La hora del Parlamento

Una de las ventajas de la democracia como forma política, tal vez la más importante de todas, es que quienes ocupan alguna posición de poder tienen que dar explicaciones de lo que hacen en la gestión de dicho poder. Frente al carácter secreto del ejercicio del poder, típico en todas las formas políticas predemocráticas, el Estado constitucional exige que se den explicaciones de lo que se hace.

Esta exigencia es máxima cuando de los poderes públicos stricto sensu se trata. Pero afecta también a personas que no son portadoras de un poder público, pero que ejercen poder en una esfera de la vida en sociedad en la que o bien la presencia del poder público es notable, o bien el resultado del ejercicio del poder tiene o puede tener una repercusión pública notable.

El Parlamento tendría que tomar cartas en el asunto y ordenar la comparecencia de los presidentes de las cajas de ahorro ante la Comisión de Economía.

Hay un lugar en toda sociedad democráticamente organizada que es el lugar 'natural' para que se den las explicaciones que tengan que darse como consecuencia del ejercicio del poder. Ese lugar es el Parlamento. La comparecencia en la comisión parlamentaria correspondiente con la consiguiente obligación de dar respuestas a las preguntas que sean formuladas es la mejor manera de despejar las dudas que puedan existir en la opinión pública acerca de la conducta en el ejercicio del poder.

Así lo acaba de decidir el Tribunal Constitucional en una sentencia reciente, en la que ha considerado anticonstitucional el acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados por el que se rechazó la comparecencia de los presidentes de las empresas privatizadas ante la Comisión de Economía para que dieran explicaciones acerca del proceso de privatización que ellos habían presidido. El ejercicio de la 'función parlamentaria de control gubernamental' (art. 66.2 CE) convierte al Parlamento en el lugar idóneo para que se den explicaciones en todos aquellos asuntos 'contaminados' por lo público. El argumento de que se trata de empresas que son ya de capital privado no puede hacerse valer frente al derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de representantes, reconocido en el artículo 23 de la Constitución. Aunque se trate de empresas que son ya de capital privado, sus presidentes tienen que acudir al Parlamento a dar explicaciones.

Como los lectores con seguridad recuerdan, Mario Conde tuvo que acudir al Congreso de los Diputados a dar explicaciones de su gestión al frente de Banesto, tras el proceso de intervención de la entidad por el Banco de España. Seguro que muchos lectores recuerdan el momento en que el ex presidente de Banesto, acorralado por el interrogatorio al que se vio sometido, tuvo que reconocer que había pagado varios cientos de millones sin saber a quién ni en concepto de qué. Fue el anticipo de lo que después sería la sentencia condenatoria. Lo que no se puede explicar no se puede hacer. Y cuando un asunto tiene repercusión pública, es en el Parlamento donde tienen que exigirse y donde tienen que darse las explicaciones pertinentes. Es la manera más limpia, por más democrática, de aclarar lo que tenga que ser aclarado.

Viene a cuento esta reflexión por la polémica que se ha suscitado al haberse tenido conocimiento por la opinión pública de la póliza suscrita por Cajasur a favor del presidente de la entidad. Ante las noticias aparecidas en diversos medios de comunicación acerca de la generalidad de este tipo de prácticas en las cajas de ahorro de Andalucía, la Consejería de Economía y Hacienda ha solicitado información a los Consejos de Administración de las mismas, a fin de ejercer el oportuno control de legalidad de las mismas.

Está bien que así haya sido. Es su obligación de acuerdo con lo que establece la Ley de Cajas. Pero creo que, llegado al punto al que ha llegado el asunto, es el Parlamento el que tendría que tomar cartas en el asunto y ordenar la comparecencia de los presidentes de las cajas de ahorro de Andalucía ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, a fin de que se sometieran a las preguntas que los parlamentarios tuvieran a bien formularles.

Una comparecencia pública ante una comisión parlamentaria tiene todas las ventajas y ningún inconveniente. No sería el Gobierno quien dispondría de la documentación pertinente, sino que dicha documentación se pondría a disposición de todos los grupos parlamentarios en condiciones de igualdad. La posición de los parlamentarios en la comparecencia de los presidentes sería también de estricta igualdad, poniéndose fin con ello al argumento de que hay una 'cacería política' gubernamental contra el presidente de Cajasur. Sería asimismo igual la posición de todos los presidentes de las cajas de ahorro, que dispondrían del mismo escenario y de la misma cobertura informativa para dar las explicaciones que consideraran pertinentes o que les fueran exigidas. De esta manera se acabaría sabiendo sin ninguna duda si en Unicaja se ha hecho lo mismo que en Cajasur o no. Y así sucesivamente.

El hecho de que la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento de Andalucía esté presidida por un parlamentario del PP, Liborio Cabello Cordero, que además es parlamentario por Córdoba, propicia el que se actúe de esta manera. Es difícil imaginar un lugar objetivamente mejor que éste y unas condiciones personales más favorables para que se puedan dar explicaciones en condiciones de igualdad y con todas las garantías por los presidentes de las distintas cajas de ahorro de Andalucía.