Chaves achaca la adhesión de Cajasur a la Ley Financiera "al interés espurio" de Castillejo

"Es una afrenta a la autonomía andaluza, a sus instituciones, a su Gobierno y a su Parlamento". El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, reaccionó ayer así a la decisión de Cajasur de solicitar ya la aplicación de la Ley Financiera, que sustrae a la Junta la supervisión de la caja y la traslada al Ministerio de Economía por ser una entidad de "fundación directa" de la Iglesia. Chaves aseguró que esta decisión "responde únicamente al interés personal y espurio del presidente del Consejo de Administración de la caja", el sacerdote Miguel Castillejo

El presidente de la Junta mantuvo que la aplicación de la Ley Financiera permitirá a Castillejo "mantenerse perpetuamente como presidente, poder decidir arbitrariamente sobre la Obra Social y tener las manos libres para adoptar decisiones escandalosas como la de la póliza millonaria", en referencia al seguro de 2,9 millones de euros pagado por la caja cordobesa para asegurar a su presidente el cobro íntegro de su sueldo (213.000 euros) cuando deje la entidad.

Chaves anunció que la Junta tomará todas las medidas posibles, dentro de lo que la ley permite. "Vamos a recurrir la Ley Financiera ante el Tribunal Constitucional, porque es un atentado a la competencia de las Administraciones autonómicas", manifestó. El secretario general del PSOE advirtió a Miguel Castillejo que "en el momento en que los socialistas ganen las elecciones generales y lleguen al Gobierno de la nación, esa norma de la Ley Financiera será derogada, y Cajasur volverá a estar supeditada, no a los intereses de una sola persona, sino a los de todos los cordobeses".

"Castillejo ha hecho oídos sordos al llamamiento al diálogo del obispo de Córdoba", reprochó el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, quien dijo que el Consejo que aprobó ayer solicitar la aplicación de la Ley Financiera había sido convocado con "nocturnidad" y "alevosía" para "consumar el pacto con el PP", informa Tereixa Constenla. El consejero indicó que la Junta analizará los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración para verificar que se ajustan escrupulosamente a las atribuciones que les otorga la legislación. "Si hubiera ilegalidad o infracción, la Junta llevará el tema a los tribunales", dijo.

Francisco Pulido, presidente de la Diputación de Córdoba, anunció ayer que los representantes de la institución en los órganos de gobierno de Cajasur estudian presentar un recurso para impugnar los acuerdos adoptados en el Consejo de Administración que se celebró al mediodía de ayer, con el argumento de que hay defectos de fondo y forma.

La interpretación de la presidenta regional del PP, Teófila Martínez, fue bien distinta. La dirigente popular aseguró que las leyes "están para cumplirlas" y mantuvo que la Ley Financiera permitirá que la "caja cordobesa se quede en manos de los cordobeses y de los andaluces y no en las del PSOE y del Gobierno andaluz".