"Vendo toneladas de CO 2 a buen precio"

Comprar o vender toneladas de dióxido de carbono va a ser muy pronto una realidad en Europa. Este mercado sin precedentes en la historia es un sistema revolucionario del que se esperan beneficios ecológicos, aunque también económicos a largo plazo. La Unión Europea, que quiere introducirlo el 1 de enero de 2005, ya ha diseñado cómo debería funcionar y la City londinense aspira a convertirse en la sede central de esa futura bolsa de emisiones europeas. El mecanismo será similar al que impera en el mercado de valores. El objetivo: cumplir el Protocolo de Kioto de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

El comercio de emisiones lo ideó la Administración de Bill Clinton y lo abanderó su vicepresidente Al Gore, pero será la Unión Europea la pionera en ponerlo en marcha, toda vez que Estados Unidos se ha retirado del Convenio Marco sobre Cambio Climático de la ONU, más conocido por Protocolo de Kioto.

Cada país adjudicará a las empresas derechos de emisiones para su comercialización

A falta de concretar todavía algunos detalles, que los ministros de Medio Ambiente de los Quince discutirán el próximo 9 de diciembre, las líneas directrices ya están perfiladas. Cinco mil grandes empresas europeas cuya actividad contamina la atmósfera con una importante cantidad de emisiones de dióxido de carbono estarán obligadas a participar en este mercado. Se han incluido dos sectores, el de la energía (combustión, refinerías y coquerías) y la industria (metales férreos, papel y minerales), es decir, que están afectadas, entre otras, cementeras, papeleras, fábricas de vidrio, de cerámica y acerías, entre otras muchas. Cada país miembro de la UE les adjudicará los derechos de emisión que considere convenientes y, a partir de ahí, cada empresa podrá vender las toneladas de CO2 o dióxido de carbono que le sobren (mejorando así su cuenta de resultados anuales) o tendrá que comprar si su actividad supera la cantidad que le ha sido permitida.

Sólo las empresas seleccionadas por cada país (las más grandes, pues deben emitir más de 50.000 toneladas de dióxido de carbono) detentarán los derechos para emitir, pero todo el mundo (incluidos los brokers de nuevo cuño que surjan) podrá comprar y vender. De ahí que el sistema se asemeje enormemente al mercado de valores. Habrá lugar, pues, también, como lo hay en cualquier mercado libre, para los especuladores. El experimento no está exento de riesgos.

La buena noticia es que el sistema está ideado para incentivar tecnologías más eficientes que contaminen menos el ambiente que todos respiramos. A partir de enero de 2005, cuando entre en funcionamiento, las empresas intentarán por todos los medios consumir menos combustible y, consecuentemente, contaminar menos, pues tal política les permitirá vender "derechos de emisiones". La mala noticia es que, elijan la política que elijan, sobre todo en la primera etapa, todas las compañías tendrán que hacer un desembolso extra.

Las que mejoren sus sistemas tendrán que invertir en ellos. Las que no, tendrán que comprar derechos de contaminación, toneladas de dióxido de carbono, al precio del mercado, en una aplicación práctica del principio de "quien contamina paga". Los Gobiernos adjudicarán los derechos de forma muy restrictiva, teniendo en cuenta los compromisos de Kioto. Y si una empresa sobrepasa el límite que se le ha adjudicado, tendrá que pagar una multa "disuasoria". Los borradores de Bruselas hablan de un mínimo de 50 a 100 euros por tonelada de más.

"Es evidente que a las empresas, sobre todo en la primera etapa, les va a tocar pagar más dinero, pero a largo plazo se presenta, sin embargo, una oportunidad de negocio", asegura el eurodiputado portugués Jorge Moreira da Silva, del PP, ponente de la directiva del mercado de emisiones, ya aprobada por el pleno de la Eurocámara el pasado 10 de octubre.

Moreira está entusiasmado con el sistema que se avecina. Asegura que el mercado de emisiones va a reducir en un 35% el coste de la aplicación del Protocolo de Kioto y que Europa se va a situar en la avanzadilla de las tecnologías limpias, lo que finalmente va a ser positivo también para la economía. "En un año de trabajo he recibido en mi despacho hasta 400 personas interesadas por este asunto", cuenta Moreira. "Muchas de ellas son norteamericanas. Observan con mucho interés la experiencia".

Los acuerdos de Kioto prevén abrir el mercado de emisiones a nivel mundial (sólo entre los países que los suscribieron) en enero de 2008. Para entonces la UE contará ya con una evidente ventaja en un sistema repleto de complicaciones que los políticos están intentando solventar. Por ejemplo: ¿qué pasa si una empresa española compra emisiones a una alemana? ¿Qué ocurre si los especuladores bloquean derechos a la espera de que el precio suba? ¿Y si una empresa reduce su actividad para emitir menos?

La mayor parte de estas eventualidades están previstas, y alguna de ellas siguen pendientes del acuerdo final. Se prevé, por ejemplo, que si una empresa española compra emisiones a una alemana, el sistema corregiría instantáneamente el techo del montante total de emisiones teóricas de ambos países para que el compromiso total de la UE a nivel internacional suscrito en el Protocolo de Kioto se mantenga. Reducir, o incluso parar, totalmente la actividad conllevará una pérdida proporcional de derechos de emitir para que las empresas no caigan en la tentación de producir y contaminar en Túnez, por ejemplo, a cambio de nada.

Reino Unido, Alemania, Dinamarca y, sectorialmente, Estados Unidos ya están ensayando sistemas similares. Uno de los grandes escollos del acuerdo político en Bruselas es, precisamente, el mercado británico. En este país, el Gobierno ha creado un fondo de 43 millones de libras anuales para incentivar la reducción de los seis gases de efecto invernadero (y no sólo el CO2, el más importante, previsto para toda Europa). Bruselas considera que tal fondo puede ser considerado ilegal por cuanto se trata de una ayuda de Estado.

El sistema, con todas sus complicaciones, es innovador, pero no la panacea. Los expertos esperan que el mercado de emisiones ponga su grano de arena en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero recuerdan que, por ejemplo, el peor enemigo, el causante del mayor volumen de emisiones es el sector del transporte y para éste no hay previsto ningún nicho en este mercado de emisiones. Sólo un mayor uso del tren y, en general, de los transportes públicos frenarán su potencial contaminante. Un sacrificio, en fin, al que los ciudadanos europeos no parecen estar muy dispuestos.