El parque Terra Mítica de Benidorm ha perdido 95,8 millones de euros desde su inauguración

Un plan diseñado por la Generalitat hace recaer sobre las dos principales cajas valencianas, CAM y Bancaixa, y sin la colaboración del resto de los accionistas, el saneamiento de la situación financiera del parque temático Terra Mítica provocada por la acumulación de pérdidas. El importe de esta operación de reequilibrio patrimonial asciende, como mínimo, a unos 95 millones de euros que deberían ser aportados por ambas cajas antes de fin de año. Los malos resultados de la temporada de 2002 han agravado el desequilibrio patrimonial de la que ha sido la obra más emblemática de los gobiernos del PP desde su entrada en la Generalitat, una situación que exige ser solucionada antes del cierre de ejercicio.

Las pérdidas subirían a 119,48 millones, si se hubiera hecho caso a Arthur Andersen

Terra Mítica se vería obligada a conseguir toda su financiación externa de las dos cajas

Además del resto del accionariado, la operación impulsada desde la Generalitat deja también fuera a la multinacional Paramount, encargada de la gestión del parque, y cuya vinculación con el mismo no ha implicado hasta este momento la asunción de ningún riesgo. Paramount se ha negado a realizar aportaciones de capital a pesar de que en el contrato firmado por la multinacional estadounidense, en el cual se aseguró el cobro de un canon fijo de gestión al margen de cuáles fueran los resultados anuales, figura la posibilidad de suscribir hasta el 20% de una futura ampliación de capital.

Las pérdidas de este año, antes de impuestos y a 31 de diciembre alcanzarán, como mínimo, los 30 millones de euros según información de accionistas del parque. Estas pérdidas del ejercicio 2002 se suman a los 27 millones de 2000 y 38,8 de 2001. De esta forma, desde su inauguración Terra Mítica habría incurrido en unas pérdidas de 95,8 millones de euros (15.939 millones de pesetas). El monto equivale al 63,7% de su capital inicial y al 45,6% del capital total aportado (el inicial más la ampliación de capital realizada entre fines de 2001 y comienzos de 2002).

Las pérdidas desde la inauguración se elevarían hasta 119,48 millones, si se hubiera seguido el criterio del Informe de Auditoria realizado por Arthur Andersen sobre las cuentas de 2001 según el cual, por prudencia valorativa, se deberían haber amortizado con cargo a ese ejercicio la totalidad de los "gastos de primer establecimiento" por importe de 25,7 millones de euros. En ese caso, la reducción de recursos propios alcanzaría el 57,8% del capital.

En uno y otro caso, las pérdidas acumuladas colocan la sociedad próxima al supuesto contemplado en el artículo 163 de la Ley de Sociedades Anónimas, según el cual la "la reducción de capital tendrá carácter obligatorio para la sociedad cuando las pérdidas hayan disminuido su haber por debajo de las dos terceras partes de la cifra de capital social y hubiera transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio". Sin embargo, diversos accionistas se niegan a aceptar esta reducción, por cuanto reduciría el valor nominal de sus acciones y, por tanto, el monto de sus beneficios cuando en un futuro, que hoy se ve todavía muy lejano, la sociedad estuviera en condiciones de retribuir a los accionistas.

Al margen de las exigencias de la Ley de Sociedades Anónimas, la urgencia del saneamiento viene determinada por el elevado nivel de pérdidas y de endeudamiento. El desequilibrio entre recursos propios y ajenos hace probable que, como sucedía a finales de 2001, en diciembre se vuelvan a incumplir varios de los ratios pactados en el crédito sindicado sobre la relación entre unos y otros. El incumplimiento de esos ratios permite que cualquiera de las entidades financieras participantes en el crédito pueda exigir su rescisión inmediata. La última ampliación de capital tuvo como objetivo evitar esa posibilidad.

Las razones que aconsejarían a la Generalitat desechar la fórmula de una ampliación de capital, serían fundamentalmente dos: por un lado, la negativa de un buen número de accionistas a seguir aportando capital a una iniciativa que ha defraudado sus expectativas de obtener resultados, aún en un horizonte de medio plazo, y la dificultad para conseguir otros que los sustituyan; por otro, el coste político de la operación para el PP a menos de seis meses de las elecciones autonómicas y municipales. Una reducción de capital simultánea a una nueva inyección de recursos propios supondría el reconocimiento de que la marcha del parque está muy lejos del optimismo de las declaraciones que, durante años, han realizado sus principales dirigentes. El coste político podría ser todavía más elevado en el caso de que, como estuvo a punto de suceder en la ampliación de 2001, ésta tuviera dificultades para cubrirse ante la falta de interés de los potenciales inversores. Por el contrario, si grandes grupos inversores, como BBVA o el grupo El Pozo con los que se han realizado contactos, decidieran aumentar su participación ello sería presentado por el PP valenciano como una demostración de la confianza que despierta el parque.

Frente a la opción de realizar una nueva ampliación de capital, tras una reducción del nominal actual para adaptar su importe al valor real del mismo restando las pérdidas sufridas, la Generalitat con el apoyo de varios accionistas, defiende que sean las cajas de ahorro las que, mediante una fórmula todavía no decidida en sus aspectos técnicos, las que aseguren el saneamiento financiero del emblemático proyecto.

Dado que Terra Mítica tiene concedido un préstamo sindicado por importe de 51 millones de euros que tiene prelación sobre cualquier otra forma de endeudamiento, la alternativa más plausible, si finalmente se descartara la ampliación, sería realizar una emisión de lo que se conoce en la jerga financiera como "bonos basura", deuda de alto riesgo y alto tipo de interés, con la confianza de que entidades financieras, u otro tipo de inversores, acudieran a su suscripción. Fuentes bancarias opinan, sin embargo, que en las actuales circunstancias de los mercados financieros, el atractivo de esta opción es dudoso. Las dos principales Cajas de Ahorro de la Comunidad Valenciana, Bancaixa y CAM, que además de ser importantes accionistas son considera más proclives a aceptar las presiones de la Generalitat, se verían obligadas ha aumentar su nivel de riesgo con Terra Mítica.

Esta opción, sin embargo, no está exenta de dificultades. Recientemente el Banco de España instó a la CAM a incluir al parque entre los grupos de alto riesgo. Y hay pocas dudas de que Bancaixa ha recibido, o recibirá, una recomendación en el mismo sentido. Esta inclusión comporta un seguimiento especial para evaluar su evolución y la obligatoriedad de provisionar parte, o la totalidad, de los riesgos asumidos ante una eventual imposibilidad de recuperar las inversiones. Por tanto, aumentar el riesgo financiero con el parque implica aumentar el nivel de riesgo total de ambas cajas, aumentar la dotación para insolvencias y deteriorar sus beneficios, porque los riesgos provisionados merman la cuenta de resultados. Y ello en unos momentos en que el negocio estrictamente bancario de ambas entidades se está resintiendo del estrechamiento de los márgenes financieros, la caída de las cotizaciones bursátiles y la fuerte competencia que domina el sector en la Comunidad Valenciana.

Además, en círculos financieros se estima que, en el caso realizarse una emisión de deuda de este tipo, Terra Mítica se vería obligada a partir de este momento a conseguir la totalidad de la financiación externa imprescindible para su funcionamiento de estas dos entidades, por cuanto su solvencia en el mercado bancario quedaría seriamente deteriorada. Lo cual repercutiría todavía más negativamente en las cuentas de resultados de las dos cajas.