El cardenal Rouco alaba la Ley de Calidad un día antes de la huelga

El Gobierno del PP encontró ayer un aliado extraparlamentario de categoría en defensa de la Ley de Calidad de la Educación, que se aprobará, previsiblemente, esta semana en el Congreso. Se trata del cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco, y de su consejo de pastoral, que dieron a conocer sus optimistas 'reflexiones' sobre el polémico proyecto, con elogios al 'tratamiento que se da a la clase de religión y a la escuela católica', informó ayer el Arzobispado de Madrid. Además de prelado de la mayor archidiócesis española, Rouco es presidente de la Conferencia Episcopal Española.

Estas alabanzas del líder de los obispos se producen la víspera de la huelga y de una serie de manifestaciones contra la Ley de Calidad, convocadas para hoy en toda España por los sindicatos de clase y numerosas organizaciones de alumnos y profesores. La convocatoria de movilizaciones va dirigida a cuatro millones y medio de estudiantes y a casi 400.000 profesores que trabajan en la enseñanza pública no universitaria española, a los que se pide que alcen su voz contra el Gobierno y pidan que éste 'paralice' el proyecto de ley e inicie un 'verdadero debate' con el fin de elaborar una reforma del sistema educativo distinta a la planteada por Educación. Los sindicatos critican también de la ley su carácter 'privatizador, elitista, segregador, retrógrado y antisocial', informa Marta Aguirregomezcorta.

'Optimismo' episcopal

Contra esos criterios se alzó ayer la voz del Consejo de Pastoral de la Diócesis de Madrid, presidido por el cardenal Rouco, que expresó su 'optimismo' por los contenidos de la Ley de Calidad. 'Aunque el anteproyecto es mejorable, satisface en su contenido de fondo', dice el arzobispado. El consejo diocesano se celebró el pasado día 19 con el objetivo de juzgar cómo trataba la clase de religión y la escuela católica el proyecto legislativo, dos asuntos sobre los que ya se conocía el grado de satisfacción de los prelados, pues la Iglesia católica ha logrado lo que venía reclamando del Estado desde 1979: que la religión sea una asignatura evaluable, que su clase alternativa, dentro de un área de 'sociedad, cultura y religión', sea también evaluable, y que la escuela católica tenga un tratamiento económico más generoso.

El proyecto del Gobierno recogió las peticiones que los prelados 'hicieron a las autoridades ministeriales', afirma el comunicado del arzobispado, que acusa de 'manipulación ideológica' a los 'distintos sectores contrarios a esta ley' por decir que es 'favorecedora de la escuela concertada en detrimento de la estatal'.

El 90% de los colegios católicos españoles están financiados por el Estado (que dedica a ese fin casi 2.400 millones de euros anuales). El Estado también paga a los profesores de catolicismo elegidos por los obispos tanto para la escuela pública como en la concertada (600 millones de euros). La 'nota de prensa' arzobispal defiende la legitimidad de esa financiación 'vía Presupuestos del Estado' y subraya el papel 'evangelizador' de sus centros. 'Si la escuela católica quiere ser significativa, no debe olvidar el carácter evangélico que debe presidir toda su tarea', dice.