El director de Recaudación de Tributos Locales de Lleida dimite ante la falta de presupuesto para reformar la entidad

El presidente de la Diputación de Lleida, Josep Pont, aceptó ayer la renuncia del economista Ramon Morell como director del Organismo de Gestión y Recaudación de Tributos Locales, al no poder asumir el presupuesto del proyecto presentado por Morell para reorganizar el organismo provincial, que se encarga de cobrar en nombre de los ayuntamientos diversos impuestos como el IAE o el IBI. Este organismo se ha visto salpicado por una intensa polémica debido a las supuestas irregularidades detectadas por la Sindicatura de Cuentas en el período 1995-1999, durante el mandato del actual consejero de Agricultura, Josep Grau.

Morell, ex responsable de Urbanismo de la Generalitat y del catastro del Ayuntamiento de Lleida, llevaba sólo ocho meses al frente de la oficina de recaudación. CiU aprovechó su perfil de simpatizante socialista y de profesional independiente para mejorar la imagen de un organismo en crisis permanente desde que la Sindicatura de Cuentas detectó graves irregularidades en su gestión.

Un primer informe elaborado por el síndico Manuel Barrado denunciaba que el organismo de recaudación había dejado prescribir tributos por un importe de más de nueve millones de euros, se produjo un desfalco, se usaron fraudulentamente dos tarjetas de crédito, se pagó un número desorbitado de horas extras y se pagaron complementos de productividad a personas no vinculadas con la entidad. La Diputación cifra las cantidades prescritas en 1,2 millones de euros. La investigación sigue abierta porque todos los grupos parlamentarios catalanes solicitaron otro informe que abarque la gestión de los últimos tres años.

La Diputación informó ayer que, a pesar de estar de acuerdo con el proyecto presentado por Morell, ha aceptado su dimisión al no haber podido asumir económicamente su programa de reformas para modernizar el organismo de recaudación y dotarlo de la mayor autonomía de gestión, sin que ello significara perder la tutela del ente provincial.

El proyecto de Morell para conseguir este objetivo tenía un coste de 1,2 millones de euros en equipamientos informáticos y personal técnico y profesional. La Diputación considera que las actuales disponibilidades financieras le impiden asumir estas inversiones, que 'repercutirían directa y negativamente en las arcas de todos los municipios de Lleida'. También aduce que las nuevas directrices presupuestarias del Gobierno central y el marco restrictivo de las nuevas leyes de financiación local, sobre todo por la supresión del IAE, supondrán en el futuro una merma de la capacidad financiera de los municipios.