El PSOE cree que la gestión de los nuevos barrios vulneró la ley

El PSOE va a denunciar ante la fiscalía todo el desarrollo de los nuevos barrios (Sanchinarro, Montecarmelo, Las Tablas, ensanche de Vallecas y nuevo Carabanchel), desde su creación, porque considera que el modelo de gestión que Comunidad y Ayuntamiento aprobaron para ellos en 1995 vulneró la ley. Rafael Simancas, secretario general de la Federación Socialista Madrileña (FSM), explicó ayer que la Ley del Suelo que regía en 1995 tiene un artículo, el 73, que obligaba a la Administración a gestionar directamente los nuevos barrios (por la vía de los consorcios) o a sacar a concurso la gestión, lo que hubiera garantizado un control público mayor.

Ese concurso jamás se produjo, y la fórmula de gestión que se adoptó para los nuevos barrios, la de las juntas de compensación sin previo concurso, deja en manos privadas prácticamente todo el proceso, según Simancas. Los propietarios de suelo se reparten las parcelas y muchos de ellos especulan con el terreno, encareciéndolo. El Ayuntamiento se limita a reservarse un 10% y a exigr que, de los pisos que se construyan, el 55% tenga precio protegido (más bajo). Esta fórmula de gestión se caracteriza por la falta de control público y el aumento del beneficio privado, según el PSOE. Simancas sostiene que estafas como la cometida presuntamente por la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) son producto de este modelo.

"Mala interpretación"

Ignacio del Río, concejal de Urbanismo de Madrid y ponente de la Ley del Suelo de 1995, aseguró ayer que el líder socialista "interpreta mal la normativa" y que la convocatoria de un concurso "no era en absoluto necesaria" a la hora de aprobar los nuevos barrios.

En cualquier caso, la FSM se personará como acusación popular en la causa abierta contra CPV, tres de cuyos directivos están en busca y captura e imputados en un presunto delito de estafa por prometer pisos en los nuevos barrios a 1.200 familias sin tener suelo para construirlos. Simancas hizo este anuncio tras la reunión que mantuvieron él y la candidata socialista a la alcaldía, Trinidad Jiménez, con varios representantes de los 1.200 afectados por el caso CPV.

El PSOE calcula que en idéntica situación podrían estar "otras 10.000 personas que han adelantado dinero a promotoras que carecen de terrenos porque los han vendido", y reclama una solución política al drama de estas familias. Simancas y Jiménez llegaron incluso a afirmar que, si ellos llegan a presidir los gobiernos local y regional, estudiarían la posibilidad de crear un convenio específico para los afectados que quisieran constituirse en cooperativa y construir sus propios pisos. Eso, sin embargo, iría en contra del modelo de concurso que propugnan los socialistas.