Los Verdes acusan a Bruselas de promover la energía nuclear

La Comisión Europea aprobó ayer lanzar un paquete de medidas legislativas para obligar a todos los países de la UE a enterrar en profundidad los residuos nucleares de alta actividad antes de 2018 y homologar y mejorar las normas de seguridad. La propuesta, a la que se añadió el anuncio de facilitar préstamos del programa Euratom para mejorar la seguridad de las centrales, ha generado, sin embargo, la protesta de Los Verdes en el Parlamento Europeo y de grupos ecologistas como Amigos de la Tierra, que acusan a Bruselas, y especialmente a la comisaria de Energía, Loyola de Palacio, de promover la energía nuclear a través de tales medidas.

Loyola de Palacio, de cuyo departamento ha partido la iniciativa, rechazó indirectamente tales acusaciones en su comparecencia ante el Parlamento Europeo y aseguró haber fomentado enormemente el desarrollo de las energías alternativas. 'Mientras tanto', dijo De Palacio, 'la mejora de la seguridad y tomar una solución para los residuos requiere una decisión rápida y contundente'.

La comisaria destacó como especialmente importante que los países de la UE (más los 10 candidatos que entrarán en 2004) tomen una decisión política sobre el asunto. La propuesta de Bruselas es de tomar tal decisión antes de 2008 y habilitar los cementerios nucleares antes de 2018. España tenía previsto tomar la decisión en 2010, más tarde de lo que, en principio, Bruselas desea imponer.

'Los detalles de la propuesta demuestran claramente que la única finalidad es la de revitalizar la industria nuclear en una Europa ampliada', dijo ayer el parlamentario verde Claude Turmes.

La ampliación de la UE ha sido, como señaló ayer Loyola de Palacio, el origen de la propuesta. 'Los países candidatos se sentían discriminados por el hecho de que la UE les imponía un control sobre sus centrales y sus instalaciones que ni siquiera sufren las de los actuales miembros de la UE', dijo.

Tales medidas consisten fundamentalmente en hallar una solución definitiva a los desechos nucleares, en garantizar un fondo financiero externo, de propiedad diferente a las compañías explotadoras, para afrontar el desmantelamiento de las centrales y en supervisar los controles nacionales de seguridad con normas homologadas. La UE genera cada año 40.000 metros cúbicos de residuos nucleares y sólo Finlandia y Suecia cuentan con proyectos serios para enterrar en profundidad los de alta intensidad.