El PP pedirá a Justicia que impida la segregación de la causa del 'caso Manzanilla'
El diputado del PP por Cádiz, Aurelio Sánchez, anunció ayer que llevará ante el ministro de Justicia, José María Michavila, la documentación referida a la instrucción del caso Manzanilla contra el narcotráfico con la esperanza de que el Gobierno actúe contra la segregación de la causa dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz por petición del fiscal provincial, Isidoro Hidalgo.
Sánchez explicó que pretende 'informar al ministro' para que 'pueda recurrir la decisión ante el Consejo General del Poder Judicial o ante el fiscal general del Estado'. La ruptura de la instrucción del caso Manzanilla en 15 juzgados, como ha dictado la Audiencia puede, según Sánchez, 'diluir como un azucarillo la investigación previa y poner en riesgo la vida de los narcos arrepentidos', cuyo testimonio ha sido fundamental en la desarticulación de las tramas.
La Operación Manzanilla ha permitido la imputación de hasta 140 personas presuntamente relacionadas con actividades de introducción y venta de droga en Andalucía occidental y el blanqueo de dinero obtenido del comercio ilícito de sustancias estupefacientes.
Después de tres años de investigaciones, en las que han intervenido la Policía Científica, el Servicio de Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil, dirigidos por el juez del número 3 de El Puerto, Miguel Ángel Marchena, el fiscal pidió el pasado verano la desmembración de la causa en 15 juzgados diferentes por entender que lo que está siendo sometido a investigación no es una sola red de narcotraficantes, sino varias, sobre las que, por tanto, existen competencias de diferentes jueces en función de las áreas de actuación de cada uno de los miembros de la trama. De esta forma, la instrucción ha sido dividida en las piezas de Sanlúcar, San Fernando, Jerez, El Puerto, Cádiz y varias en Sevilla y la Audiencia Nacional.
Esta interpretación del fiscal fue asumida por la Audiencia Provincial que, en un auto del pasado día 3, reconocía el razonamiento y ordenaba la disgregación de la instrucción, retirando las competencias exclusivas al juzgado portuense. De esta forma, la Audiencia sentaba un laudo ante la manifiesta diferencia de criterio sobre las competencias del caso que mantuvieron, incluso en los medios informativos, el fiscal y el juez.
La decisión de la Audiencia ha sido muy duramente criticada por agentes sociales y políticos de Cádiz, por entender que de esta manera se pierde la figura de asociación de malhechores, que podría haber supuesto la determinación de penas 'ejemplares' para los narcotraficantes investigados.
