Malos hábitos

La democracia exige comportamientos tan rigurosos en la gestión pública de la economía como en el propio ámbito político o parlamentario. El cuidado de las formas es condición imprescindible para mantener la confianza de ciudadanos y contribuyentes. Los gobernantes españoles desde 1976 no han sido especialmente exquisitos en el respeto formal de la independencia de las instituciones, pero en pocos casos se había alcanzado el permanente grado de desaliño o abierto desprecio del gobierno actual. La supresión u ocultamiento de estadísticas, la liquidación sumaria de comisiones y subcomisiones parlamentarias de investigación, la resistencia a facilitar información pública a los parlamentarios de la oposición o las presiones permanentes a los gabinetes de estudios de las entidades financieras para eliminar las aproximaciones críticas a la gestión del Gobierno son prácticas comunes en los departamentos económicos. El último episodio de esta política de injerencias afectó directamente al Banco de España, una institución que desde 1976 se había construido una reputación ejemplar de independencia y autonomía. Pues bien, varios movimientos ejecutados con escaso acierto por los ministros de Economía y Hacienda estuvieron a punto de empañar definitivamente esa imagen.

Ni es posible distinguir diferencias de crecimiento de dos décimas ni se exige a un Gobierno acertar siempre con sus objetivos oficiales

Es conocido que el ministerio de Economía organizó varias reuniones en el Banco de España para "debatir" las dificultades del crecimiento de la economía española durante este año. Figura en las hemerotecas que a esa comida -o comidas, porque según algunas versiones fueron dos, una antes del verano y otra antes del puente del 12 de octubre- asistieron, además de Rodrigo Rato y Cristóbal Montoro; el gobernador Jaime Caruana; la directora general del Instituto Nacional de Estadística (INE), Carmen Alcaide; el responsable del servicio de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina; el director general de Asuntos Internacionales, José Viñals; un representante de la CEOE (Enrique de la Lama), el Secretario de Estado, José Folgado; y el vocal del Banco Central Europeo, Eugenio Domingo. Semanas después, con relación o sin ella, el Banco de España publicaba su previsión de crecimiento del tercer trimestre (0,8%), cifra que, de mantenerse en tasa anual, produciría un crecimiento del 3,2%.

Hasta aquí, los hechos. Los participantes se apresuraron a desmentir las supuestas presiones del Gobierno al Banco de España y al INE para que subiera la previsión de crecimiento que, en un ejercicio de dudosa habilidad, había sugerido el portavoz parlamentario del PSOE Jesús Caldera.

Nadie ha demostrado que esas presiones existieran, por supuesto. Pero ¿era necesario incluir en una reunión para debatir sobre las dificultades de la economía española a Carmen Alcaide, de capacidad analítica probada, pero cuyas funciones políticas le obligan a una estricta neutralidad? ¿Por qué se organiza la reunión en el Banco de España, siguiendo la fea costumbre de Rato, que ya molestaba a Luis Ángel Rojo, de ocupar mesas y manteles en la institución monetaria como si no tuviera otro lugar menos comprometido (para el propio Banco) donde reunirse?

De impertinencia parecida es la insistencia del Gobierno en defender a capa y espada que el crecimiento de la economía española es "superior al 2%". La terquedad oficial semeja la conducta de los automovilistas que se pican con otros conductores para ver quien llega antes o la del apostador que empeña su credibilidad en el acierto de un resultado. Ni la técnica estadística permite distinguir diferencias de crecimiento de una o dos décimas ni la tarea de un gobierno es la de acertar siempre con sus objetivos oficiales. Por el contrario, la sociedad y los inversores entienden que la tarea del Gobierno es emitir las señales pertinentes de mejora o empeoramiento de la economía, de forma que en todo momento las decisiones financieras cuenten con una referencia de peso.

Conclusiones: Rato y Montoro deben abandonar la costumbre de organizar reuniones para debatir la situación de la economía con responsables de instituciones cuyo brillo representatitivo exige independencia; deben también olvidarse del Banco de España como restaurante privilegiado para esas asambleas de notables u otras; y deberían también modernizar la concepción profesional que tienen de su tarea de representación del Gobierno.