El engaño de la reforma del IAE

Desde hace algún tiempo se ha extendido la creencia de que las promesas electorales se hacen para no ser cumplidas. El PP no se ha esforzado, al menos hasta la fecha, en desmentir esta opinión. A tenor de lo que dijo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa del final del Consejo de Ministros del pasado 11 de octubre, parecería que el Gobierno hacía acto de enmienda y cumplía una de las promesas electorales más rimbombantes que el presidente Aznar hizo en las pasadas elecciones generales: suprimir el IAE. Pero esto no es en absoluto así. De nuevo nos engañan. Lo que quieren hacer es reformar de manera chapucera este impuesto para que al final, como siempre, quienes tengan que pagar el desaguisado sean todos los ciudadanos, los que realicen actividades económicas y los que no.

El Partido Popular quiere reformar de manera chapucera este impuesto para que al final quienes paguen el desaguisado sean todos los ciudadanos, incluso los que no realizan actividades económicas

Pongamos como ejemplo los municipios de la provincia de Barcelona. El año pasado recaudaron a través de este impuesto unos 360 millones de euros, cerca de 60.000 millones de pesetas, lo que supone el 21% del total de sus ingresos a través de los impuestos directos. Este dinero sirvió para crear y mantener los servicios que ofrecen a sus ciudadanos, servicios que no dan las otras administraciones, y a veces, incluso, servicios que son competencia de otras administraciones pero que no los realizan, por lo que obligan a los ayuntamientos a desarrollar una tarea supletoria nada despreciable, tal como ya se vio en un estudio hecho público el año pasado por la Diputación de Barcelona.

¿Qué va a pasar si al final se reforma, de la manera en que lo ha presentado el Gobierno, el IAE? Pues que los ayuntamientos tendrán básicamente dos opciones. La primera será la de suprimir o cerrar servicios al no poder asumir su coste, con la consiguiente merma en la calidad de vida de los ciudadanos. Una segunda opción será la de aumentar la cuota de los otros impuestos directos que poseen, sobre todo el impuesto de bienes inmuebles, que pagamos todos los residentes en el municipio, seamos propietarios o vivamos en una vivienda alquilada.

Otra opción, por ahora no muy clara, es la de que el Ejecutivo proponga una compensación económica permanente a los ayuntamientos de la misma cuantía que la de los ingresos por el IAE que van a dejar de percibir. Veremos si esta vía se concreta ya que, por lo que sabemos hasta el momento, las contrapartidas que ofrece el Gobierno son confusas y arbitrarias.

Pero es que, además de ser discriminatoria y desigual, la reforma de la Ley de Haciendas Locales planteada podría vulnerar, a mi entender, diversos principios constitucionales, entre otros los de igualdad ante la ley, del artículo 14, y de generalidad e igualdad tributaria, del artículo 31, ya que los contribuyentes serán tratados de forma diferente y se dará el caso de empresas con ganancias que no pagarán IAE porque facturan menos de un millón de euros, y de otras con pérdidas, pero que facturan más de esta cantidad, que sí tendrán que abonarlo. También dejarán de tributar todos los negocios y las empresas de personas físicas, aunque tengan ganancias y facturen más de un millón de euros como pasa en muchas ocasiones.

Por todo ello, si en la fase de discusión en el Parlamento no se corrige a fondo el proyecto de ley, quienes puedan hacerlo tendrán que plantearse la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional para salvaguardar no solamente el futuro financiero de las administraciones locales, cada vez más precario, sino también los derechos que la Constitución nos garantiza a todos los ciudadanos y ciudadanas. La misma Constitución, hay que recordarlo, que últimamente se encuentra tan en boca del Gobierno popular.

pero que facturan más de esta cantidad, que sí tendrán que abonarlo. También dejarán de tributar todos los negocios y las empresas de personas físicas, aunque tengan ganancias y facturen más de un millón de euros como pasa en muchas ocasiones.

Por todo ello, si en la fase de discusión en el Parlamento no se corrige a fondo el proyecto de ley, quienes puedan hacerlo tendrán que plantearse la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional para salvaguardar no solamente el futuro financiero de las administraciones locales, cada vez más precario, sino también los derechos que la Constitución nos garantiza a todos los ciudadanos y ciudadanas. La misma Constitución, hay que recordarlo, que últimamente se encuentra tan en boca del Gobierno popular.

Joan Rangel es diputado de Hacienda de la Diputación de Barcelona.