Cajón de Procusto

Utilizar la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para colar cambios normativos de gran calado es un comportamiento tramposo, un fraude de ley que desoye las advertencias que en su día hizo el Tribunal Constitucional. Se burla la prohibición de incluir materia legislativa en los Presupuestos mediante el expediente de la Ley de Acompañamiento, convertida en un cajón de sastre en el que cabe todo aquello que se quiera aprobar con el menor debate posible. Si además se hace mediante enmiendas presentadas en el último momento en el Senado, donde el Gobierno tiene mayoría absoluta, se desvirtúa gravemente la lógica parlamentaria, que atribuye al Congreso el papel principal en la tramitación de los proyectos de ley.

En la práctica, el Gobierno puede incluir en una sola ley (la de Acompañamiento) múltiples derogaciones o modificaciones de leyes, o normas nuevas, relativas a cualquier sector, sin que los diputados del Congreso hayan tenido la oportunidad de participar previamente en su estudio, debate y enmienda. Sólo participan en el debate a posteriori de las enmiendas aprobadas en el Senado. Se trata de algo más que el famoso rodillo de la mayoría; es una alteración de hecho del procedimiento establecido por la Constitución. Con este mecanismo ha creado y modificado tasas, tributos y tarifas, entre otras cosas. Y, algo que no es casual, ha elegido esta vía, también, para meter por sorpresa, sin debate previo, una normativa que incide y condiciona el panorama audiovisual, adelantando parte del contenido de una posible futura ley (anunciada por Piqué) por la que se prohíbe a las empresas participar simultáneamente en cadenas nacionales, autonómicas y locales de televisión.

Al margen de las consideraciones que cabría hacer sobre la receptividad del Gobierno a las presiones de quienes se consideran mal pagados por su apoyo pasado a Aznar, la iniciativa incide en la pasión intervencionista de un partido que se proclama liberal; el Gobierno, que participa en el campo audiovisual (mediante las cadenas públicas financiadas por publicidad y con cargo al presupuesto, y con su incidencia en algunas privadas que intentó financiar con el cajón sin fondo de las empresas públicas privatizadas), se comporta como juez y parte: modifica unilateralmente las reglas a medida que el mercado va configurando un panorama diferente al previsto desde el poder.

Es un sarcasmo justificar ese intervencionismo partidista en nombre del principio pluralista. La Constitución exige la pluralidad en los medios públicos, que es donde menos la hay. En la práctica, además, la iniciativa tiene todo el aire de una ley ad hoc: contra dos grupos de comunicación que han invertido en televisiones locales, mientras que en nada afecta, por ejemplo, a Berlusconi, ese campeón del pluralismo en España y monopolista público y privado en Italia que se ve así beneficiado indirectamente. Es significativo que esta nueva vuelta de tuerca coincida con la eliminación, también por la vía de la Ley de Acompañamiento, de la cláusula que limitaba al 49% el porcentaje máximo de participación de un grupo en una televisión privada, otra regla de juego modificada en el transcurso del partido para adaptarla a las necesidades ventajistas del momento.

Esta prohibición pronto deberá ser rectificada. La ley audiovisual anunciada por Piqué será una buena oportunidad para que el Gobierno corrija el camino emprendido. Con debate parlamentario y con la obligada consulta a operadores y consumidores: sin oscurantismos. De nada sirve, ni es realista, la técnica de Procusto, que cortaba las piernas de los viajeros a los que asaltaba para adaptarlas al tamaño de la cama.