Una empresa acusada hace dos años de timar a 500 familias

El historial judicial de la empresa Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) comienza en febrero de 2000, cuando el Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid conoció una supuesta estafa en la que estaban implicados los tres administradores mancomunados de CPV: los hermanos Francisco y Miguel Ángel García Sánchez y Miguel Ángel Morillo Pozo. Ya entonces, más de 500 personas habían formalizado contratos de compra de pisos y habían dado dinero a cuenta, pese a que esta promotora sólo disponía de terreno para 20 viviendas.

El complejo entramado desenmarañado entonces por el grupo IX de la Brigada de Policía Judicial de Madrid rondaba los 3.050 millones de pesetas. Los dos principales implicados en esta supuesta estafa eran Alfredo V. G., de 61 años, apoderado de la empresa Flocomvaz, y Adelina E. A., de 51, responsable de la firma Spey-Green. Ambos se habían hecho pasar por los propietarios de 25 parcelas en el nuevo barrio de Sanchinarro, con una superficie total de 351.241,6 metros cuadrados, con intención de vender estos terrenos a los administradores de CPV.

Fue el secretario del consejo rector de la junta de compensación del nuevo barrio el que denunció a la policía que la empresa Spey-Green, SL, había vendido a CPV las parcelas citadas. La parte vendedora (Spey-Green) fundamentaba su título de propiedad en una escritura de permuta con la sociedad Flocomvaz, SL.

La compradora de las parcelas, CPV, ya había abonado a Spey-Green un primer pago de 164 millones de pesetas y había entregado dos cheques por importe de 660 millones de pesetas, que la vendedora no llegó a cobrar.

El denunciante declaró ante la policía que las parcelas vendidas pertenecían en realidad a otras empresas inmobiliarias y otras personas distintas, como quedó constatado al consultar el Registro de la Propiedad. Spey-Green fundamentaba, falsamente, su propiedad en la firma de las escrituras de compraventa con diversos documentos, como un plano, la tasa de acreditación catastral y una declaración simplificada de un cambio de uso del terreno. En ningún caso, estos documentos acreditaban que Spey-Green fuera dueña de las parcelas.

Tras la denuncia, la policía detuvo a Adelina E. A. y Alfredo V. G. En la misma operación fueron arrestados los tres administradores mancomunados de CPV. El motivo fue el mismo que el escándalo desatado en las últimas semanas: la formalización de contratos de adquisición de viviendas con unas 500 personas sin tener los terrenos para edificar las viviendas pertinentes.

Los hermanos García y Morillo declararon en febrero de 2000 que no vendían viviendas, sino que ofertaban la posibilidad de adquirirlas, condicionada a la posterior compra de terreno y con el compromiso de construir en el plazo establecido (uno o dos años) o, en su defecto, devolver las cantidades entregadas junto con el interés legal. A los tres administradores se le imputaron los delitos de falsedad en documento público y estafa.