Fábrica de ciudadanos

Las políticas de formación y la cualificación de los trabajadores son, en los últimos años, las protagonistas de las grandes líneas estratégicas europeas: ya sea la formación a lo largo de toda la vida, la incorporación de los conocimientos informales a las certificaciones y sistemas nacionales de cualificación, o la transparencia o equivalencia entre países, por mencionar algunas de ellas.

También en España los discursos sobre la necesidad de desarrollar y fomentar la formación y cualificación profesionales han obtenido un lugar de primer plano en las propuestas sobre la necesaria aproximación de España a lo que se ha dado en llamar el modelo europeo de organización del trabajo.

La formación y su utilización están hoy en día en primera plana de la actualidad, no precisamente por los resultados obtenidos en la aplicación de las políticas de formación continua, sino por las irregularidades detectadas y hechas públicas recientemente.

Quisiera hacer algunas consideraciones que, yendo más allá de la actualidad inmediata, me permitieran proponer algunas ideas que, sin duda, podrían colaborar a colocar las políticas de formación profesional en el importante lugar que merecen, no sólo desde un punto de vista productivo, sino también ciudadano.

De las distintas investigaciones que hemos venido llevando a cabo en este terreno, me gustaría destacar aquí algunos puntos fundamentales, que, a mi juicio, son sólo un síntoma de que entre lo dicho, el gran papel que juega la formación, y lo hecho, es decir, el lugar que ocupa en las transformaciones productivas, hay un trecho demasiado amplio.

En primer lugar, que la formación continua, en muchos casos, es desconocida para los trabajadores, que se planifica de forma muy improvisada, que no se le da en las empresas el rango de política principal de desarrollo de la misma, en la práctica, que se le da en los discursos oficiales.

En segundo lugar, que sólo se tomará en serio la formación cuando pueda garantizarse su conversión en cualificación en la negociación colectiva. Esto es, cuando se pueda garantizar que esas nuevas competencias adquiridas tendrán un reconocimiento y un pago adecuados.

En tercer lugar, que una muestra del uso de la formación poco rentable para nuestro sistema económico (y social) lo indica el hecho de que se gaste más en los trabajadores más formados, o situados en posiciones de mando.

Una cuestión fundamental para el desarrollo de las políticas formativas, y para la seriedad con la que se lleven a cabo, es, desde luego, el lugar que ocupen dentro del conjunto de políticas económicas y laborales de un país: si a la vez que se pone a la formación como la clave para el desarrollo de nuestra economía se facilitan, amparan o promueven las políticas de fluidez organizativa empresarial, la subcontratación en cascada, la degradación de la posición que ocupan los trabajadores en el mercado de trabajo, se está fabricando la cuadratura del círculo. No se puede proponer un sistema formativo para una organización de la producción cualificante, y simultáneamente, proponer sistemas productivos que degradan y descualifican los puestos de trabajo.

O dicho de otro modo, si precarizando el trabajo, degradando las posibilidades de negociación de los trabajadores, se quiere elegir la vía de los bajos salarios, de la descualificación, de los trabajadores baratos, la formación, ya sea inicial o continua, tendrá cada vez menos arraigo en las empresas y entre los trabajadores. No podrá favorecer el desarrollo personal de los trabajadores, ni mejorar sus condiciones de trabajo, ni contribuir a una mejor seguridad en el empleo, ni favorecer la promoción interna en la empresa. Lo que son, precisamente, algunos de los objetivos que se le atribuyen a las inversiones en formación.

Las políticas de formación y cualificación profesional forman parte, o deben formar parte, de un conjunto de políticas, trabadas entre sí, y no contradictorias. Si se le devuelve a la formación el papel protagonista que se le da en los discursos oficiales, su misma importancia devolverá el rigor, la finalidad, la esperanza y el control de empresarios y trabajadores en el uso de unos recursos que debieran utilizarse, y rendir cuenta de su uso, con el cuidado de quien sabe que a través suyo no sólo se fabrican trabajadores, sino también ciudadanos. Ciudadanos justos y benéficos, como pedía una antigua Constitución española, inteligentes y honrados.

Juan José Castillo es catedrático de Sociología de la Universidad Complutense.