Reportaje:

Salamanca: almacén que no archivo

La mayoría de los documentos expoliados por los franquistas se conservan sin catalogar 60 años después

Sesenta años han resultado insuficientes para que el fondo documental que las tropas franquistas expoliaron en Cataluña y trasladaron después a Salamanca haya sido ordenado, descrito e inventariado siguiendo, al menos, la más elemental y leve exigencia de la archivística profesional. De hecho, no existen mejores instrumentos de descripción que los pergeñados a finales de la década de los cuarenta del pasado siglo por quienes en aquellos días se ocupaban del archivo: guardias civiles cuya función, más que velar por la integridad y ordenación del fondo, era suministrar datos a la voraz maquinaria de la represión.

La sustitución de los guardias civiles por archiveros profesionales, a finales de los setenta, no mejoró la situación, como revela el testimonio de Jaume Sobrequés, que a su condición de historiador añadía, entonces, la de senador. Con los datos recogidos durante una visita a Salamanca elaboró Sobrequés un informe que incluiría, meses después, en un pequeño volumen que tituló Els arxius per a la història del nacionalisme català, publicado en 1982 por el Departamento de Cultura. Depositada de 'cualquier forma' en Salamanca, la documentación expoliada en toda la España republicana -y entre ella la de Cataluña- fue clasificada de 'forma muy imperfecta' por los servicios del Estado Mayor del Ejército. Una parte, cuenta Sobrequés, fue trasladada al Archivo Histórico Militar del Estado Mayor Central, con sede en Madrid; un segundo lote pasó a formar parte de la llamada Sección Militar del archivo de Salamanca, que dispone también de una Sección Político-Social, a la que se adscribió un tercer lote. El resto fue destruido 'por considerarse inútil' para los 'objetivos que se perseguían': la represión. A la Sección Político-Social pertenece el grueso de la documentación que desde finales de los setenta se reclama sin éxito desde Cataluña. De este material existían, según comprobó Sobrequés, unos 'índices por provincias, muy someros, que no reflejan con exactitud el contenido de los legajos, siempre más ricos de lo que se desprende de estos índices'. Esta clasificación, concluye Sobrequés, fue realizada 'sin criterios archivísticos por personal no técnico que, a menudo, agrupaba los materiales en legajos sin clasificarlos previamente, tal como los encontraba amontonados'.

Parte de la documentación fue destruida porque no servía para la represión

No parece, 20 años después de la publicación del informe, que ese estado de cosas haya sufrido una variación sustancial, como ha denunciado recientemente el historiador Juan B. Culla y ha admitido esta misma semana, en declaraciones a este diario, el director del ahora llamado Archivo General de la Guerra Civil, Miguel Ángel Jaramillo. Iniciada en 1979, la descripción y el inventario de la documentación que conserva el archivo se desarrollan sin pausa y, seguramente, también sin prisas: esa labor de catalogación todavía no ha alcanzado, como admitió Jaramillo, a los miles de legajos correspondientes a Barcelona, Lleida y Madrid, precisamente los que contienen, en mayor medida, la documentación que interesa a Cataluña. En estas condiciones, no es extraño que la comisión de expertos -de la que Culla formaba parte- a la que el Ministerio de Cultura y la Generalitat pidieron un dictamen sobre la eventual devolución a Cataluña de los documentos de los que se incautaron las tropas de Franco no tuviera mejores instrumentos, para analizar el caso que el Inventario de la Sección Político-Social Barcelona y el Inventario de la Sección Político-Social Lérida, realizados en fecha tan reciente como la de 1948. Eso sí, se proveyó también a los expertos de una edición revisada en 2001, que no aporta mayores novedades que la corrección -ortográfica, tipográfica...- de las abundantísimas erratas del original e incorpora el inventario de la documentación de la Generalitat republicana; un inventario, este último, realizado en 1982 por iniciativa de la Generalitat y financiado completamente por ella.

La entera catalogación de los fondos de un archivo es exigible no sólo para facilitar su consulta y estudio por parte de los historiadores; lo es igualmente para garantizar su conservación e integridad. No debe de ser fácil, por ejemplo, no ya evitar un robo, sino recuperar después un documento de cuya existencia en el archivo no se tiene constancia cierta. Y en Salamanca, veintitantos años después de la llegada de los archiveros profesionales, los documentos pendientes de inventariar se cuentan por miles. Tan grave es la situación -e inusual en un archivo de titularidad estatal como el de Salamanca- que la 'caótica mezcla de fondos' en que se halla sumida la documentación procedente de Cataluña obedece, más que a la incapacidad o la impericia, a una 'táctica defensiva' urdida por los responsables de la institución para poner trabas al cumplimiento de un eventual acuerdo de restitución. Así lo creen, al menos, quienes defienden la devolución de los mal llamados papeles de Salamanca a sus legítimos propietarios y así lo escribió Culla hace unas semanas.

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