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El Gobierno no considera necesario reformar la ley

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de la Presidencia, Mariano Rajoy, calificó ayer de 'suficientes' las normas que regulan las incompatibilidades de altos cargos del Gobierno y parlamentarios, y por tanto no considera necesaria una reforma para endurecer la ley. No obstante, el ministro advirtió a los diputados de que 'no deben participar en la Cámara en la toma de decisiones que puedan afectar a sus intereses profesionales'.

En opinión de Rajoy, la ley que regula las incompatibilidades de altos cargos (que afecta a los miembros del Gobierno) es 'probablemente' la 'más dura' de Europa, y la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (que afecta a los diputados) 'tiene un nivel de rigidez y dureza muy importante (...) y superior' a las de los países del entorno, al haber surgido en una etapa 'muy peculiar', la de los escándalos de mediados de los noventa.

Aun así, admitió que 'hay algunas cosas que pueden no sonar bien de cara a la opinión pública'. Fue ahí cuando, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros -que ayer se reunió excepcionalmente en el Congreso-, subrayó: 'Parece razonable que nadie intervenga ni como miembro del Gobierno ni como diputado en un tema que le pueda afectar o que pueda estar relacionado con un interés puramente profesional'

López-Amor y González

El ministro aludía así al caso de los diputados del PP Fernando López-Amor y Francisco González, que han renunciado a sus puestos en una inmobiliaria y en una empresa de seguridad al trascender que les había sido concedida por el Congreso la compatibilidad. A Rajoy le parece 'razonable' que hayan renunciado.

López-Amor iba a ser miembro del consejo de administración de Inmobiliaria Chamartín y a la vez ponente de la Ley del Suelo, mientras que González, miembro de la comisiones de Interior y Defensa, iba a asesorar a una empresa de seguridad privada.

'La actual legislación creo que es suficiente', agregó Rajoy. 'Los miembros de la comisión del Estatuto de los Diputados deberán interpretar cada caso y los diputados decidir libremente si, aun cumpliendo la ley, toman o no una decisión' como la de renunciar a ocupaciones privadas.

En esta misma línea comentó el caso de los 40 diputados del PP, seis del PSOE, cuatro de CiU, dos de IU y uno de Coalición Canaria a los que, en los dos años transcurridos de la presente legislatura, se les ha autorizado a compatibilizar el cargo público con la actividad privada. 'Si el Congreso ha aprobado la compatibilidad de sus actividades privadas', señaló, 'ellos son los que tienen que tomar una decisión respecto a su actividad'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 1 de noviembre de 2002