¿Quo vadis, Montoro?

Los municipios pudimos conocer el Proyecto de Ley de Reforma de las Haciendas Locales exactamente cuatro días antes de su aprobación por el Consejo de Ministros. Esto ya es una buena prueba de la voluntad del Gobierno y de su respeto por la Administración Local: basta preguntarse si se habría atrevido a reformar los tributos de Catalunya o de Andalucía de este modo.

Nuevamente se pierde una oportunidad de afrontar la reforma del sistema de financiación de las entidades locales, se ignoran las propuestas contenidas en el Informe de la Comisión constituida ad hoc por el propio Ministerio de Hacienda, se hace por el Gobierno una reforma no sólo de espaldas a los Municipios y Diputaciones, sino contra ellos.

Lo que dejan de pagar los empresarios y profesionales lo van a pagar las familias

Esta ley no resuelve las discriminaciones históricas entre municipios

Este proyecto es una ley electoralista: ¿Por qué la reforma -más bien supresión- del IAE entra en vigor el 1 de enero de 2003 y el nuevo sistema de participación en una cesta de impuestos del Estado en enero de 2004? ¿Cómo vamos los municipios y provincias a suplir esos ingresos? ¿Por qué el Proyecto de Ley de Presupuestos carece de previsiones específicas para afrontar el coste económico de la reforma? ¿Por qué estas prisas, por encima de todo y de todos, en la aprobación del Proyecto de Ley?.

No hay más que una respuesta: hay elecciones municipales en mayo. Este proyecto sólo tiene el objetivo del cumplimiento de la promesa electoral de eliminación del IAE, por encima de los intereses generales y al coste que sea. Orgulloso, el Sr. Aznar podrá volver a repetir que había un problema y se ha solucionado. Pero se ha resuelto el suyo y se han generado millones de problemas: los de todos los ciudadanos que van a ver reducidos los servicios públicos que les prestan sus Ayuntamientos porque nos acaban de quitar cerca de 1.200 millones de euros con los que los pagábamos.

Esto no es un problema de partidos, es un problema jurídico: el Estado y las Comunidades Autónomas tienen la obligación constitucional de garantizar la suficiencia financiera de las Entidades Locales, y no lo están haciendo. Sin medios, sin suficiencia financiera, no hay autonomía que valga, y ¿qué autonomía tenemos cuando a nuestra insuficiencia crónica de recursos se añade la eliminación de más del 20% de nuestra imposición directa, o cuando tenemos que dedicar más del 30% de nuestro gasto a prestar servicios que las administraciones competentes se han negado a proporcionar?

En todo este proceso las Comunidades Autónomas han adoptado el tancredismo como pauta de comportamiento. Pero esto también va con ellos: la participación en sus tributos es un derecho de las Haciendas Locales y una obligación constitucional de las Comunidades Autónomas. Han transcurrido 24 años y creemos que ya es inaplazable el cumplimiento del mandato constitucional.

El Gobierno no cree en la Administración Local. Piensa que no somos capaces de gestionar eficaz y eficientemente los recursos públicos, y nos trata como a menores de edad, como a Administraciones de segunda fila. Sin embargo, la realidad es tozuda y los datos demuestran que sí somos capaces, y que lo hacemos bien, mucho mejor que otros.

Las Entidades Locales gestionamos más de 36.000 millones de euros (6 billones de pesetas), y somos las más inversoras: entre 1996 y 1999, si excluimos los gastos de defensa, el 39,3% de la inversión pública fue local, por un 34,2% de las Comunidades Autónomas y un 26,5% del Estado. Y este volumen de inversión se ha hecho con gran ortodoxia económica, según los parámetros del Partido Popular, con un ahorro bruto del 11,5% desde 1994, un endeudamiento situado en el entrono del 4,5% del PIB desde 1989 -el mejor de las tres Administraciones- y un ratio déficit/PIB en valores muy cercanos al 0%.

¿Por qué entonces esta permanente agresión del Gobierno, que disminuyó en un 30% las cesiones obligatorias de suelo (privando a los municipios de un instrumento fundamental y sin que la medida haya tenido ningún efecto sobre el precio de la vivienda), que también aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria (que imposibilitará mantener el nivel de inversión pública local), y que ahora elimina el IAE para el 92% de los contribuyentes, sin ninguna medida sustitutiva?.

¿Quién va a pagar la reforma? Pues hay que tener el valor de decirlo: lo que dejan de pagar los empresarios y profesionales lo van a pagar las familias, porque tendremos que agotar el recorrido fiscal que aún nos queda en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y en el Impuesto de Vehículos, porque habrá que reducir servicios, porque no habrá dinero para nuevas inversiones, porque nuestro gasto social se resentirá. El Gobierno tendrá que explicar por qué es bueno eliminar impuestos a los notarios, dentistas, registradores o cirujanos plásticos para que lo paguen los trabajadores y sus familias.

Y no nos engañemos, no se va a crear empleo, porque el ahorro medio por contribuyente -según uno de los escasos datos ofrecidos por el Sr. Montoro- es de 400 euros anuales. ¿Nos puede alguien explicar qué empleo creará un empresario o profesional con el precio de un café con churros al día?

Pero el Proyecto de Ley de reforma de las Haciendas Locales tampoco resuelve las discriminaciones históricas entre municipios, y además es una ley tramposa. Actualmente, ciudades de entre 100.000 y 500.000 habitantes (como pueden ser Leganés, Oviedo o Alicante) reciben entre 130 y 160 euros por habitante y año; en cambio Valencia, Zaragoza, Málaga o Sevilla entre 275 y 300 euros, por encima del 50% más. Es evidente que las demandas de los ciudadanos y los servicios que prestan Valencia o Málaga no difieren de los de Getafe, Fuenlabrada o Parla, como por cierto reconoce el proyecto de reforma en su exposición de motivos. Y aunque en apariencia se eliminan esas discriminaciones con un porcentaje de participación en una cesta de impuestos, el nuevo sistema tiene trampa: se articula sobre la base de los ingresos del último año del sistema actual, perpetuándose así la injusticia histórica y la falta de equidad del actual modelo.

¿Cómo es posible que haya ese trato de favor a municipios como Madrid, que tiene el 105,80% de la renta media per cápita de la Comunidad de Madrid, mientras que Móstoles, Fuenlabrada, Getafe, Leganés o Parla perciban por sus casi 800.000 habitantes menos de la mitad que Madrid, cuando su renta disponible per cápita está en todos los casos entre 22 y 35 puntos por debajo? Esto tiene que cambiar, tiene que garantizarse la igualdad y la solidaridad entre las ciudades y los ciudadanos.

Nosotros no estamos en contra de la reforma del IAE, pero no creemos en medidas aisladas y electoralistas que no afrontan el cumplimiento del mandato constitucional de suficiencia financiera. Y este Proyecto de Ley no lo hace.

Por eso preguntamos al Sr. ministro de Hacienda adónde se dirige, por eso le pedimos que reflexione, por eso le pedimos que rectifique, porque ni queremos ni podemos decir perdónales porque no saben lo que hacen.

*José María Arteta Vico, alcalde de Móstoles; José Luis Pérez Ráez, alcalde de Leganés; Manuel Robles Delgado, alcalde de Fuenlabrada; Pedro Castro Álvarez, alcalde de Getafe y Tomás Gómez Franco, alcalde de Parla.