Los sindicatos consideran "ilegal" la vigilancia privada en los colegios

El Ayuntamiento de Alicante, en manos del PP, recurrirá a la seguridad privada para frenar la oleada de actos vandálicos cometidos por bandas juveniles en parques, dependencias municipales y colegios públicos. Esta medida, aplaudida por unos y denostada por otros, ha reabierto el debate sobre la seguridad en Alicante. Los sindicatos policiales rechazan la solución por "ilegal" y privatizadora, mientras los directores de colegios y varios colectivos vecinales defienden la medida aunque, matizan, siempre que sea de manera provisional.

La comisión de gobierno del Ayuntamiento de Alicante aprobó el pasado miércoles la convocatoria de un concurso para contratar el servicio de vigilancia de parques y espacios públicos, que saldrá a licitación con un coste de 230.000 euros por un periodo de un año. La propuesta incluye la vigilancia de 55 colegios y de cinco parques públicos de la capital, además de otras dependencias. El portavoz del equipo de gobierno, Pedro Romero, justificó la iniciativa por las continuas solicitudes, sobre todo, de directores y padres de alumnos que reclaman la intensificación de las medidas de seguridad en centros docentes.

Sin embargo, la asociación de padres y madres de alumnos Enric Valor, a través de su portavoz Pepa Sánchez, cuestiona "la urgencia" de la iniciativa. Sánchez opina que la Policía Local si contara con los medios idóneos es suficiente para garantizar la seguridad. "No me consta que los padres hayan pedido este tipo de control, pero de cualquier modo, si la policía tuviese los medios esto no ocurriría". La decisión de implantar seguridad privada en detrimento de la pública no convence a todos los colectivos.

José Luis Valdés, miembro de la asociación de vecinos del barrio Virgen del Remedio y portavoz de la Coordinadora de Vecinos, entiende que la medida esconde intereses políticos. "El PP trata de favorecer a empresas de seguridad a costa de la seguridad pública", agregó. Valdés cuestiona que el consistorio tenga dinero para pagar a una empresa de seguridad y, en cambio, no sea capaz de aumentar el número de agentes policiales de la ciudad.

De una opinión contraria es Manolo Medina, tesorero y portavoz de la asociación de vecinos Juan XXIII, uno de los barrios más conflictivos de la ciudad por sus altos índices de delincuencia, prefiere que la vigilancia sea pública, pero añade, si la Policía Local es incapaz de hacer frente a la situación hay que buscar otras fórmulas. "Si puede ser pública mejor, pero si no, pues vigilantes jurado".

Los colegios son el escenario de muchos actos vandálicos. El portavoz de la Permanente de Directores de Primaria de Alicante, Vicente Sellés, sostiene que "lo importante es que se solucione el problema, y si la plantilla de la Policía Local no es suficiente, los vigilantes jurado pueden ser la solución", siempre y cuando la medida sea "provisional".

El colectivo más perjudicado por la medida es la Policía Local. Pedro Soriano, portavoz del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos de la Comunidad Valenciana, recalca que delegar esta función en una empresa privada es "ilegal", y reprocha a la Administración que haya incumplido su promesa de aumentar la plantilla policial actual en 500 agentes más. "Con 1.000 agentes la Policía será capaz de hacer frente a la situación", dijo.