El recaudador de Sant Vicent irá a prisión por coger dinero público

El Tribunal Supremo ha condenado a Enrique Pérez García a la pena de cuatro años de prisión como responsable de un delito de malversación de caudales públicos. Pérez García ejercía las funciones de recaudador municipal del Ayuntamiento de San Vicent del Raspeig y fue denunciado por sustraer fondos públicos. La resolución del Alto Tribunal, notificada el pasado día 21, impone al encausado que indemnice al Ayuntamiento en 263.173 euros (43,6 millones de pesetas), la cantidad que se estima que el recaudador se apropió de los impuestos municipales. Para el Ayuntamiento, 'la cantidad no ingresada en las arcas municipales causó grave daño a los intereses generales de la población'.

El recaudador de San Vicent deberá ingresar en prisión en los próximos días para empezar a cumplir esta condena, según fuentes judiciales. La resolución del Supremo ha desestimado el recurso del Consistorio de San Vicent, que solicitó que la pena fuera agravada. El tribunal también ha dejado sin efecto el recurso interpuesto por la defensa del recaudador, quien pidió su libre absolución. El abogado defensor mantuvo sus tesis respecto a que el montante económico echado en falta había sido invertido por el citado profesional en gastos de oficina y personal para las tareas de recaudación 'con el consentimiento del Ayuntamiento', según recoge la sentencia. La defensa también alegó un posible error en la apreciación de las pruebas. Para este abogado, el acusado fue condenado al apoyarse la justicia en documentos 'carentes de todo valor probatorio, como son las incompletas fotocopias aportadas' por el Ayuntamiento. La Fiscalía se pronunció a favor de que los recursos de ambas partes fueran dejados sin efecto, lo que así ha hecho el Tribunal.

Descubierto

El Supremo ha tenido presente los pronunciamientos sobre este asunto emanados del Tribunal de Cuentas y de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat, que coincidieron en la misma cantidad de descubierto achacada al recaudador.

La sentencia apunta a que el Ayuntamiento había decidido adjudicar las funciones de recaudación ejecutiva de los impuestos municipales a un organismo de nueva creación en Alicante, denominado Suma, dependiente de la Diputación. Para tal fin se le advirtió al recaudador que el último año que iba a cumplir su cometido iba a ser 1993. Pero el recaudador no se presentó en el Ayuntamiento para rendir la cuenta final del mencionado ejercicio y envió a una empleada.

El departamento municipal de Intervención advirtió a esta auxiliar de que había un descubierto en los balances que presentaba. El Ayuntamiento creó una comisión liquidadora para esclarecer el desfase económico, que precisó que el recaudador tenía una deuda frente al Consistorio de 263.163 euros, arrastrada, principalmente, de los ejercicios 1991, 1992 y 1993.