El Ayuntamiento convoca a los mayoristas de pescado para devolverles el dinero que les estafó Mercalicante

El concejal de Comercio de Alicante y vicepresidente de la sociedad de capital público Mercalicante, Juan Zaragoza, ha citado mañana a la Asociación Provincial de Mayoristas de Pescados a una reunión urgente para concretar la devolución del dinero que estos mayoristas entregaron a cuenta de la construcción de una lonja de pescado en el recinto agroalimentario de Mercalicante, obras que no se han ejecutado. Los mayoristas y Mercalicante firmaron un acuerdo el 23 de marzo de 2002, según el cual la empresa pública se comprometía a construir una nave para el mercado mayorista de pescado. 24 de los 28 módulos de la instalación serían adjudicados a la asociación y, a cambio, ésta abonaría 1,5 millones de euros por la concesión más un canon anual de ocupación.

Los mayoristas entregaron un anticipo de 207.176 euros para el inicio de las obras. Tras conocerse el escándalo en la sociedad mixta -está participada por el Ayuntamiento y por el Ministerio de Agricultura a través de la sociedad Mercasa-, la asociación pidió la rescisión del acuerdo y la devolución del dinero que entregó a cuenta en concepto de derechos de adjudicación.

El Ayuntamiento quiere devolver el dinero a los mayoristas antes de que el PP responda en las Cortes a una pregunta del diputado socialista José Pérez Grau acerca del dinero estafado a la Asociación de Mayoristas de Pescado. La pregunta ya se ha tramitado y publicado en el diario de sesiones y el Consell podría responderla el miércoles de la semana que viene.

Según Zaragoza y Mercasa, un apunte contable irregular del dinero entregado por los mayoristas fue la clave para descubrir el resto de irregularidades en la mercantil.

La investigación judicial sobre el presunto desfalco de seis millones de euros de la empresa de capital público Mercalicante se encuentra estancada. La magistrada encargada del caso, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Alicante, todavía no ha recibido la documentación que pidió a la empresa para iniciar sus pesquisas, según han confirmado fuentes judiciales.

De momento, ni la juez ni el fiscal encargado del caso han podido realizar diligencias sobre el supuesto desfalco en la empresa participada por el Ayuntamiento y la sociedad estatal Mercasa y presidida por el alcalde de Alicante, el popular Luis Díaz Alperi. La magistrada solicitó los datos contables y el movimiento de cuentas de la sociedad a la dirección de Mercalicante hace ya más de un mes. La juez, según fuentes judiciales cercanas al caso, va a enviar un requerimiento exigiendo la entrega inmediata de la información antes de que termine la semana.

Los responsables de la empresa podrían incurrir en una delito de denegación de auxilio a la justicia, según han advertido las mismas instancias judiciales. Sin el análisis de estos datos es imposible iniciar la rueda de interrogatorios a testigos y posibles imputados.

Querella

En primera instancia, el caso llegó a los juzgados de la mano de un vecino de Alicante. Luego, Mercalicante presentó una querella contra el ex gerente de la sociedad, José Emilio Clavero, y contra los responsables de cuatro empresas que supuestamente dieron soporte a aquel para cometer los delitos que se les imputan en la denuncia: apropiación indebida y administración desleal. El Ayuntamiento se ha personado como perjudicado en la causa.

La investigación municipal tampoco avanza. A iniciativa del Grupo Socialista se contituyó una comisión de investigación que hoy se reúne por segunda vez en medio de una gran división entre sus componentes. En la primera reunión, los socialistas recusaron sin éxito a dos de los miembros del PP al considerarlos corresponsables de la ruina en la empresa pública. Ayer, el portavoz socialista denunció que la información con la que cuenta la comisión es 'muy precaria'. También en la primera sesión, los populares, que presiden la comisión, dejaron claro que la investigación se centraría en el ex gerente.

La oposición municipal considera que el trabajo de la comisión investigadora debe ceñirse a la búsqueda de responsabilidades políticas. Bernal sostiene que por 'acción o por omisión, el presidente de Mercalicante, Luis Díaz Alperi, es el máximo responsable del escándalo financiero. Pero el PP ya ha dictaminado que no hay tales responsabilidades. Para esta formación, el único responsable del quebranto económico en Mercalicante es su ex gerente.