Una norma diseñada a medida

La decisión de Cajasur de solicitar que se le aplique el tratamiento excepcional previsto por la Ley Financiera para las cajas fundadas por la Iglesia es el colofón de un proceso impulsado desde hace dos años por la entidad que preside Miguel Castillejo con la complicidad del Gobierno central.

- ¿Por qué se acoge Cajasur a la Ley Financiera? La nueva norma establece que "las cajas cuya entidad fundadora directa sea la Iglesia" dejarán de someter a las autonomías sus estatutos, los reglamentos que regulan la designación de sus órganos de gobierno y el presupuesto de su obra social: esa supervisión la ejercerá ahora el Ministerio de Economía. De ese modo, Cajasur evita la tutela de la Junta, un objetivo que perseguía desde que el Ejecutivo andaluz intentara anular los privilegios de la Iglesia en 1999.

- ¿Qué pasa con las otras cajas de la Iglesia? Además de en Cajasur, la Iglesia tiene representación en el Círculo Católico de Burgos y en la Caja de Ahorros Inmaculada de Zaragoza. Pero el PP afinó con varias enmiendas la redacción del artículo, de modo que incluyó la condición de que la entidad debía haber sido de fundación "directa". El artículo se limitó así a Cajasur ya que tanto la entidad burgalesa (fundada por el Círculo Católico) como la zaragozana (creada por Acción Social Católica) no cumplirían ese requisito.

- Texto mutante. El artículo sobre Cajasur no se incluía en los borradores de la Ley Financiera. Pero el Gobierno fue sensible a las peticiones de la entidad y no sólo estableció que pasase a la tutela de Economía, sino que aprovechó para modificar la normativa estatal (LORCA) y legalizar los cambios impulsados por su presidente, Miguel Castillejo, en los últimos años. La LORCA (1985) indicaba que el nombramiento y duración del mandato de los representantes de la Iglesia se regían por los estatutos vigentes entonces, que limitaban el mandato de Castillejo a doce años (lleva 25 en el cargo) y fijaba el peso de la Iglesia en la Asamblea en el 22% (ahora es el 35%). Según la Ley Financiera, esas cuestiones se regulan ahora por los estatutos de 1994, que permite a Castillejo seguir en el cargo.

- Recurso ante el Constitucional. El intento de la Junta de igualar la representación de la Iglesia en Cajasur al de otras entidades fundadoras (la Iglesia pasaría del 35% al 9%) fue frenado a principios de 2000 por el Gobierno al recurrir la Ley andaluza ante el Constitucional, que suspendió su aplicación en esta materia. El Tribunal aún no ha dictaminado.

- ¿Puede el Consejo de Cajasur volverse atrás? No. El ministro de Economía, Rodrigo Rato, dejó claro que la Ley Financiera obliga a Cajasur a pedir la tutela del Gobierno central. "No es una decisión individual". En caso de que el Constitucional dictamine a favor de la Junta, se aplicaría a la caja cordobesa el régimen general (el peso de la Iglesia se rebajaría al 9%), pero Cajasur seguiría bajo la supervisión del Ministerio de Economía. Sólo si prospera otro recurso que presentará la Junta ante el Constitucional contra la Ley Financiera, cambiaría esta situación.

- ¿Es la Iglesia la única fundadora de Cajasur? La Ley Financiera exige que la Iglesia sea fundadora directa de la caja. La dirección de Cajasur, con Castillejo al frente, defiende que esta es la situación de la entidad tras absorber a la Caja Provincial, fundada por la Diputación. La institución provincial mantiene que es cofundadora y recuerda que la Ley andaluza así lo reconocía. En cualquier caso, la Ley Financiera no establece que la Iglesia deba figurar como única fundadora: se aplicaría siempre que entre los fundadores estuviese la Iglesia.

- ¿Por qué el PP ha impulsado que Cajasur escape a la tutela de la Junta? El PSOE mantiene que existe un "pacto oculto" entre Castillejo y el PP. Además, las cajas de ahorros ha sido en los últimos años uno de los asuntos recurrentes en los que los populares han basado su oposición política a la Junta en los últimos años.

- ¿Es la Ley Financiera una puerta abierta para que Cajasur abandone Córdoba? Frente a lo que temen el PSOE e IU, no tiene porqué, aunque si sucediera la supervisión de ese movimiento correspondería al Ministerio de Economía. Las decisiones de inversión y obra social dependerán, como hasta ahora, del Consejo de Administración y la Asamblea de Cajasur.