Un juzgado retoma una investigación del año 2000 sobre CPV que tenía archivada provisionalmente

Dos jueces se ocupan de indagar la actividad de la promotora inmobiliaria CPV. Uno, el Juzgado de Instrucción número 8, a raíz de la querella por presunta estafa interpuesta por seis afectados por la compra de casas en los nuevos barrios del norte de la capital, que ha dejado sin viviendas a 1.200 familias. El Juzgado 34, a instancias de la Audiencia Provincial, ha retomado una investigación por presunta falsedad documental interpuesta en 2000 por la Junta de Compensación de Sanchinarro en la que aparecían como perjudicadas 500 personas. Este caso estaba archivado provisionalmente.

Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), implicada en una supuesta estafa a 1.200 familias que se han quedado sin el dinero entregado por una casa inexistente, está siendo investigada por dos juzgados de instrucción de Madrid (el número 8 y el 34). En el primero, la promotora inmobiliaria aparece imputada en un presunto delito de estafa, y en el segundo está incursa en una denuncia por falsedad documental del año 2000. Ya en esta fecha, el Gobierno regional conocía las posibles infracciones contra los derechos de los consumidores cometidas por esa empresa.

En diciembre de 1999, la Dirección General de Consumo ya había sancionado a CPV a pagar 2.250.000 pesetas, ante una reclamación presentada "por práctica nociva", según Luis Blázquez, consejero de Economía. Pero la promotora no pagó esa cantidad hasta 2002, y lo hizo por vía de apremio (antes de embargo de bienes).

Consumo acumuló entre diciembre de 1999 y septiembre de 2002 un total de ocho reclamaciones de afectados por CPV por supuestas infracciones contra los consumidores. En tres de los casos, las quejas eran por suministro de información incompleta o no veraz, por irregularidades evidentes en los contratos de compraventa, por ausencia de "avalamiento en las cantidades entregadas a cuenta" y por realizar publicidad y venta lesiva para los consumidores.

Consumo informó de las primeras supuestas irregularidades al Juzgado 34 en octubre de 2000, y le indicó que CPV penalizaba "a algunos de los perjudicados en el momento de recibir el contrato de compraventa con una retención de la cantidad entregada a cuenta". Ignoraba, según consta en el documento que remitió entonces al juzgado, el número de personas al que "afecta semejante actitud". El mismo informe resaltaba que CPV "carece de autorización para la construcción de las viviendas promocionadas". La Administración, sin embargo, no pudo sancionar a la promotora por esas reclamaciones porque el Juzgado número 34 le ordenó en el mismo octubre de 2000 que suspendiera el procedimiento administrativo (al estar abierta la vía judicial).

Mas reclamaciones

El consejero Blázquez no descarta que se hayan registrado más reclamaciones en ayuntamientos, ya que la defensa del consumidor no es sólo competencia de la Comunidad, y señala que la semana pasada remitió toda la información de que dispone sobre CPV al Juzgado de Instrucción 34. Hace tres días, Ruiz-Gallardón ordenó remitir todo lo actuado a la Fiscalía del Tribunal Superior, "dada la relevancia de los indicios de ilícito penal que presentan estas actuaciones".

Lo sucedido con CPV es, según Blázquez, "un tema de la justicia; la protección al consumidor no es suficiente". Cuando la justicia resuelva, será cuando Consumo pueda actúar. "La sanción será muy elevada", vaticina el consejero, sobre todo si se siguen acumulando reclamaciones. Para el responsable de Economía, en el caso CPV, en el que los damnificados compraron casas fantasma en los PAU de Sanchinarro, Montecarmelo y Las Tablas, "hay unas prácticas de mercado que son perversas". ¿Quién tiene facultades para actuar ahí? "Sólo la ley", señala. "Habrá que endurecer la ley", agrega.

Según Blázquez, esto se concreta en sanciones disuasorias elevadas, en la obligatoriedad de disponer de avales de bancos, compañías aseguradoras a la hora de comprar una vivienda y en la existencia de un fondo de garantía de compras inmobiliarias similar al que existe para depósitos bancarios o seguros. Ante la dificultad de los consumidores para moverse en el complicado terreno de las compraventas, la ley "debe proteger no al experto, sino al consumidor", señala.

El abogado Pedro López Arias, que interpuso una querella en nombre de seis de los afectados por el caso CPV y prepara otras para los próximos días, indicó ayer que ha pedido al Juzgado de Instrucción 8 que tome diversas medidas cautelares, entre ellas el embargo de bienes de los administradores de esa empresa. "He solicitado a la juez que dicte un auto que deje sin efecto la obligación de que los perjudicados tengan que seguir pagando las letras a CPV", explicó.

Según López Arias, ninguno de los directivos de la promotora ha respondido a las citaciones judiciale. Por eso, Francisco Javier y Miguel Ángel García Sánchez y Miguel Ángel Morillo están en busca y captura desde hace dos días.