El tendido del 7

Bastantes fracturas, conflictos y tensiones sufre actualmente el País Vasco (debido en gran medida -abstracción hecha del terrorismo y de su constelación de organizaciones legales o alegales- a la deriva soberanista emprendida por el lehendakari Ibarretxe el pasado 27 de septiembre) para que el delegado del Gobierno de Aznar en la comunidad autónoma se dedique además a reavivar el fuego. El cargo desempeñado hoy con desmesura por Enrique Villar fue ocupado en su día -bajo Gobiernos centristas o socialistas- con notable sentido de la responsabilidad por Marcelino Oreja, Jaime Mayor, Ramón Jáuregui y Juan Manuel Eguiagaray: la representación de la Administración central ante unas instituciones de autogobierno controladas desde 1980 por los partidos nacionalistas exige no sólo firmeza y convicción en los principios, sino también flexibilidad y destreza en las maneras. La separación entre los diferentes papeles recitados por los titulares de los altos cargos del Estado como militantes de un partido y como servidores de los ciudadanos es una tarea siempre difícil: Enrique Villar ha conseguido la hazaña de confundir ambas condiciones hasta extremos indistinguibles.

Aunque la discreción, la sobriedad y el sentido de la oportunidad no hayan sido jamás el punto fuerte del actual delegado del Gobierno en el País Vasco, sus últimas intervenciones han desbordado el cauce de los comportamientos tolerables en unas funciones de tanta representatividad y responsabilidad. No es la primera vez que Enrique Villar se permite comentarios en alta voz y ademanes desaprobatorios desde la tribuna de invitados de la Cámara vasca; su braceo denegatorio durante el pleno del 27 de septiembre que el lehendakari utilizó para exponer un proyecto de libre asociación y soberanía compartida del País Vasco con España fue digno de los abonados del tendido 7 de la plaza de Las Ventas cuando se dirigen airadamente a la presidencia. Los taurinos afirman que el dinero pagado por la entrada incluye el derecho a la protesta energuménica; el delegado del Gobierno, sin embargo, ni siquiera tiene a su disposición ese argumento: no sólo no paga por acceder a la Cámara vasca, sino que además cobra de los contribuyentes por realizar su trabajo.

El comentario de Enrique Villar sobre las eventuales acciones penales del ministerio público contra los miembros de la Mesa de la Cámara vasca que incumplieron los autos del juez Garzón de 26 de agosto y 6 de septiembre referidos a la disolución del grupo parlamentario de Batasuna es otra prueba de la clamorosa falta de idoneidad del actual delegado del Gobierno en la comunidad autónoma para ocupar ese puesto. Tras acusar recibo de la negativa de la Mesa, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional pidió al fiscal general, Jesús Cardenal, que dictaminara si el rechazo a disolver el grupo nacionalista radical en la Cámara es un delito de desobediencia cometido por autoridades o funcionarios públicos previsto en el artículo 410 del Código Penal. Cardenal envió la consulta a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que a su vez recomienda la remisión del expediente a los fiscales del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), órgano judicial competente para conocer el asunto en el supuesto de que la acción acusatoria fuese finalmente presentada.

Nada más difundirse la noticia de esos iniciales movimientos procesales de conclusión incierta contra la Mesa de la Cámara vasca, y antes de que el fiscal del Estado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional y los fiscales del TSJPV se pongan definitivamente de acuerdo sobre la calificación penal de un supuesto polémico y discutible, Enrique Villar se apresuraba a manifestar "la esperanza" de que el presidente del Parlamento, Atutxa, y el presidente del Gobierno, Ibarretxe, fuesen procesados por el delito de negarse a dar el debido cumplimiento a los autos del juez Garzón. Ni siquiera la crispada situación del País Vasco sirve de atenuante para la resistencia mostrada por el Ejecutivo a tomar de inmediato la inexcusable medida de cesar a su delegado en esa comunidad autónoma; el desgraciado comentario de Jaime Mayor Oreja, para quien las provocadoras declaraciones de Enrique Villar fueron "una muestra de su confianza en la justicia", tampoco tiene excusa.