Jueces y fiscales progresistas denuncian el acoso del PP a la justicia

Las dos principales asociaciones de jueces y fiscales progresistas, Jueces para la Democracia (JpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF), han decidido lanzar una ofensiva contra lo que consideran 'acoso' del Partido Popular a la independencia de la justicia. Para ello, y por primera vez en la historia de la democracia, han convocado sus congresos para la próxima primavera de forma conjunta, a fin de poder analizar juntos los problemas de la justicia y especialmente el 'peligroso intento de control' que en su opinión ejerce el Gobierno de José María Aznar sobre jueces y fiscales.

El portavoz de JpD, Miguel Carmona, explicó ayer que tanto los jueces como los fiscales progresistas coinciden en un análisis muy negativo sobre los últimos intentos del PP por controlar a la justicia. El ejemplo más evidente y reciente es el ataque frontal que se ha dirigido desde el Ejecutivo contra la juez de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao, Ruth Alonso, por dejar en libertad a dos etarras que habían cumplido las tres cuartas partes de su condena.

'Con el PP, y especialmente en los últimos tiempos, se ha vuelto peligroso dictar sentencias o resoluciones que puedan contrariar al poder político. Porque hay dos opciones: o tratan de presionar al juez para que cambie su decisión o directamente mueven las fichas adecuadas para crear un tribunal distinto. Hay un clarísimo ataque de fondo contra la independencia judicial', concluye Carmona.

Dominar a los jueces

Antonio Camacho, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, coincide con estas apreciaciones y destaca que las reformas judiciales que se anuncian indican que el PP ha decidido entrar de lleno en un ataque sin ambages a la independencia de jueces y fiscales. Las noticias aparecidas sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, muestran en opinión de Camacho que el Ejecutivo quiere dominar el Gobierno de los jueces.

Pero más grave aún le parece a la UPF la reforma del Estatuto Fiscal, que pretende acabar con los pocos fiscales jefes que aún escapan al control del PP porque provienen de la época socialista. Además, otorga aún más poder al fiscal general del Estado, en un claro intento, según Camacho, de evitar que se produzcan situaciones que escapan al control del Ejecutivo. Se refiere sobre todo a la decisión en junio de 2001 de la junta de fiscales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que, en contra de la opinión del fiscal general, pidió que el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Píqué, declarara como imputadotestigo en el caso Ercros.

El Pacto por la Justicia, firmado por todos los partidos, está siendo utilizado por el PP como 'vestidura' para colocar reformas que, según jueces y fiscales progresistas, pretenden en ocasiones reducir las libertades de los ciudadanos. Como ejemplo, Camacho citó el de las expulsiones automáticas de extranjeros.