El Poder Judicial avala un Estatuto Fiscal que potencia la dependencia del Gobierno

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará hoy y probablemente aprobará el informe elaborado por su Comisión de Estudios e Informes sobre el anteproyecto de reforma del vigente Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Dicho informe, elaborado por consenso, considera 'oportuna la reforma' que, según constata, 'potenciará la hegemonía (...) del fiscal general del Estado', ubicado 'en la órbita de influencia del Gobierno'. También avala que a la entrada en vigor de la ley finalice el mandato, renovable, de los fiscales jefes con cinco años de jefatura.

Los ponentes del informe, de 41 folios, son los vocales Adolfo Prego, propuesto por el PP, y Luis Aguiar, designado por el PSOE. Este último, aunque acepta que 'el consenso es bastante alto', manifiesta que tras más de 20 años de vigencia del Estatuto Fiscal 'se ha desaprovechado la ocasión de optar por un modelo, aunque dentro de la Constitución, menos vinculado al Gobierno y con menor hegemonía del fiscal general, con lo que se facilitaría que el fiscal instruyera los procesos penales, reforma que el anteproyecto dificulta'.

El propio informe indica que, 'sin perjuicio de lo que un modelo u otro pueda incidir en la orientación que se quiera dar en el futuro a las funciones del Ministerio Fiscal, (...) nada en la Constitución impide o exige conferir un mayor grado de dependencia o independencia orgánica al Ministerio Fiscal'. Sin embargo, el informe constata que el prelegislador renuncia a 'revisar más en profundidad la institución tras más de 20 años de experiencia'.

Órbita de influencia

El informe reconoce que las innovaciones que se introducen en el Estatuto del Ministerio Fiscal 'con toda probabilidad potenciarán la hegemonía actualmente existente del fiscal general del Estado en el seno de la institución en su conjunto', sin alterar 'la ubicación del fiscal general del Estado en la órbita de influencia del Gobierno'.

Frente a este modelo, el fiscal Félix Pantoja, vocal propuesto por IU, propugna 'un fiscal general del Estado a quien el Parlamento pudiera exigir responsabilidad política por mayoría cualificada' y que fuera designado con plazo fijo.

Precisamente el plazo fijo va a imponerse a los fiscales jefes, que sólo podrán permanecer en el cargo cinco años con posibilidades de renovación. Pantoja acusa de 'oportunismo al Gobierno, porque lo normal sería que la nueva norma se aplicara a partir de la entrada en vigor del nuevo estatuto' y no con caracter retroactivo.

Sin embargo, una disposición transitoria establece que a la entrada en vigor de la ley 'finalizará el mandato de todos aquellos fiscales jefes que llevaran desempeñando la jefatura por más de cinco años'.

Según José Antonio Alonso, vocal propuesto por el PSOE, mediante esta norma 'el Gobierno pretende eliminar directamente a los fiscales jefes progresistas incómodos, como Juan José Martínez Zato, Mariano Fernández Bermejo, José María Mena o Carlos Jiménez Villarejo'. Alonso reconoce que la ley permite a tales fiscales optar a un nuevo mandato, pero recuerda que 'es el Gobierno el que ha de renombrarlos'.

Este vocal estima vulnerado el Pacto de Estado de la Justicia, que establecía la temporalidad en los cargos con criterios objetivos y no 'con criterios absolutamente subjetivos y sin coste político para el Gobierno, porque cesarán según la ley'.

El borrador de informe estima que 'la extensión del sistema de libre designación puede ser positiva', pero en el caso de los fiscales jefes y otros cargos relevantes considera que deberían realizarse 'por concurso de méritos con arreglo a criterios de idoneidad'.

La fiscal Ángeles García, vocal a propuesta del PSOE, opina que 'del mérito y capacidad sólo se habla en el preámbulo del anteproyecto'. García estima que, 'de no admitirse que los nombramientos sean motivados, los cargos de fiscales se convertirán en cargos políticos'.