Robin Hood y los empresarios
El Proyecto de Reforma de las Haciendas locales en trámite de discusión parlamentaria, contempla, entre otras medidas fiscales, la modificación del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) que permitirá excluir de su pago a un elevado número de empresarios y profesionales, según la promesa electoral del presidente Aznar de eliminar el impuesto para un 90 % de los contribuyentes.
La medida, pese a que pudiera parecer lo contrario, no ha sido bendecida ni siquiera por los directamente beneficiados de la exclusión; tampoco por los municipios, que verán mermadas sus endémicas arcas municipales sin poder acudir al endeudamiento, impedidos por la ensalzada Ley de estabilidad presupuestaria y sin que los de menos de cien mil habitantes puedan consolarse con contrarrestar la pérdida de sus ingresos con la participación en el IRPF e IVA a cuyo reparto no se les concita; ni siquiera se van a sentir especialmente agraciados la mayoría de los ciudadanos que se enfrentarán a una mayor carga fiscal con la que se habrán de paliar las pérdidas municipales derivadas de la supresión parcial o que habrán de sufrir una reducción en el nivel de gasto y, mucho menos, los que teniendo la condición de propietarios de inmuebles, casi todas las familias, pueden enfrentarse a una nueva subida de cuotas en el IBI que como medida compensatoria prevé el Proyecto.
Parecía que la supresión del impuesto sólo iba a alegrar a los empresarios y hete aquí que tampoco es así. La patronal CEOE, tras conocer la eliminación del impuesto, sobre cuya intención se ha venido pronunciando de forma recurrente el ejecutivo desde las últimas elecciones, eleva ahora la queja de que las grandes empresas han sido excluidas en el reparto del beneficio fiscal, incluso temen un crecimiento de la carga tributaria. Así lo han expresado su presidente José María Cuevas y su responsable de la comisión de economía, José María Aguirre, quien, ajeno a la bondad y carácter social de la política fiscal, también ha calificado de 'rapiña periférica' el ejercicio de ésta por la Administración autonómica.
Es cierto que la reforma del IAE se aleja de la perfección y adquiere categoría de chapuza, como no podía ser de otra forma, si se considera que la estructura del impuesto y su naturaleza es contraria al gravamen de beneficios ciertos y próxima al cálculo presuntivo, empleando fórmulas anacrónicas basadas en cuotas fijas y en módulos inapropiados. Reformar un instrumento fiscal como el IAE siguiendo la técnica empleada supone una garantía de fracaso y contra ello se ha manifestado sin ambages la Federación Española de Municipios y Provincias. Es como meter el bisturí al monstruo de Frankenstein sin eliminar remiendos, zurcidos e injertos, y pretender obtener de ello una criatura equilibrada y normal.
Y es así, porque se ha actuado extramuros de la verdadera capacidad económica, limitándose a recortar el número de contribuyentes, haciendo que la mayoría, ni siquiera los que tienen pérdidas o ganan poco, sino todos los empresarios individuales y las entidades con poca cifra de negocio, aunque puedan tener un elevado margen de beneficio, queden liberados del pago, para desdicha de municipios y provincias que pierden en su segunda fuente de financiación impositiva a un cuantioso colectivo que ha estado sometido a un gravamen sobre la actividad económica desde los tiempos más remotos sin que nadie se plantease problemas de conciencia.
No sería justo suprimir el impuesto para las grandes compañías. Está por demostrar que éstas vayan a tener que soportar una mayor carga fiscal. Por el contrario, sí es cierto que la recaudación próxima a los dos mil millones de euros que procuraba el impuesto a municipios y provincias no se va a alcanzar, que será preciso arbitrar un fondo de ayuda, a la vez que procurar la participación de los Ayuntamientos de más de cien mil habitantes en los grandes impuestos -IRPF e IVA-; que, también, se perderá junto con tan preciada fuente impositiva, la neutralidad del impuesto, que la medida atenta contra el principio constitucional de suficiencia municipal y que el de no discriminación queda muy mal parado, amén de la notable pérdida de corresponsabilidad fiscal que comporta sustituir un impuesto directo por una participación compartida con el Estado y las Comunidades Autónomas.
Y no es menos cierto que la arremetida del Sr. Cuevas contra la reforma del IAE, tildándolo de 'impuesto de Robín Hood' porque 'lo que quitamos a unos lo pagan los otros', refiriéndose a los empresarios, no ha sido muy afortunada, pese a su lectura ambivalente. En efecto, es lícito en tributación quitar a unos -los débiles- para que paguen otros -los que tienen capacidad contributiva-, es al fin y a la postre la esencia de la fiscalidad, el sometimiento a gravamen de la capacidad económica que, de acuerdo con el dictado de nuestra Constitución, art. 31, debe hacerse en forma progresiva, lo que permite la redistribución como principal objetivo no financiero de la política fiscal. También se equivoca, porque quienes seguro que han de soportar una mayor fiscalidad -vía IBI o participación municipal en IRPF e IVA- por lo que se les va a quitar a los pequeños y medianos empresarios y profesionales con la consiguiente pérdida de recaudación municipal, son el resto de los ciudadanos.
No ha gozado nunca de buen predicamento nuestro IAE, pero si al excluir una gran parte de sus contribuyentes se hace suprimiendo los colectivos más humildes, tampoco es para rasgarse las vestiduras porque las grandes compañías hayan de seguir pagándolo; en todo caso, lo pueden seguir descontando como gasto de la base del Impuesto sobre Sociedades, y puede alegrarse el colectivo de empresarios y profesionales porque la dádiva se reparte entre ellos, sin alcanzar a los trabajadores, sobre los que recae el gran esfuerzo recaudatorio del IRPF y de cuya íntegra renta dedicada al consumo se nutre el IVA, instrumentos todos ellos que servirán de vía compensatoria a los ayuntamientos y provincias por la medida que se nos anuncia.
Francisco Poveda Blanco es Catedrático de Economía Aplicada
