Huelga de ambulancias

La huelga indefinida convocada por CC OO y UGT en el sector de las ambulancias privadas de Madrid ha ocasionado el caos en su primera jornada, al incumplir los trabajadores prácticamente el 100% de los servicios mínimos decretados por la Consejería de Sanidad. Alrededor de 3.000 enfermos que diariamente utilizan este servicio -una concesión del Gobierno regional a una unión temporal de 12 de las 14 empresas del sector- han sufrido largas esperas para poder ser trasladados al hospital o bien han tenido que contratar, y pagar de su bolsillo, un taxi.

Los servicios mínimos dictados por la Consejería de Sanidad -el 100% para las urgencias, diálisis, quimioterapia, radioterapia y otros traslados sometidos a 'cita cierta'- han quedado en papel mojado. La protesta sindical en demanda de mejoras salariales para 800 conductores y camilleros ocasionó incidentes y hubo piquetes que pusieron en riesgo a algunos pacientes, ante lo que el Ejecutivo regional requirió escolta policial para los vehículos sanitarios. Este conflicto ha agudizado las reiteradas y múltiples quejas de los usuarios y los médicos desde que Sanidad concedió, el pasado mayo, el servicio de traslado de enfermos urgentes (enfermos y heridos cuya vida no corre peligro) a la Unión Temporal de Empresas (UTE). Sanidad debería explicar por qué este servicio, que ya era malo, es peor desde que se adjudicó esta concesión.

La situación es grave y requeriría iniciativas de la Administración regional que vayan más allá de las medidas paliativas adoptadas, como comprometerse a pagar a los usuarios las facturas de los taxis utilizados, cuyo cargo endosarían en su momento a las empresas de las ambulancias.

Nadie discute que los salarios de los camilleros y conductores, de unos 700 euros al mes, son bajos. Pero los efectos del recurso a la huelga en un sector cuya matera prima es la salud de los pacientes son o pueden llegar a ser gravísimos. La situación es de las que requieren un arbitraje, como los que han resuelto otros conflictos en los que las distancias entre las partes eran grandes y la huelga producía un desproporcionado efecto social. Si se considera inevitable llegar a un arbitraje, que se acuerde antes de que cualquier desgracia radicalice las posiciones y ponga a la población contra los huelguistas.