El nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal limita a cinco años el mandato de los fiscales jefe

El Gobierno ha remitido hoy al Congreso el proyecto de ley de reforma del Ministerio fiscal que incluye, entre otros cambios, la posibilidad de que el fiscal general del Estado pueda remover de sus puestos a los fiscales jefe. En la actualidad, ese cargo tenía carácter indefinido y ahora sólo podrán permanecer un máximo de cinco años, con posibilidad de renovación de su mandato. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Justicia, José María Michavila, ha asegurado que este tipo de cargo vitalicio era él único que quedaba de tales características en la democracia española.

Michavila sostiene que no es cierto que el informe del Consejo Fiscal sobre el proyecto de reforma haya hecho hincapié en que el Gobierno vaya a mantener un mayor control político sobre el ministerio público, como se le ha criticado desde las asociaciones judiciales progresistas y desde la oposición de izquierdas.

Muy al contrario, ha dicho el ministro, se va a reforzar el papel del Consejo Fiscal en el sentido de que se acaba la elección de sus miembros por categorías de fiscales y se instaura una elección "mucho más democrática" al aprobar que sus miembros sean elegidos en el total de la carrera. Un elemento que se suma a la incorporación del mérito como baremo para los ascensos, junto con la antig|edad.

Además, ha insistido Michavila, el Consejo Fiscal va a ser "escuchado" en la elección de los fiscales delegados. Esta es una nueva figura que vertebrará las grandes fiscalías, ya que en laactualidad son 1.700 los fiscales en España, una cifra muy superior a la que había en 1985, cuando se promulgó el estatuto vigente

Lucha contra la delincuencia

El ministro de Justicia ha explicado que el nuevo estatuto tiene por objeto modernizar su estructura y funcionamiento, dotándola de una organización "más ágil y eficaz en la lucha contra la delincuencia".

La reforma, cuyo objetivo principal es mejorar la atención al ciudadano, se basa en tres ejes, el primero de los cuales supone otorgar al Fiscal un papel más activo respecto a la víctima del delito y se incorpora al Estatuto la función de velar por la protección procesal de las víctimas. Además, se basa en la adaptación de la organización del Ministerio Fiscal a las nuevas responsabilidades, así como al incremento de su planta, que supera ya el número de 1.700 fiscales. En este sentido se vertebra la organización de las grandes fiscalías, creando la figura del fiscal delegado, con funciones de coordinación y dirección en el seno de las mismas.