La juez fija en 15 millones de euros la "responsabilidad civil" de la CPV

La juez del caso CPV, Coro Monreal Huerta, ha dictado un auto por el que ordena a los cuatro directivos de la Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) -acusados de una presunta estafa inmobiliaria a 1.200 familias y en prisión preventi-va- que depositen una fianza de 15 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.

El director general de CPV, Francisco García Moreno, y los tres administradores de la promotora -los hermanos Miguel Ángel y Francisco Javier García Sánchez, y Miguel Ángel García Morillo- deben aportar esa suma para hacer frente "a la posible responsabilidad civil" que pudiera desprenderse de los hechos investigados. En el caso de que los procesados no pudieran cumplir la orden de la juez número 34 de Madrid, ésta procedería al embargo de bienes. La juez afirma que no puede ordenar la intervención de la CPV porque no lo prevé el Código Penal, al no haber aún sentencia. A los acusados se les imputa una estafa como responsables de la venta de parcelas en Sanchinarro, Las Tablas y Montecarmelo, donde tenían que haberse construido las casas por las que 1.200 familias adelantaron una media de 18.000 euros. Según Pedro López Arias, uno de los abogados personados en la causa, la fianza es "insignificante" y "equivale sólo a la cantidad que pusieron los afectados por sus pisos".

La juez Coro Monreal Huerta, del Juzgado de Instrucción número 34, se hizo cargo del caso tras inhibirse del mismo Rosario Espinosa, del número 8. Monreal investiga por delitos de estafa y apropiación indebida a los cuatro imputados, que se hallan en prisión desde el pasado día 6 por estafar y dejar en la estacada, presuntamente, a las 1.200 familias que en 1998 anticiparon dinero a CPV -una media de 18.000 euros- a cambio de casas en los nuevos barrios del norte de la capital.

La fianza impuesta a los cuatro imputados por el caso CPV no fue la única novedad con la que se encontraron ayer los afectados por la promotora. La noticia de que el Ayuntamiento de Madrid ofrecerá una parcela de suelo público a los compradores con pocos recursos (véase EL PAÍS de ayer) cayó ayer como un jarro de agua fría en parte de las 1.200 familias que han perdido su dinero en el intento de compra de una vivienda.

Muchos criticaron que la propuesta, que no se hará efectiva hasta que el Consistorio disponga de los datos de los afectados, no vaya a beneficiar a todos, tan sólo a los que disponen de una renta baja. Además, algunos arremetieron contra la asociación que les reúne, al considerar que está negociando con el Ayuntamiento a sus espaldas.

La asociación aseguró ayer que desconoce si el Ayuntamiento piensa proponerles algo y que se enteraron ayer de la noticia. "Hemos tenido varias reuniones con responsables municipales y, aunque siempre hemos dicho que queremos suelo, nunca nos han dicho que nos vayan a vender una parcela", aseguró la tesorera de la asociación, Concepción García.

El concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez, señaló ayer que, aunque aún no hay nada decidido, "todo apunta a que la solución pase por algún tipo de compra de suelo".

A partir del lunes, Herráez estudiará uno por uno los casos. Para ello, la asociación recoge los datos personales de los afectados todos los días de 20.00 a 21.00 en un banco de la vía pública en el número 36 de la calle de Orense, enfrente de la antigua sede de la empresa CPV.

Respuesta en diciembre

Los datos que la asociación entregará el lunes en la sede de la EMV son: nombre y apellidos, condiciones en las que viven, dinero entregado y recuperado a CPV y la renta anual familiar. El Ayuntamiento les dará una respuesta a finales de diciembre, aunque la última palabra, según Herráez, la tendrá el alcalde, José María Álvarez del Manzano.

El portavoz municipal del PSOE, Rafael Simancas, calificó ayer la proposición del Ayuntamiento a los afectados de la CPV de "tardía e insuficiente". "Estas personas llevan cinco años esperando que les construyan su vivienda. Mientras les venden el terreno y forman las cooperativas, pueden pasar muchos años más", denunció. Y añadió: "La propuesta municipal tiene que ir dirigida a todos, no hay que diferenciar entre rentas bajas y altas porque todos han sido estafados".

Por su parte, el grupo municipal de Izquierda Unida valoró la oferta del Ayuntamiento. "Es un paso adelante. Los que tengan más necesidad de vivienda tienen que tener prioridad en la búsqueda de una solución en la estafa de CPV, pero el municipio tampoco debe olvidar nunca al resto", afirmó el concejal de IU Justo Calcerrada.