Roldán, semilibre

La concesión del tercer grado a Luis Roldán, lo que le permite salir diariamente de la cárcel con la obligación de pernoctar en ella, es una decisión discutible, con independencia de que se atenga a la letra de la ley. El daño causado por Roldán como director general de la Guardia Civil fue inmenso, como se desprende de la sentencia que le condenó a 31 años de prisión, a pagar una multa de 1.600 millones de pesetas y a indemnizar a Hacienda con 1.000 millones por delitos de estafa, malversación, cohecho y fraude fiscal.

El tercer grado concedido a Roldán no supone ningún recorte de su condena, pues sigue en prisión en condiciones de semilibertad propias del régimen abierto. Pero es muy cuestionable la aplicación al caso de los criterios de reinserción social que deben justificar tal medida. ¿Puede considerarse reinsertado, o en vías de serlo, alguien que sigue sin devolver 1.600 millones de pesetas obtenidos mediante la apropiación de fondos reservados, la percepción de comisiones por adjudiaciones de obras y el cobro de supuestos servicios de seguridad a empresas amenazadas por ETA?

El disfrute de algunos beneficios penitenciarios no es automático: está sujeto a criterios valorativos. No constituye ningún despropósito que en el caso de grandes estafadores como Roldán la aplicación de las medidas de reinserción se condicione, al menos, al propósito de devolver lo robado. Ni su condena ni el cumplimiento de la pena convierten a Roldán en legítimo poseedor de los millones que robó. En situación de similibertad está en mejor disposición de poder controlar ese dinero oculto en algún paraíso fiscal, y más tentado a arriesgar la fuga para disfrutarlo. Es decir, Roldán puede culminar su larga trayectoria delictiva apropiándose definitivamente de lo robado, lo que agravaría la alarma social que sigue provocando su actuación, en contra de lo que señala el juez de vigilancia penitenciaria. Si eso sucede alguna vez, que no sea porque se le dan facilidades.