España rechaza las quejas de América Latina por las subvenciones agrícolas de la UE

La XII Cumbre Iberoamericana se abrió ayer en Playa Bávaro, República Dominicana, bajo el signo de un enfrentamiento inédito de los 19 mandatarios latinoamericanos reunidos, con España y Portugal. El origen de la disputa es la reciente decisión de la Unión Europea de prorrogar hasta el año 2013 la Política Agrícola Común (PAC), que los latinoamericanos califican de fuente de subvenciones que les impide competir en un plano de igualdad. España y Portugal rechazaron la pretensión de éstos de que su queja constara en acta.

Una iniciativa del ministro de Asuntos Exteriores de Argentina, Carlos Ruckauf, que representaba el sentir de muchos de los latinoamericanos, marcó la magnitud de diferendo al exigir, en la reunión preparatoria celebrada el jueves, que las conclusiones de la cumbre ya consensuadas fueran modificadas para que constara en acta la protesta de Iberoamérica por la política de Estados Unidos y la Unión Europea.

Inicialmente, el argentino aludió sólo a Estados Unidos, cuyo Gobierno incrementó considerablemente, la pasada primavera, los subsidios a la producción agrícola. Pero luego dijo que 'el grupo de los Quince tiene una Política Agrícola Común que es también una mala política'.

El malestar de los productores latinoamericanos por las distorsiones que la PAC introduce en los precios agrícolas internacionales es antiguo y ha sido esgrimido en otras ocasiones como prueba de una hipocresía europea que contradice las promesas de cooperación al desarrollo con un cierre efectivo de mercados, deprimente para las economías de América Latina. Pero nunca se había llegado al punto de plantearse que esas protestas constaran en las actas de una Cumbre Iberoamericana.

España y Portugal, los dos términos europeos de este eje meridional de solidaridad trasatlántica, se han distinguido por su apoyo al mantenimiento de la PAC, frente a los Estados noreuropeos, especialmente Alemania, que querrían suprimirla para ahorrarse costes, no por favorecer la competencia.

España, uno de los países europeos que más se beneficia de la política agrícola comunitaria, se parapetó el jueves tras Portugal, cuyo ministro de Exteriores, Antonio Martins da Crus, asumió el cometido de contener la ofensiva argentina. Ni el secretario de Estado para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, representante de España en esa reunión, ni el director general de la zona, Jaime Lacadena, participaron significativamente en el debate. Tampoco encontraron tiempo para contrastar con la prensa española los detalles de una versión de los hechos, que, en el secretismo que España ha impuesto a estas cumbres, procede esencialmente de fuentes latinoamericanas.

Políticas europeas

Dijo Da Crus que ni su delegación ni la española estaban allí en representación de la UE, a la que, añadió, Ruckauf debería, en todo caso, dirigir sus quejas. También dejó claro que nadie podía esperar que Portugal o España suscribieran en Playa Bávaro unas conclusiones contrarias a las políticas que asumen en la UE.

Fueron precisas más de dos horas de discusión para llegar al acuerdo de que las conclusiones originales quedarían inalteradas, aunque Argentina podría añadir, quizás, como anexo, una protesta de elaboración propia. Ése es el arreglo que los jefes de Estado y Gobierno de los 21 países convocados a la cumbre encontraron al llegar ayer a este centro turístico de lujo de la costa este dominicana.

Los problemas de la inmigración abordaron, en cambio, la cumbre, que se inauguró oficialmente pasadas las 23.30 de ayer, hora española, con perspectivas más favorables para el enfoque de Madrid. Los países participantes consensuaron, en efecto, según consta en el borrador definitivo de conclusiones, cooperar para ordenar los flujos migratorios en beneficio de las dos partes y del 'respeto pleno de todos los derechos humanos que les asisten '. La amenaza del visado afecta, sobre todo, a Ecuador y el resto de los latinoamericanos no se han movilizado por esa cuestión.

En materia de terrorismo, las conclusiones renuevan el compromiso de cooperar a nivel internacional para su extinción y recomiendan la reforma de las legislaciones nacionales para evitar que se produzcan situaciones de impunidad.