La fiscalía se querella contra el alcalde de Aranjuez por corrupción y tráfico de influencias

La fiscalía de Madrid ha interpuesto una querella por supuestos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencia contra el alcalde de Aranjuez, José María Cepeda, y contra los ediles de Economía y Hacienda, Miguel Ángel Gálvez, y Urbanismo, Javier Ramón Cepeda (hermano del regidor), todos del PP. La querella, admitida a trámite por un juez de Aranjuez, también se dirige contra el aparejador municipal, José Antonio Segado, y contra José Ángel Lazareno, un arquitecto contratado por el Consistorio para la ejecución de obras. El fiscal destaca que los querellados, valiéndose de sus cargos, integran 'una trama económica que ha favorecido a empresas constructoras'.

La querella, que ocupa 20 páginas y de la que se hizo cargo el Juzgado de Instrucción número 2 de Aranjuez el pasado 22 de octubre, es el resultado de denuncias interpuestas ante el ministerio público por el PSOE de Aranjuez y en las que se imputaban tratos de favor desde el Consistorio a determinadas empresas constructoras entre los años 1998 y 2001.

La querella apunta a que 'el núcleo decisor' de la supuesta trama 'parece estar constituido por el alcalde y su hermano, además del concejal Miguel Ángel Gálvez, el aparejador municipal José Antonio Segado y el arquitecto José Ángel Lazareno'.

El fiscal de Urbanismo de Madrid, Emilio Valerio Martínez de Munaín, comenzó en 2001 a investigar las denuncias e inicialmente descubrió un suspuesto trato de favor desde el Ayuntamiento a un despacho de arquitectos. Además, observó que ese trato de favor contaba con 'la aquiescencia' y complicidad del regidor y de los citados ediles. Se descubrió, por ejemplo, que firmas como Maconsa, SL, Mafasa, SL, Aldisa, SL, Metroges, SA, y Coprodipesa, SA, habían recibido en los últimos años obras y encargos municipales por importe de 18 millones de euros (en torno a 3.000 millones de pesetas). Y que tales obras habían sido adjudicadas sin el preceptivo expediente de contratación y, en algunos casos, frente a informes desfavorables emitidos desde la intervención municipal, según la querella.

'Beneficios enormes'

Para el fiscal, los objetivos de la citada 'trama económica', que se valía del control que ejercían 'los hermanos Cepeda' y los otros concejales en 'áreas clave' del Ayuntamiento, eran obtener 'enormes beneficios económicos' utilizando para ello 'diversos procedimientos ilícitos'. Según la querella, tales procedimientos son: uno, 'reconocimiento de derechos y condiciones urbanísticas, así como concesiones de licencias de edificación que vulneran la normativa urbanística, todo ello con el fin de favorecer a las [citadas] mercantiles y personas consorciadas'; dos, 'detracción de fondos públicos a favor de empresas que, incumpliendo todo requisito de contratación administrativa y de fiscalización y control del gasto, se ven continuamente favorecidas por reconocimientos de deudas a su favor'; y tres, los querellados 'utilizaron sus cargos públicos para [hacer] negocios urbanísticos, prevaliéndose de la información a la que tienen acceso'.

Uno de los supuestos delitos descubiertos es el desvío de parte de los fondos procedentes del plan Prisma de la Comunidad que se emplearon en la reforma de las instalaciones del Ayuntamiento. Según la querella, con cargo en parte a ese plan se han emitido certificaciones de obra por un importe de 2.950.000 euros (491 millones de pesetas), pese a que tales obras habían sido adjudicadas en 1999 por 901.000 euros (150 millones de pesetas). Es decir, se ha producido 'un desvío presupuestario del 327%', según la querella. Llama la atención del fiscal que el precio de las obras de demolición del viejo edificio municipal se multiplicasen 'por cuatro'; 'por seis, el del movimiento de tierras, y por siete, el de albañilería'.

En la querella se alude a 'la minusvaloración' de un solar municipal, el del antiguo Campo Municipal de Deportes, que fue concedido a una empresa para levantar 450 viviendas. Esa parcela fue valorada en 1994 en algo más de seis millones de euros (unos 1.000 millones de pesetas), aunque más tarde fue enajenada por la mitad de su precio a una de las empresas de la supuesta trama, Metroges.

Al edil de Hacienda se le atribuye haber logrado que el pleno municipal aprobase 'un conjunto numerosísimo de facturas a favor de las empresas Maconsa, Mafasa y Aldisa', pese a que tales facturas 'carecían de toda cobertura legal', pues no consta 'la prestación de los servicios indicados en ellas'.

El juez interrogará a los implicados el próximo enero, informa Mercedes Santos. El alcalde relacionó la querella con las próximas elecciones de 2003 al señalar: 'Soy consciente de que ya ha comenzado la campaña electoral'. 'Por lo que conozco', declaró a Efe, 'la querella no tiene pies ni cabeza y no tengo ni el más mínimo temor'.