La Generalitat asumió en 1999 impagos al ICF por valor de 1.099 millones de pesetas

La Generalitat de Cataluña pagó 1.099 millones de pesetas en el año 1999 por operaciones avaladas por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) que resultaron fallidas, el 13% más que en el ejercicio anterior, según consta en el informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas. El estudio de la entidad que fiscaliza las cuentas de las administraciones públicas advierte de que el ICF dividió en dos apartados contables los avales asumidos por impagos de créditos que había respaldado: juntos sumarían 6.200 millones de pesetas, el triple que en 1998. El informe denuncia que los pagos improcedentes al personal del ICF crecieron el 169%, pese a que la sindicatura viene desautorizando esta práctica desde hace años.

Cinco departamentos del Gobierno catalán respondieron en 1999 ante el ICF por operaciones fallidas avaladas por la entidad que ejerce como banco de la Generalitat. Industria gastó 788.000 millones de pesetas; Cultura, 131.000; Trabajo, 118.000; Economía, 46.000, y Presidencia, 15.000. A estas cantidades hay que sumar otros 542 millones desembolsados por la Generalitat en concepto de capital y de intereses por préstamos concedidos por el ICF en el mismo ejercicio.

La sindicatura hizo un muestreo de los préstamos concedidos por la institución y hace constar explícitamente a dos clientes que no han ido amortizando el capital de los préstamos concedidos por el ICF: el grupo textil MITASA, que está en quiebra, debía 2.600 millones de pesetas, mientras que Viscoseda, perteneciente al grupo La Seda, otros 813 millones. En el primer caso, la Generalitat asumió el compromiso de ir cubriendo el incumplimiento, mientras que en el segundo la responsabilidad recaerá sobre La Seda.

El trabajo, elaborado por el síndico Jordi Petit, revela que el ICF no colocó en el mismo apartado contable todas las operaciones fallidas por las que tuvo que pagar. Tradicionalmente situaba estas operaciones -los avales asumidos- dentro del apartado Activo dudoso, pero en 1999 hizo tres excepciones: "A 31 de diciembre de 1999, tres de estos avales no asumidos no se han considerado como activo dudoso: dos asumidos por el ICF del Hospital General de Cataluña [3.600 millones de pesetas] y otro de Barcelona Inversiones SA [300 millones de pesetas]. La operación del Hospital General -que será liquidada definitivamente por el Servicio Catalán de la Salud en el año 2009- consta en el apartado Otros pasivos contingentes.

En informes anteriores, la sindicatura advirtió de dos prácticas improcedentes de los responsables del ICF que, pese a las continuas advertencias, seguían produciéndose: la concesión de créditos a personal de la misma entidad y las gratificaciones no reguladas. En el informe de 1999, lo primero queda subsanado, pero los pagos improcedentes no sólo se mantuvieron, sino que crecieron el 169%. "Estos aumentos no han sido objeto de ningún informe favorable del Departamento de Economía, como es preceptivo", señala el informe, que concluye: "Estos importes son, por tanto, nulos de pleno derecho".

Por otra parte, el presidente del grupo parlamentario de Iniciativa, Rafael Ribó, reclamó ayer la comparecencia de la consejera de Justicia e Interior, Núria de Gispert, para que explique la situación "caótica" del Servicio Catalán del Tráfico. Un informe de la sindicatura halló múltiples irregularidades en su gestión de 2000, el primer año que la Generalitat asumió las competencias de tráfico.