Las cajas tendrán que afrontar nuevas elecciones en un año para adaptarse a la Ley Financiera

La adaptación de la normativa autonómica a la Ley Financiera estatal llevará a las cajas andaluzas a tener que afrontar un nuevo proceso de renovación de sus órganos de gobierno, apenas dos años después de que las seis entidades financieras de la comunidad celebrasen elecciones para designar cargos y ajustarse así a la Ley andaluza de Cajas, que se aprobó en diciembre de 1999. La enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos con la que el PSOE quiere regular esta adaptación prevé que las cajas inicien estos procesos electorales en un año.

Los municipios pasan de una representación del 35% al 22% y la Junta, del 21% al 15%

La enmienda propone endurecer el régimen de sanciones a las cajas y a los directivos

La nueva Ley Financiera, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado sábado, implica cambios profundos en la composición de los órganos de gobierno de las cajas al limitar el peso público en el 50%, cuando la legislación andaluza, por ejemplo, situaba este peso hasta en un 65%. La norma estatal exige a las cajas y las comunidades autónomas un mismo plazo, seis meses, para adaptarse a los cambios. Una coincidencia que, según el PSOE, podía dar lugar a situaciones de confusión jurídica (las cajas también tendrían que adaptarse a la ley autonómica).

Esta posible confusión es una de las razones que ha llevado a los socialistas a plantear la adaptación de la Ley andaluza de Cajas mediante una enmienda a la Ley de Acompañamientos de los Presupuestos de 2003, que se aprueba a finales de diciembre. El PSOE aprovecha la enmienda para proponer otras modificaciones de gran profundidad en la Ley de Cajas, algunas no relacionadas con la norma estatal.

- Nueva composición. La Ley Financiera establece unos criterios para rebajar la representación pública en los órganos de gobierno hasta el 50%, aunque también deja cierto margen a las comunidades y a las entidades financieras para fijar la nueva composición. Con respecto a la situación actual en Andalucía, la enmienda socialista propone rebajar del 35% al 22% la representación de los Ayuntamientos y la de la Junta del 21% al 15%. La cuota de las Administraciones se completaría con los consejeros nombrados por las entidades fundadoras (casi siempre de origen público), que aumentarían su presencia (del 9% al 13%). Con este reparto, los empleados duplican su participación (del 7% al 15%) y los impositores se quedan casi igual (del 28% al 27%). Además se incluirían en los Consejos y Asambleas por primera vez "otras organizaciones", de origen privado, que ocuparían el 8% de los cargos.

- Consejeros debutantes. Las otras organizaciones permite la entrada de los empresarios, los consumidores, representantes de la economía social y otras instituciones que representen intereses sociales y colectivos.

- Consejos de 20 miembros. La enmienda socialista prevé que los Consejos de Administración pasen de 17 a 20 miembros. Con la nueva composición, los Ayuntamientos designarían a cuatro miembros (dos menos que ahora), la Junta a tres (uno menos), los impositores a cinco (uno más) los fundadores a tres (uno más), los empleados a tres (dos más) y las nuevas organizaciones a dos consejeros.

- Calendario de adaptación. Como recoge la Ley Financiera, las cajas tendrán seis meses para adaptar sus estatutos. La Consejería de Economía tendrá entonces un tiempo para aprobarlos. A continuación, las cajas tendrán un mes para ajustar de modo transitorio la composición de los órganos de gobierno. En los casos de los grupos que aumentan su representación, se recurrirá a los primeros suplentes en las listas designadas en las últimas elecciones; en los grupos que pierden peso, la rebaja se hará de modo proporcional.

- Nuevas elecciones. La enmienda socialista estipula que las cajas tendrán que abrir un nuevo proceso electoral. La renovación total de la Asamblea y el Consejo tendría que estar finalizada seis meses después de que Economía apruebe los estatutos. Es decir, las elecciones tendrían lugar, según este calendario a finales de 2003.

- Fusión congelada. Los socialistas estiman que la anunciada fusión de El Monte y Caja San Fernando no podrá iniciarse hasta que sus órganos de gobierno no estén totalmente renovados. Por tanto, las cajas sevillanas tendrían que esperar hasta principios de 2004 para presentar su proyecto de fusión a la Asamblea, cuando sus planes iniciales eran iniciar este proceso la primavera de 2003.

- Mandatos. El mandato de los consejeros podrá fijarse entre cuatro y seis años, con opción a reelección. En cualquier caso no podrán superar los 12 años seguidos. La ley también dispone que los actuales consejeros tendrán derecho a presentarse a un periodo más, aunque hayan agotado su mandato.

- Sanciones más duras. La nueva redacción detallará con más precisión las infracciones en que pueden incurrir las cajas y los representantes en los órganos de gobierno y endurecerá las sanciones. Como novedad, el establecimiento de pactos que contravengan la regulación de retribuciones o indemnizaciones será considerado infracción muy grave. La enmienda prevé que las multas que se pongan a las cajas infractoras se multipliquen por diez (las muy graves pasan de 30.000 euros a 300.000). Las multas a los mandatarios de las cajas también suben y se precisa mejor la inhabilitación de quienes incurran en infracciones muy graves.

- Código de conducta. La enmienda desarrolla la idea de que todas las cajas deben tener un código de conducta. Este código debe detallar claramente, entre otras cuestiones, la política de retribuciones de los directivos y los conflictos de intereses de los miembros de los órganos de gobierno.

- Cuotas participativas. En adaptación a la Ley Financiera, la norma autonómica prevé las cuotas participativas, una especie de acciones pero que no dan derecho de voto a sus titulares. El PSOE considera que éste es el camino para privatizar las cajas, por lo que ha introducido medidas restrictivas para su emisión. Así, para autorizar su emisión será necesario que el 80% de la Asamblea General de cada caja apoye esta medida.

- Capítulo ético. La Asamblea General podrá revocar el mandato de los representantes de los órganos de gobierno cuando aprecie "justa causa", es decir, cuando incumplan sus deberes o perjudiquen "con su actuación, pública o privada, el prestigio, buen nombre o actividad" de la caja.

- Retribuciones e indemnizaciones. La nueva regulación detallará de forma más precisa el artículo 50.2, que ha sido el que se ha aplicado al presidente de Cajasur, Miguel Castillejo, para declarar ilegal su póliza de seguro de vida al entender que es una indemnización encubierta. La idea es dar más transparencia a las percepciones del presidente, de los miembros de los órganos de gobierno y de todos los altos cargos de las cajas. Las retribuciones del presidente deberán ser "expresamente acordada" por la Asamblea General. La nueva regulación deja claro que cualquier blindaje (ya sea de miembro de los órganos de dirección o altos ejecutivos) está prohibido. Los acuerdos sobre indemnizaciones se declararán nulos y se obligará a la restitución de estas cantidades.