El síndico mayor retrasa el informe de Europraxis

La parálisis en la Sindicatura de Cuentas, el organismo que controla los presupuestos de las administraciones públicas, ha adquirido visos grotescos. El informe sobre los contratos de Europraxis -empresa vinculada a Josep Pujol Ferrusola, hijo del presidente de la Generalitat- que el Parlament encargó en junio está atascado porque el síndico mayor, Marià Nicolàs, no ha autorizado aún la compra de sellos para que la Sindicatura pueda enviar las cartas a los ayuntamientos con objeto de recabar información sobre los contratos.

La izquierda lleva semanas acusando a Marià Nicolàs, avalado por Convergència i Unió (CiU), de mantener la sindicatura al ralentí para no incomodar con sus informes al Ejecutivo de Jordi Pujol. Nicolàs tuvo bloqueada durante cuatro meses la ampliación del informe sobre el caso Pallerols reclamada por el Parlament -hasta que el pleno de la sindicatura le obligó a asumirlo-, se resiste a incrementar el número de auditores a pesar de que se lo exige el Parlament y la mayoría absoluta de los síndicos, y alegando dificultades técnicas retiene sin enviar a la Cámara más de 20 informes que la institución aprobó en julio.

El informe sobre Europraxis es el último ejemplo de esta situación y, como el del caso Pallerols -sobre la presunta financiación irregular de Unió Democràtica-, se trata de un trabajo especialmente sensible para CiU porque afecta al entorno familiar del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. El pasado junio, el Parlament aprobó por unanimidad encargar a la sindicatura un exhaustivo informe sobre todos los contratos firmados por la Administración con Europraxis, empresa vinculada a Josep Pujol Ferrusola.

CiU se vio obligada a respaldar este inusual encargo -apenas existen precedentes de una petición de fiscalización de una empresa privada por sus contratos públicos- para no quedar en minoría, pero cinco meses después varios de los síndicos que deben participar en la elaboración del informe todavía no han podido empezar su trabajo porque el síndico mayor, Marià Nicolàs, no ha autorizado todavía la compra de los sellos necesarios para dirigirse por carta a los casi 950 ayuntamientos catalanes, sus organismos autónomos y sus empresas con el fin de pedirles información.

Fuentes de la sindicatura explican que los sellos para enviar las cartas con acuse de recibo tienen un coste aproximado de 3.000 euros y que la entidad tiene un superávit que oscila entre 1,8 y 2,4 millones de euros. La petición para comprar los sellos fue cursada hace cerca de dos meses, pero Nicolàs ha ido demorando la respuesta. Ante las reiteradas protestas de algunos de los síndicos afectados, la comisión de gobierno interior de la entidad dio el visto bueno a la compra la semana pasada, pero para que la medida sea efectiva se requiere todavía la firma del síndico mayor, que aún no se ha producido, según fuentes de la entidad. Nicolàs declinó ayer hablar con este periódico. 'El síndico mayor no quiere hablar con periodistas', dijo una portavoz.

El pleno de ayer puso de manifiesto una vez más que Nicolàs, que fue nombrado por el Parlament con los únicos votos de CiU, está en minoría dentro de la sindicatura, a pesar de que los miembros avalados por la federación nacionalista y el PP cuentan en teoría con la mayoría absoluta. El síndico mayor volvió a negarse ayer a convocar las oposiciones para ampliar el número de auditores a pesar de que se lo exigieron cinco de los siete síndicos que integran la institución, según fuentes de la sindicatura.

Conflicto con el Parlament

La convocatoria de estas oposiciones enfrenta a Nicolàs no sólo con la mayoría de los síndicos, sino también con el Parlament, lo que ha abierto una crisis institucional sin precedentes. La Cámara aprobó recientemente una moción por la que exigía al síndico mayor que ampliase cuanto antes el número de auditores y la Mesa del Parlament redactó una resolución en la que subraya que la responsabilidad de que no se hayan creado las plazas corresponde sólo a la sindicatura. Ayer, síndicos avalados por CiU, el PSC, el PP y ERC forzaron la votación en el pleno de la sindicatura exigiendo la convocatoria de las oposiciones. La resolución se aprobó por cinco votos contra dos (el de Nicolàs y el de su predecesor, Xavier Vela), pero Nicolàs reiteró su negativa a acatarla.