Una legislatura perdida

Al inicio de la legislatura, el ex-presidente Zaplana repetía que "esta legislatura iba a ser la de la I+D+I". El análisis riguroso de la realidad muestra, por desgracia, que detrás de tanto discurso y propaganda oficial no hay nada. Hemos perdido una gran oportunidad para avanzar.

En primer lugar, no ha existido coordinación entre las distintas consejerías y no se ha recabado suficientemente la opinión de los diversos agentes del sistema valenciano de innovación. La Ley Valenciana de la Ciencia de 1997 se incumple de forma sistemática: la Comisión Interdepartamental apenas se reúne, el comité en el que habían de participar los agentes todavía no ha sido constituido.

Las ocurrencias no planificadas se suceden, como el anuncio de creación de la Agencia Valenciana de Ciencia y Tecnología, instrumento no contemplado en el Plan Valenciano de I+D+I aprobado por el Consell hace menos de un año. La Oficina de Ciencia y Tecnología ha cambiado de conselleria en tres ocasiones, en tan solo año y medio de existencia. Se trata de disimular la ausencia de proyectos rigurosos, con cambios continuos en los organismos oficiales.

La creación del Alto Consejo Consultivo en I+D ha distorsionado el sistema; sus miembros, con escasas excepciones, proceden de fuera de la Comunidad Valenciana por lo que, pese a su alta cualificación personal, tienen un conocimiento completamente insuficiente de las necesidades y características de la investigación en la Comunidad Valenciana.

El OPVI (Organismo Público Valenciano de Investigación) ha fracasado. Creado por la Ley Valenciana de la Ciencia y dotado de un completo aparato administrativo, ahora desaparecerá, sin haber realizado apenas funciones investigadoras, un ejemplo de derroche de recursos y mala gestión. Mientras, se reducen las ayudas concretas a los investigadores valencianos en el proyecto de presupuesto para 2003.

No existe una política global de I+D+I. No se ha presentado todavía públicamente el Plan Valenciano de I+D+I, sus líneas generales son dispersas, no establecen prioridades estratégicas, no contempla su articulación con los planes estatales o comunitarios, y no especifica el lugar que ocupará la investigación de excelencia o la política de apoyo tanto a los sectores tradicionales como con los nuevos sectores tecnológicos. El sistema de financiación es difuso e inconcreto.

Ejemplo de falta de planificación e integración son los proyectos de nuevos centros de investigación de la Conselleria de Sanidad (60 millones de euros en inversión) dónde no se ha contado con los otros agentes del Sistema, se desconocen los recursos humanos, carecen de planes funcionales y de proyecciones del gasto corriente futuro, cuando el coste anual de funcionamiento de centros similares se sitúa en el 50% del coste de la inversión. Mientras, investigadores de talla internacional como Bernat Soria se ven obligados a abandonar sus líneas de investigación en nuestra comunidad.

La incapacidad del PP ha favorecido una política de inversiones en construcciones y equipos (que consume muchos recursos económicos), infradotando la política de inversión en recursos humanos, potenciando contenedores carentes de contenidos.

Las muestras de falta de dirección real de la I+D+I valenciana son constantes. Mientras se preparaba el PVIDI, el Consell aprobó el Plan Estratégico de IMPIVA, sin ninguna vinculación y ahora, además, el IMPIVA anuncia que está preparando el PRICOVA, como futuro Plan Tecnológico de la Comunidad Valenciana, dónde sólo ha participado un representante de los Institutos Tecnológicos, uno de Universidades y otro de la OCT en un par de reuniones. Lo mismo ocurre con el PEMAV II, que no se relaciona con el PVIDI, limitándose a establecer un sin número de programas, sin fijar prioridades ni vínculos con las empresas.

La inexistencia de una política propia de recursos humanos, ha llevado a un seguidismo mimético de la nefasta política del Ministerio de Ciencia y Tecnología, tan mal dirigido hasta fecha reciente por Ana Birulés. La atención a los jóvenes investigadores valencianos ha quedado sujeta a una política cicatera, provocando la desmoralización de los mejores cerebros de la Comunidad Valenciana. El borrador de presupuestos de la Generalitat para 2003 agrava aún más esta situación.

El IMPIVA se ha subordinado a los programas financiados por la Administración Central desvinculándose, en buena medida, de los institutos tecnológicos valencianos. Ha perdido su capacidad para impulsar la política tecnológica, a pesar de haber sido un ejemplo a seguir en España durante la etapa de gobierno socialista. Se ha paralizado incluso el dinámico proceso de creación de nuevos institutos tecnológicos desarrollado entre 1985-94. Ahora en ocho años sólo se ha creado un fantasmal Instituto Tecnológico de la Empresa, con incidencia nula en las empresas valencianas.

Los recursos y los programas de apoyo a la I+D del IMPIVA se han ido deteriorando: apoyo financiero mínimo y una gestión que provoca la frustración de expectativas entre los investigadores. Las ayudas son mal gestionadas, se incumplen los plazos y se somete a los proyectos a tensiones financieras o aplazamientos indeseables. El Gobierno ha favorecido la incomunicación entre la empresa y los centros de investigación públicos, incluidas las universidades. Las iniciativas de nuevas empresas impulsadas por jóvenes investigadores o emprendedores desde las universidades nacen, crecen y consiguen funcionar al margen de la administración autonómica. Su política no las ha sabido amparar activamente. Ni tan siquiera ha sido capaz de impulsar mecanismos de financiación apropiados (capital semilla), ampliamente experimentados en otros países.

La Generalitat no ha influido para que el inmediato VI Programa Marco de la UE atendiera los problemas de las pyme. Tanto éstas como los pequeños pero excelentes grupos de investigación valencianos quedarán al margen de un programa que privilegia a grandes centros de investigación capaces de gestionar proyectos de varias decenas de millones de euros, ubicados en el Centro y Norte de Europa.

El Gobierno no ha introducido ni un proyecto real de colaboración en el Convenio Marco con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, nunca se ha pasado de las buenas palabras y el recurrente "intercambio de información". Ni ha osado hacer oír su voz cuando el Ministerio de Sanidad ha firmado un acuerdo plurianual con Farmaindustria, por el cual aportará al Ministerio millones de euros anuales para investigación, a pesar de que la factura farmacéutica la pagamos todos los valencianos.

Existe una gran incomunicación con las universidades respecto a la política científica, pese a la existencia de los Programas de Inversiones específicos (600 millones de euros gastados) y las transferencias corrientes anuales (que financian también el 40%, como media, del coste del personal investigador), subsumidos en las transferencias del Plan Plurianual de Financiación.

Tampoco se ha estimulado la colaboración interuniversitaria, pese a que en ellas se encuentran la mayoría de los investigadores, ni se ha propiciado que los recursos de las obras sociales de las cajas de ahorro de destinaran en parte a la investigación, por no hablar de la absoluta falta de voluntad de trabajar con otras comunidades autónomas.

Pero lo peor de la política del PP no son los errores, limitaciones o mala utilización de recursos públicos, lo peor es la pérdida de tiempo, personas y oportunidades necesarios para la Comunidad Valenciana. Una política de I+D+I que pone de manifiesto que entre la propaganda y la realidad, hay un abismo.

Jose Ignacio Pastor Pérez es Secretario de Innovación PSPV-PSOE