Presupuestos: prolegómeno final

Estamos en los prolegómenos de la discusión de los Presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el año 2003. Se trataría de la discusión y actividad parlamentaria de mayor calado de todo el año. Por desgracia, este asunto pasa bastante inadvertido ante la opinión pública en general. En nuestra cultura democrática priva más la ecuación de política igual a palabrasmercadotecnia a la caza de votos, que la exigencia de compromisos en torno de la recaudación de impuestos y la oferta real de prestaciones sociales a cambio. De hecho, el origen de los parlamentos está en el intercambio de exacciones por privilegios o libertades sectoriales o territoriales, mientras que en las democracias más maduras el proceso de debate presupuestario es el de mayor extensión y profundidad.

Aquí y ahora el Gobierno de la Generalitat presenta ante el Parlament un proyecto de presupuestos que supera los 18.000 millones de euros (o sea, algo más de tres billones de pesetas). Para estudiar, y proponer, y argumentar sobre todo ello los grupos parlamentarios han dispuesto de 10 días antes de iniciarse el debate de su totalidad. La brevedad extrema de este periodo se debe al flagrante incumplimiento, por parte del Gobierno, de la legislación catalana, que establece la presentación de los presupuestos antes de mediados del mes de octubre. No nos extrañemos de que cada día vayan apareciendo novedades o descubrimientos de los observadores políticos y económicos sobre el contenido de esos presupuestos. Ya el año pasado, fruto en parte de la misma premura, se descubrió a toro pasado que el Gobierno había decidido duplicar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (que grava las compras de pisos y las hipotecas, por ejemplo) a partir de las compras de valor superior a 16 millones de pesetas.

La premura viene a agravar una política de nulo diálogo con los diversos interlocutores que deberían ser consultados ante una ley de tanta importancia. Hace un mes, aproximadamente, se explicaron las cuentas, sin ofrecer ninguna documentación, a los agentes sociales (organizaciones empresariales y sindicales). En determinados casos se ha ignorado la obligación legal de consultar previamente a los órganos de la Administración que tienen capacidad reconocida para opinar presupuestariamente en sus materias. Y a los representantes de los grupos parlamentarios se les ha ofrecido, hace tan sólo horas, una amable conversación. Claro está que hay una excepción: el PP, apoyo indispensable para superar las votaciones, ha sido el único interlocutor. Para mayor inri, en paralelo con este proceso, se ha agravado la crisis de la Sindicatura de Cuentas, el órgano encargado de fiscalizar al Gobierno en asuntos presupuestarios, hasta alcanzar un bloqueo de extremos rocambolescos. Es evidente que estamos lejos de las cotas de diálogo y de transparencia que se requerían ante cualquier presupuesto, pero más aún en años de serias dificultades económicas.

Una primera ojeada a los documentos podría llevar a la conclusión de que nos encontramos ante unos presupuestos expansivos y de corte keynesiano. Pero a medida que uno va entrando en materia advierte que no es así. Globalmente crecen bastante menos de lo anunciado, incluso menos que en ejercicios anteriores. Y las inversiones anunciadas vuelven a situarse en el terreno de lo imperceptible. O sea, cuesta mucho precisar el volumen real de inversiones previstas al tener que analizar tantas y tan distintas formas de cumplimiento. Cataluña arrastra un grave déficit de capital público que debe ser solucionado antes que nada con inversiones del Estado y de la Generalitat. Así lo ha estado reclamando hasta la saciedad la práctica totalidad de entidades ciudadanas de peso en el mundo económico y social. No se puede continuar con las políticas de la pura publicidad inversora. Recordemos, por ejemplo, que el año pasado se publicitó con un optimismo desbordante un gran crecimiento inversor del Estado en Cataluña, gracias a las enmiendas de CiU en las Cortes, y ahora, poco a poco, comprobamos que la gran mayoría de las partidas previstas se han evaporado y que las realizaciones anunciadas están por empezar. Algo similar puede ocurrir con este presupuesto. O puede ser que el compromiso sea a tan largo plazo que se esté ya endeudando a futuros gobiernos de la Generalitat, encubriendo a la vez una política de concesiones avanzadas de servicios públicos a manos privadas. El ejemplo emblemático puede ser el de la línea 9 del metro de la ciudad de Barcelona. La lista, por desgracia, es mucho más larga y contiene infraestructuras básicas para el futuro de este país.

También se ha anunciado un crecimiento de las políticas sociales. Quizá los puntos más espectaculares son los de las prestaciones en el caso de las pensiones por viudedad y en cuestiones de vivienda. En lo que afecta a lo primero, aparte del solapamiento con lo que también propone el Gobierno del PP, se trata de cantidades muy menores y muy distantes de lo que sería mínimamente aceptable. Pero sobre todo suena a un nuevo aguinaldo, como el que ya regaló Jordi Pujol en el año 1999, meses antes de las elecciones, cuando también se previó complementar las pensiones mínimas, complemento que no tuvo ninguna consolidación en ejercicios posteriores. En lo que atañe a la vivienda, cuestión prácticamente virgen hasta ahora en las políticas públicas de la actual mayoría, se plantea la práctica desaparición del impuesto sobre donaciones, que beneficiará principalmente a los más pudientes. En varios momentos se descubre una ocultación de costes fiscales en la medida que favorecen a pocos.

No se trata de utilizar el manido argumento de políticas electoralistas, pero sí se observa una agudización de propuestas clientelares y partidistas, que aún se acentúan más en el enorme despropósito de la ley de acompañamiento. La perla más ilustrativa la tenemos en el asunto de las cajas de ahorro. Por todo ello no sé a quién encomendarme para pedir a la autoridad pertinente algo más de imaginación y responsabilidad para que este debate no sea un prolegómeno final.

Rafael Ribó es presidente del grupo de ICV en el Parlament.