Equilibrio fiscal con demasiado maquillaje

La confusión de las cuentas públicas y la oscuridad de las partidas presupuestarias está destruyendo la credibilidad del Presupuesto para 2003 y convierte el objetivo de equilibrio presupuestario -en los últimos dos años tampoco se ha conseguido, a pesar de las liquidaciones presentadas por el Gobierno- en una mera ensoñación. Las hipótesis más plausibles para el año próximo calculan un déficit público real de entre el 2,6% y el 3,6% del PIB.

Más de 10.000 millones de euros en inversión no se contabilizan como gasto en el Presupuesto y, por tanto, se 'hurtan' al déficit

La credibilidad de los Presupuestos Generales del Estado para 2003 es dudosa. Las partidas presupuestarias son confusas, en casi todos los casos inexplicadas y en algunos inexplicables. Además, las hipótesis de crecimiento e inflación que sustentan los cálculos de ingresos y gastos públicos tienen difícil defensa. Pocos economistas o empresarios defienden hoy la posibilidad de que el PIB español crezca el 3% el año próximo. En consecuencia, la previsión de equilibrio presupuestario -el llamado déficit cero, es decir, el presupuesto sin déficit- para el año que viene sólo se sostiene en apariencia sobre proyecciones fiscales sesgadas y un espeso maquillaje contable, aplicado ya en ejercicios anteriores, pero que se va agrietando conforme pasan los años.

A pesar del camuflaje contable aplicado al Presupuesto, es factible reconstruir una hipótesis de cuentas presupuestarias más próximas a la realidad, aunque fundadas en estimaciones, que no en certezas, debido a la opacidad de las cifras públicas. Un cálculo razonable indica que el déficit real (o más real que el pintado por el Gobierno) del Presupuesto español el año que viene estará entre el 2,6% y el 3,6% del PIB; y, si se tuviera en cuenta el efecto de los fondos aportados por la Unión Europea, estaría entre el 4,4% y el 5,4% del PIB. La reconstrucción del déficit estaría fundada en los siguientes cálculos:

1. Déficit 'pagado' por la UE. Los fondos que aporta la Unión Europea a la economía española suman unos 8.000 millones de euros, aproximadamente el 1% del PIB nacional. Esta cantidad no puede ser considerada como déficit público a efectos de endeudamiento, pero sí por sus consecuencias sobre la demanda agregada de la economía. Es un gasto de inversión con efectos sobre la inflación y el empleo. Además, debe tenerse en cuenta que la UE dejará de pagar esos fondos y, por tanto, su ausencia tendrá un efecto contractivo sobre el crecimiento.

2. Déficit 'pagado' por la Seguridad Social. En el esquema presupuestario actual, la Seguridad Social presenta un superávit del 0,5% del PIB que compensa el déficit del 0,5% del PIB del Estado. El sistema de contabilidad permite integrar ambas contabilidades y reducir a cero el desequilibrio presupuestario del Estado. Ahora bien, este juego de compensaciones no tiene en cuenta que el Estado tiene que financiar, y no lo hace, aproximadamente un punto de PIB en concepto de complementos de mínimos. Así pues, el sistema de la Seguridad Social financiaría un déficit no del 0,5% del PIB, sino un punto más elevado, en torno al 1,5%. En este apartado, como en casi todos, no existe una contabilidad pública clara que especifique los flujos financieros y los orígenes de los fondos.

3. Previsiones infladas. Y gastos minusvalorados, cabría añadir. En este apartado habría que incluir una sobreestimación de los ingresos fiscales, producida por un crecimiento de partida muy por encima de lo razonable. Con crecimientos inferiores al 2% es difícil suponer que aumentarán los ingresos tributarios. Pero también se detecta una minusvaloración de los gastos públicos. Por ejemplo, en protección por desempleo. Esta desviación generará probablemente un déficit mínimo del 0,5% del PIB.

4. Déficit por ocultación de gastos. Éste es uno de los puntos más conflictivos del Presupuesto del año próximo. Resulta que, por lo que se desprende de algunas cifras facilitadas por Hacienda, las cuentas públicas no recogen en torno a 10.000 millones de euros de inversión que se aplicarían a través de sociedades públicas -como el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias GIF- fuera del circuito presupuestario. Hay que tener en cuenta que el enmascaramiento del gasto público se ha articulado a través de la creación de sociedades públicas cuyos gastos e inversiones están fuera del circuito presupuestario. A pesar de las protestas iniciales de racionalización y simplificación del entramado administrativo del Estado lanzadas por el Partido Popular, lo cierto es que su Gobierno ha creado al menos 23 sociedades públicas que manejan dinero del Estado que no cuenta como déficit. Es decir, contabilidad creativa o maquillaje contable puro y duro. A todo ello habría que sumar al menos medio punto porcentual del PIB en razón de las autorizaciones de endeudamiento concedidas a empresas con pérdidas.

En términos más estrictos, el déficit que tiene efecto sobre el endeudamiento y, por tanto genera efectos financieros, podría situarse entre el 2,6% y el 3,6%, según la hipótesis elegida. Este déficit surgiría de un déficit reconocido en el Presupuesto del 0,7% del PIB (en términos de caja), más las hipótesis ya explicadas de mayor déficit por sobreestimación de ingresos, minusvaloración de gastos y partidas ocultas. En suma, entre 2,6% y 3,6% del PIB -entre 20.000 y 28.000 millones de euros, según la estimación que se prefiera- de déficit real. Este déficit estaría lastrando el funcionamiento de la economía si nos atenemos a los propios criterios económicos expuestos por el equipo económico del PP.

Estas hipótesis podrán confirmarse o desmentirse sólo en el caso de un cambio de Gobierno y cuando se compruebe la evolución del endeudamiento público; que, conforme pase el tiempo irá aumentando como consecuencia de los vencimientos de los pagos diferidos por las prácticas de maquillaje presupuestario. Si se confirman las hipótesis de déficit real, la ortodoxia fiscal predicada por el Gobierno quedará en mera propaganda.