El Poder Judicial investiga la excarcelación de un etarra condenado por seis asesinatos

La excarcelación del etarra Félix Ramón Gil Ostoaga, condenado a 298 años de cárcel por seis asesinatos y puesto en libertad condicional por la juez de vigilancia de Bilbao, Ruth Alonso, desencadenó ayer una nueva tormenta político-judicial en torno al cumplimiento de las penas por delitos de terrorismo. El ministro de Justicia, José María Michavila, anunció la inmediata puesta en funcionamiento de un juzgado de vigilancia para delincuentes y terroristas condenados por la Audiencia Nacional, y el presidente del Consejo del Poder Judicial, Francisco Hernando, encargó a la Inspección que investigue lo sucedido.

Félix Ramón Gil Ostoaga, de 45 años, había estado cuatro años encarcelado en Francia. El 20 de enero de 1994 fue extraditado a España, donde fue condenado a 298 años por seis asesinatos consumados y dos frustrados. Tras pasar por varias prisiones, llegó el 26 de febrero de 1999 a Nanclares procedente del penal de Córdoba, dentro del grupo de presos que fue acercado a Euskadi durante la tregua como gesto de buena voluntad hacia ETA ante el inicio de las conversaciones.

El pasado abril, Ostoaga pidió a la Junta de Tratamiento de Nanclares su paso al tercer grado (semilibertad), que fue rechazado por unanimidad. El preso recurrió a la juez de Vigilancia, quien pidió informes a la cárcel. Fuentes del Ministerio del Interior indicaron que todos los informes fueron negativos, ya que, se decía, Ostoaga 'no se desmarca de su grupo de referencia' [ETA], participó en dos huelgas de hambre este año y en sus peticiones se autocalificaba como 'preso político vasco'.

La juez, según fuentes de la Audiencia Nacional, consideró acumulable el tiempo pasado en prisión en Francia y en España, por lo que estimó que Ostoaga había cumplido 13 años de condena efectiva. Al haber sido sentenciado por el antiguo Código Penal, Ostoaga podía beneficiarse de la redención de penas por trabajo, lo que añadía a los 13 años de cumplimiento 9 de redención: 22 años en total. Con ese tiempo podía acceder a la libertad condicional, al tener cumplidas las dos terceras partes de la pena máxima de 30 años, a los que quedan reducidos los 298 de condena. Si no se hubiera incluido el encarcelamiento en Francia, habría salido de prisión en 2007.

Recursos del fiscal

La aplicación matemática de las penas permitió a la juez llegar a la excarcelación, pero esa regla choca con el criterio de Instituciones Penitenciarias. El fiscal de vigilancia recurrió de inmediato, argumentando que el preso se había negado a disfrutar de los permisos penitenciarios a que tenía derecho, 'siguiendo las pautas de los presos de ETA'. La juez rechazó el recurso, y el día 9 Ostoaga salió de prisión. El fiscal ha vuelto a recurrir.

Ostoaga fue condenado por una cadena de atentados cometidos en 1978 y 1979 con el comando Urola. En esos años participó en los asesinatos de cinco guardias civiles en varias localidades de Guipúzcoa y en el de Juan Vivot Undabarrena, alcalde de Olaberría, asesinado a tiros en el portal de su casa (de donde había sido sacado por los terroristas tras amenazar a su familia), el 6 de febrero de 1979.

Tras conocerse ayer la excarcelación de Ostoaga, el ministro de Justicia, José María Michavila, anunció la inmediata puesta en marcha del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional para los delitos que son competencia de ese órgano judicial (narcotráfico a gran escala y terrorismo). La propuesta, que figuraba entre los primeros documentos para la reforma de la justicia, suscitó de inmediato la adhesión de jueces y fiscales antiterroristas. El presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Siro García, y el fiscal jefe, Eduardo Fungairiño, consideraron 'indispensable' crear dicho juzgado.

Las asociaciones de jueces y fiscales también consideran 'razonable' y 'positiva' la creación de ese juzgado, salvo Jueces para la Democracia, cuyo portavoz, Miguel Carmona, opinó: 'No es muy razonable que cada vez que se discrepe de una resolución judicial concreta se piense en crear un órgano distinto'. El presidente del Consejo General Poder Judicial (CGPJ), Francisco Hernando, encomendó al Servicio de Inspección la apertura de una 'información previa' sobre los hechos. Sin embargo, el vocal delegado para las relaciones con los jueces de Vigilancia, Félix Pantoja, criticó esta decisión por 'absolutamente precipitada' y 'coactiva con la libertad de decisión jurisdiccional'.

La juez Ruth Alonso indicó a este periódico: 'Nunca en mi vida he tomado una decisión de este tipo sin contar con los preceptivos informes técnicos favorables. Desde 1992 hemos dado luz verde a numerosas libertades condicionales y terceros grados de presos con delitos de sangre o sin ellos, pero nunca de manera arbitraria', informa Aitor Guenaga. Según Alonso, existen informes de técnicos del centro que aprecian que 'el pronóstico de reinserción social del preso era favorable' y la posibilidad de reincidencia 'era nula o baja'. La juez no ocultó su sorpresa por la decisión del CGPJ de abrirle una información previa. 'No me lo puede creer. ¿Alguien se piensa que hacemos las cosas a la ligera?', se preguntó. Alonso reveló que este verano concedió el tercer grado a otros presos: dos en julio y otros dos en agosto.

La juez ha otorgado otros beneficios penitenciarios similares a miembros de ETA, algunos de ellos críticos con las tesis de la banda, como el expulsado José Miguel Latasa, a quien se lo dio en 1996. En septiembre de 1994 la jueza se lo concedió al ex ertzaina condenado por colaborar con ETA (luego expulsado de la banda) José Miguel Sueskun, y en julio de ese mismo año al etarra José Ramón Bidaburu, condenado a más de 172 años y también expulsado.