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Reportaje:AMÉRICA LATINA

Argentina enfrenta a EE UU y Europa

Grupos europeos supeditan un pacto con el FMI a unas mayores tarifas en los servicios públicos

Alejandro Rebossio

Si Argentina no ha alcanzado aún un acuerdo de asistencia financiera con el FMI se debe en parte a la insistencia de las empresas de servicios públicos privatizados, muchas en manos españolas, en la necesidad de que el gobierno apruebe un aumento de tarifas y a las peleas internas en el gobernante Partido Justicialista, entre el presidente Duhalde y el ex presidente Carlos Menem, que siembran dudas sobre la celebración de elecciones generales el 30 de marzo.

El FMI también critica la fuga de depósitos del corralito mediante recursos de amparo judiciales, los controles del tipo de cambio y la meta del superávit fiscal primario para 2003.

Washington propugna postergar a finales de 2003 el pago de la deuda contraida por Argentina con los organismos multilaterales

El subsecretario para Asuntos de Latinoamérica de EE UU,Otto Reich, dice que el pacto entre Argentina y el FMI está cerca, pero advierte que las desavenencias entre políticos argentinos lo dificulta. Funcionarios de EE UU han pedido a los técnicos del FMI mayor flexibilidad en sus exigencias. Washington pretende lograr un convenio que postergue a diciembre de 2003 todos los vencimientos de deuda de Argentina con el FMI, el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un total de 18.000 millones de dólares. Los países industrializados, mayores contribuyentes de estos organismos, deberían asumir un elevado coste si Argentina, en suspensión de pagos con los acreedores privados, también deja de honrar las obligaciones con ellos. La fecha clave es el sábado, día en que vence la prórroga para que Buenos Aires abone 800 millones al BM.

Los gobiernos europeos se muestran reticentes. Están presionados por sus empresas con intereses en los servicios públicos argentinos. Compañías de electricidad, gas, telefonía y agua, la mayoría en manos de capitales europeos, presionan para suban las tarifas que el Gobierno desdolarizó y congeló en enero. Entre ellas están Edesur (Endesa), Gas Natural BAN, Metrogas (participada por Repsol), Telefónica y Aguas Argentinas (participada por Aguas de Barcelona). Argumentan que precisan un aumento urgente para evitar nuevas suspensiones de pagos de deudas en dólares con acreedores del exterior, donde lograban mejor financiación que en Argentina para su inversión en infraestructura. Las eléctricas, incluso, amenazan con un apagón en 2003 si no consiguen fondos para modernizar las redes.

El FMI, en línea con las empresas, pide que las tarifas suban entre el 20% y el 30%. En Gas Natural BAN matizan que ellos no han concretado la subida que pretenden, pero demandan un ajuste inmediato, previo a la negociación de los contratos de operación, en las que se discutirán precios, inversiones, calidad del servicio y plazos de concesión. El Gobierno sólo admite una subida del 10% por ahora. Teme que un alza mayor agrave la situación social del país.

Los consumidores y la defensora del pueblo de Buenos Aires, Alicia Oliveira, lograron que un juez frenara en septiembre las audiencias públicas necesarias para aprobar la corrección de las tarifas. Alegaron que sólo podrán elevarse los precios cuando se terminen de negociar los contratos. Los entes reguladores de la electricidad y el gas, los dos sectores más urgidos, han convocado nuevas audiencias públicas para este mes. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, sabe que sólo después podrá ajustar las tarifas, por lo que se ha comprometido con el FMI a cumplir con sus exigencias a plazo.

Lavagna también debe resolver otros frentes. Tiene que frenar la salida de depósitos del corralito -el Gobierno ha presentado un nuevo recurso ante la Corte Suprema de Justicia- y elevar la meta de superávit fiscal para 2003 del 2% del PIB al 2,5%, como pretende el FMI. Pero el ministro se niega a subir los impuestos a las empresas y pretende bajar el IVA para alentar el consumo. Por último, el FMI exige que Argentina elimine cuanto antes los controles del tipo de cambio, pero el Gobierno prefiere liberarlos poco a poco para evitar nuevas depreciaciones del peso.

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