Los efectos del corporativismo

El corporativismo es una realidad en muchas profesiones y puede tener efectos indeseables. Eso es al menos lo que opina el funcionario de prisiones Ismael Chicote, quien afirma que se siente perseguido, amenazado y discriminado por sus compañeros desde hace casi una década, por denunciar en 1993 la supuesta paliza que sufrió un preso de la cárcel de Brians. La Audiencia de Barcelona impuso una sola multa para un acusado y la absolución de las otras seis personas que se sentaron en el banquillo, incluido el propio Chicote. El Tribunal Supremo confirmó luego esa sentencia.

Chicote asegura que desde que denunció ese caso de malos tratos no ha parado de sufrir represalias de algunos de sus compañeros y que el Departamento de Justicia de la Generalitat, del que depende el personal de prisiones de Cataluña, no ha hecho casi nada por evitarlo. Represalias que, según el relato de Chicote, se han concretado, entre otras acciones, en el pinchazo de las ruedas de su vehículo y sustracciones en la taquilla.

El Síndic de Greuges y Amnistía Internacional piden a la Generalitat que ataje la situación

La Adecaf, una asociación muy minoritaria entre los trabajadores de prisiones, ha denunciado el caso de Chicote ante diversos organismos oficiales en un dossier titulado Informe sobre la instigación de malos tratos a los reclusos en las prisiones catalanas. Y hay coincidencias, con matices, en que la Administración autonómica debería actuar para erradicar el supuesto hostigamiento laboral que dice padecer Chicote. Así, en una carta remitida el 26 de septiembre por el Síndic de Greuges a la Adecaf se afirma que los calificativos que ha tenido que aguantar este funcionario de algunos de sus compañeros son suficientes para que la Generalitat tome cartas en el asunto y estudie si es necesario imponer alguna sanción disciplinaria.

Un informe elaborado por Amnistía Internacional el pasado mes de julio bajo el título Preocupaciones sobre Europa alude también al caso denunciado por Chicote y explica que esta organización ha solicitado información sobre los hechos y sobre las medidas que se estaban tomando para mejorar las condiciones de hacinamiento y de vida en el interior de las prisiones.

José Ignacio González Faus, responsable académico de Cristianisme i Justícia, alertó hace año y medio a Amnistía Internacional de la "necesidad de tomar muy en serio e investigar lo que en ese informe se denuncia antes de que pueda ser demasiado tarde". Otra de las adhesiones que recibió el informe en su día fue la de la Comisión de Defensa de los Derechos de las Personas del Colegio de Abogados de Barcelona, así como del Observatorio del Sistema Penal y de los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona.

Un portavoz del Departamento de Justicia e Interior de la Generalitat rechazó las críticas y la situación denunciada por Chicote, así como que se haya mantenido una situación de pasividad hacia la situación laboral que padece este funcionario. Las mismas fuentes recordaron que Chicote se encuentra de baja laboral desde el 9 de octubre y que en su día aprobó una oposición, porque hasta entonces era un trabajador interino. "Siempre que ha venido al Departamento de Justicia se le ha escuchado", asegura el mismo portavoz. En febrero de 1999 la entonces consejera de Justicia, Núria de Gispert, desautorizó el informe de la Adecaf en una comparecencia en el Parlament y aseguró que todo esa situación respondía a una "discusión" entre funcionarios.

La Adecaf explica que cuando Chicote dejó de trabajar en la cárcel de Brians y fue a la de jóvenes de la Trinitat, tuvo que soportar un escrito firmado por funcionarios de tres sindicatos en el que pedían su despido y que eso le provocó una depresión que le tuvo de baja otro año. Un sector del funcionariado ajeno al que más se ha enfrentado con Chicote coincide en que no se pueden vulnerar los derechos de los presos, pero censura lo que considera una "obsesión" de aquél por denunciar a los compañeros sin motivo aparente. "La legalidad está para que la cumpla todo el mundo, incluido quien denuncia que se está vulnerando", se asegura desde este sector del funcionariado.