Un juzgado precinta las oficinas de la promotora

El Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid, que se hizo cargo del caso CPV la semana pasada, ha precintado la sede central de la promotora, situada en el número 36 de la calle de Orense. Este tribunal ha citado como imputados a tres directivos de Comercializadora Peninsular de Vivienda (CPV) por una supuesta estafa, tras recibir la querella de seis de las familias afectadas.

Las tres puertas de las oficinas de la inmobiliaria en la calle de Orense estaban ayer precintadas tras la orden del juez que instruye el caso. En cada una de las puertas, una cuartilla, sellada por la secretaría del juzgado y rodeada por un precinto de la Dirección General de la Policía, advierte: 'Precintado por orden judicial del Juzgado de Instrucción número 8'.

Según un vecino del inmueble, dos policías nacionales acudieron el pasado lunes junto a la secretaria del juzgado hasta la sede, situada en el primer piso, y precintaron el local. No hizo falta llamar a un cerrajero, ya que varios trabajadores de CPV se encontraban en el interior, según este mismo vecino.

Unos siete miembros del juzgado registraron ayer y durante todo el pasado martes las oficinas, acompañados por una trabajadora de la empresa, según el vecindario. La sede de la inmobiliaria de la calle de Capitán Haya, 35, también está precintada, según explica el abogado Pedro López Arias, que representa a seis de los afectados.

Sin respuesta

Decenas de damnificados fueron desalojados el pasado jueves por agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la sede de la calle de Orense, en cuyo interior estuvieron unas diez horas para pedir explicaciones a los responsables de la promotora, mientras los empleados permanecían encerrados en una habitación. Desde entonces, las oficinas han estado cerradas y nadie ha ido a trabajar.

Los perjudicados por el caso han intentado ponerse en contacto con los trabajadores de la inmobiliaria en varias ocasiones, e incluso con el director de CPV -y uno de los tres imputados-, Francisco Javier García, a través de su teléfono móvil personal. Ninguno de ellos ha logrado hablar con él en los últimos días. Y hace casi una semana que los empleados no responden a las llamadas de teléfono ni abren la puerta a los numerosos afectados que se han acercado hasta la sede, según denunciaron.

En una de las puertas de la oficina, ya precintada, un cartel firmado por la dirección de la promotora recuerda: 'Debido a los incidentes acaecidos el jueves 24 de octubre [cuando los afectados fueron desaloja-dos por la policía], las oficinas de CPV permanecerán cerradas al público hasta nuevo aviso'.