aprobado en comisión y preparado por el europarlamentario italiano Giorgio Napolitano es cauto, pues se limita a proponer que el nuevo texto constitucional europeo reconozca las "entidades regionales y locales", les permita acceder al Tribunal de Justicia de la UE para defender sus intereses y las capacite para adaptar la legislación decidida en Bruselas y que se ha de transponer al ordenamiento nacional.

Los populares españoles han entrado en el debate a la defensiva, con escasa lealtad al espíritu e incluso a la letra del Estado de las autonomías que es España. Cualquier paso, por moderado que sea, que dé más aire a las comunidades autónomas en Bruselas es observado con suspicacia por el Gobierno y el PP, que han logrado evitar la creación en la Convención de un grupo de trabajo sobre las regiones. El informe de Napolitano ha recibido en cambio el apoyo del PSOE y de algunos nacionalistas. El resultado es que el debate interno español ha desbordado fronteras y ha llegado a Europa.

Sería consecuente con el sistema autonómico que las comunidades participaran en la elaboración de las posiciones españolas y en la aplicación de las reglas de la UE en materias en las que tienen competencia. No cabe rechazar de plano que puedan formar parte de la delegación española en asuntos de su competencia, aunque sobre una obligada base rotatoria. Y en la nueva UE, ampliada y regionalizada, se hace perentoria la reforma del Senado para convertirlo en Cámara territorial, al estilo del Bundesrat alemán, con la premisa básica de la lealtad constitucional que debe caracterizar al modelo federal.