Los argentinos exigen al Gobierno que regularice a sus inmigrantes

La Casa Argentina en Madrid ha presentado ante el Defensor del Pueblo una queja formal contra el Gobierno español por impedir la entrada y la regularización de ciudadanos del país suramericano. En un escrito ampliamente documentado, pasa revista a los tratados suscritos por ambos países y califica la política del Ejecutivo que preside José María Aznar de 'ilegítima y decididamente ilegal'.

El documento pide que el defensor del pueblo, Enrique Múgica, inste al Gobierno a que, 'con la mayor celeridad, dado el grave problema humano' que sufren los argentinos, dicte las resoluciones precisas para que se otorgue permiso de trabajo y autorización de residencia a quienes deseen residir en España 'con la sola acreditación de que cuentan con medios de vida o la posibilidad de desarrollar un trabajo por cuenta propia o ajena'. También solicita que se exima de visado de residencia a quienes, 'estando ya en España, acrediten iguales extremos'. Y que se les permita 'la libre entrada', de acuerdo con las leyes españolas, 'pero sin restricción discrecional de ningún tipo'.

El documento hace referencia a que, según los datos del Anuario de Migraciones elaborado por el Ministerio de Trabajo, en el año 2000 residían en Argentina 254.073 españoles. Un año antes, según la misma fuente, sólo residían en España 9.422 argentinos. 'Estas cifras', señala, 'no sólo dan cuenta de una realidad actual, sino de un largo proceso histórico. En virtud del mismo, millones de descendientes de españoles han nacido y viven en Argentina. Sólo algunos miles de ciudadanos argentinos han nacido y viven en España'.

Cambio de papeles

Ahora las tornas comienzan a cambiar. Desde 2001, debido a la profunda crisis que atraviesa Argentina, un importante número de ciudadanos de ese país han intentado traslardarse a España. 'En su gran mayoría', dice el escrito, 'se ven imposibilitados de regularizar su situación, aunque tengan ofertas de trabajo y/o posean medios suficientes de vida'.

Los firmantes denuncian que la situación se ha agravado en los últimos meses, ya que a pesar del acuerdo sobre supresión de visados de entrada existente entre ambos países 'los funcionarios policiales españoles, en forma arbitraria, vienen impidiendo la entrada de un número creciente de argentinos y devolviéndolos a su país, sin posibilidad de recurso ni defensa alguna'. Esta circunstancia ya motivó una queja del Gobierno de Buenos Aires y provocó una nota aclaratoria de las autoridades de Madrid.

Los denunciantes hacen referencia al cierre del Régimen General decretado por el Gobierno el pasado 11 de enero, que ha supuesto la paralización, salvo en contados y excepcionales casos, de los trámites de permiso de trabajo y de residencia incluso cuando los inmigrantes cuentan con oferta de empleo, 'con lo cual [a los argentinos] se les coloca en una situación desesperada en momentos en que su país atraviesa la peor crisis de su historia'.

Para subrayar el agravio, recuerdan las relaciones que durante siglos han mantenido ambos países, 'en el marco de las cuales y sin ningún obstáculo los ciudadanos de uno han residido, transitado, trabajado y fundado familias en el territorio del otro (sobre todo los españoles en Argentina)', y 'el número incomparablemente mayor de españoles y sus descendientes que residen en Argentina en relación con los argentinos y los suyos que residen en España'.