El PSOE denuncia más contrataciones de personas próximas al PP en Málaga

El PSOE elevó ayer a cinco la relación de familiares o personas próximas al Partido Popular (PP) que han sido contratadas como agentes de desarrollo local en el Instituto Municipal de Empleo de Málaga (IME). La portavoz socialista, Marisa Bustinduy, exigió el cese del concejal responsable del departamento, José Luis Ramos, y solicitó la creación de una comisión de investigación, propuestas que fueron rechazadas en el pleno por la mayoría del PP.

El PSOE llevó ayer el asunto de los supuestos casos de enchufismo en el Ayuntamiento de Málaga a debate en el pleno a través de una moción urgente, una vez que el propio concejal responsable del Instituto Municipal de Empleo (IME), José Luis Ramos, admitiera hace 15 días que tres de los adjudicatarios de las siete plazas convocadas por este organismo eran familiares o tenían relación directa con dirigentes del PP.

Entre ellos, su propia cuñada, además de la novia del diputado y ex presidente de Nuevas Generaciones, Juan Manuel Moreno Bonilla, y la hija de Concepción Vera, miembro de la dirección provincial del PP. El equipo de gobierno insiste en cambio en que no se ha incurrido en ninguna ilegalidad, y únicamente el alcalde admitió que el asunto no es estético y que será conveniente modificar los procedimientos de selección de personal.

Bustinduy relacionó a otras dos personas más de la lista de los beneficiados por el PP, y vinculó a una de ellas directamente con el presidente provincial del partido, Joaquín Ramirez. 'Hay otra persona que trabajó en el despacho profesional de José Carlos Fajardo -concejal del PP que falleció al inicio de la legislatura- y que curiosamente fue secretaria general de la Federación de Transportes de Málaga (Fetrama), en la etapa en la que Ramírez fue presidente', denunció la portavoz socialista.

El quinto caso, según el PSOE, es la esposa de un jefe de departamento de la empresa municipal de recaudación, Gestrisam, afiliado al PP.

Ramírez consideró ayer una 'vergüenza y una falsedad' las imputaciones de Bustinduy y le recriminó que tan siquiera supiese que Fetrama no tenía presidente. El dirigente del PP afirmó que abandonó esta organización empresarial en 1994, tras ser elegido diputado, y que la abogada con quién se le vincula le sucedió en el cargo. 'No se puede ensuciar con toda impunidad al adversario, desde la injuria', espetó.

El PSOE, apoyado por Izquierda Unida (IU), cuestionó todo el proceso de selección del personal e incluso esgrimió un informe del jefe del gabinete de la Alcaldía, Javier Ferrer, en el que éste advertía de 'contradicciones entre el texto normativo por el que regía esta oferta de plazas y el perfil profesional de los mismos reclamado por el Instituto Municipal de Empleo'.

En este mismo informe, Ferrer alertaba también sobre el hecho de que no se hiciera mención alguna a la publicidad de la oferta. Pero el PP entiende que este informe se realizó al inicio del proceso y que fue aclarado por el propio gerente del Instituto Municipal de Empleo, José Luis León, aduciendo que la oferta se ajustaba a la legalidad y que al hacerse la selección a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM), estaba garantizada la publicidad de la convocatoria.

Bustinduy denunció que la oferta había sido 'un traje hecho a medida' de los beneficiados y consideró una 'vergüenza' el proceso, ya que algunos de los seleccionados tan siquiera tenían el curso de Agente de Desarrollo Local.

Según la denuncia socialista, no se realizó una oferta genérica, sino hasta cuatro distintas para un mismo puesto de trabajo, y sostiene que en el momento en que se hizo las listas del Instituto Nacional de Empleo tenían registrados en torno a un centenar de parados con el título de Agente de Desarrollo Local, pero a pesar de ello, el Inem sólo remitió al Ayuntamiento de Málaga 29 preseleccionados, muchos de los cuales sin esta titulación. De hecho, varios de los seleccionados no tienen realizado los cursos preceptivos. También cuestionó Bustintuy la composición del tribunal, del que no formaron parte los sindicatos.

Tanto el portavoz del PP, Javier Berlanga, como incluso el propio alcalde, Francisco de la Torre, salieron en defensa de la legalidad del procedimiento e insistieron en realizar continuas insinuaciones sobre contrataciones irregulares en la Diputación provincial de Málaga, donde PSOE e Izquierda Unida gobiernan en un pacto tripartido junto al Partido Andalucista (PA).

De la Torre reiteró la legalidad y sólo reconoció un problema de 'estética'', por lo que anunció que a partir de ahora 'mejoraremos' los procesos y en las próximas selecciones con el INEM 'pediremos que sea un concurso abierto donde todo el mundo se pueda presentar'. El alcalde aseguró que tenía 'la conciencia tranquila' y animó a la oposición a comparar la actual política municipal en materia de contratos 'con etapas anteriores'.

El portavoz adjunto de IU, José Luis Portillo, advirtió al alcalde: 'Quiero creerlo, pero no puedo, porque es muy fácil decir que se ha respetado la capacidad, el mérito y la públicidad, pero la realidad es que de siete contratados, cinco tienen relación con el PP'.

Bustinduy llegó a afirmar en el pleno su 'convencimiento personal' de que los siete beneficiados eran personas próximas al partido que gobierna en Málaga. Y en cualquier caso aseveró: 'Ustedes no querrán reconocerlo, pero cinco de siete con nombres y apellidos es un porcentaje muy elevado'.